La Cámara de Diputados celebró ayer una sesión ordinaria en la que logró reunir el quórum necesario para sesionar y aprobar por unanimidad un conjunto de iniciativas de relevancia institucional y social. La jornada marcó un hecho significativo luego de numerosas oportunidades registradas durante los últimos meses en las que no había sido posible avanzar con el tratamiento de proyectos debido a la extrema paridad existente en la composición del cuerpo legislativo, integrada por 16 diputados del oficialismo y 16 de la oposición.
En ese contexto de equilibrio numérico entre los dos principales espacios políticos representados en la Legislatura provincial, la concreción de la sesión permitió que los legisladores abordaran distintos proyectos que se encontraban en agenda. La reunión parlamentaria se desarrolló con la presencia necesaria para habilitar el funcionamiento del recinto y culminó con la aprobación unánime de todas las iniciativas tratadas.
Uno de los principales temas debatidos fue la regulación del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos móviles en las instituciones educativas chaqueñas.
La iniciativa obtuvo respaldo unánime y quedó convertida en ley, estableciendo un marco normativo aplicable a los niveles Inicial, Primario y Secundario, independientemente de la modalidad educativa o del tipo de gestión de los establecimientos.
La nueva legislación fija pautas específicas para la utilización de dispositivos electrónicos dentro de las escuelas y procura ordenar su empleo en el ámbito educativo. El texto aprobado establece lineamientos destinados a favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, al tiempo que promueve prácticas vinculadas con el uso responsable de las tecnologías en las aulas.
REGULACIÓN EDUCATIVA Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN ANIMAL
Durante la misma sesión, los diputados aprobaron además el Régimen Provincial de Protección Animal, una iniciativa que introduce modificaciones en materia de prevención y sanción del maltrato y la crueldad hacia los animales. La propuesta fue acompañada por la totalidad de los legisladores presentes y quedó incorporada al marco normativo provincial.
La ley actualiza el esquema de penalidades vigente mediante la incorporación de multas más severas para las conductas consideradas infracciones.
Asimismo, contempla medidas complementarias destinadas a fortalecer los mecanismos de protección animal y ampliar las herramientas disponibles para las autoridades competentes.
Entre las disposiciones incluidas en la nueva normativa se encuentra la posibilidad de aplicar la inhabilitación para la tenencia de animales en determinados casos. Esta medida se suma al régimen sancionatorio previsto con el objetivo de reforzar las acciones orientadas a la prevención de situaciones de maltrato y crueldad.
La legislación también establece la creación de un Registro Provincial de Infractores, instrumento destinado a concentrar y sistematizar la información relacionada con quienes resulten alcanzados por las sanciones previstas en el nuevo régimen.
Asimismo, la norma crea un Fondo Provincial de Protección y Bienestar Animal que tendrá como finalidad financiar políticas públicas vinculadas con el rescate, la asistencia, el control poblacional y las campañas de concientización. De acuerdo con el texto aprobado, el objetivo es fortalecer las acciones de prevención y complementar la legislación nacional vigente en esta materia.
EXPROPIACIÓN DE TIERRAS Y TRANSPARENCIA EN ALUD
Otro de los proyectos sancionados durante la sesión fue la expropiación de inmuebles ubicados en la ciudad de General José de San Martín. La medida alcanza a los predios donde actualmente se encuentran los asentamientos pacíficos denominados «Olvido I» y «Olvido II», espacios que albergan a una importante cantidad de familias residentes en la zona.
Según los fundamentos expuestos durante el tratamiento legislativo, en esos terrenos viven más de 1.100 familias que han desarrollado allí sus viviendas a lo largo de aproximadamente dos décadas.
La Cámara también aprobó la ley de Publicidad y Transparencia del Registro de Profesionales de la Salud.
La norma establece la obligación para el Ministerio de Salud del Chaco, a través de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, de publicar y mantener permanentemente actualizado el listado completo de profesionales habilitados para ejercer en el territorio provincial.
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