Nicolás Slimel: «El rol del Estado es buscar el bienestar de la sociedad»

El Diputado provincial, entrevistado en La Otra Campana, propuso crear un programa de consolidación de deudas con una cuota máxima equivalente al 30% del salario de los trabajadores registrados o de los ingresos declarados por monotributistas, porcentaje que se reduciría al 25% para familias con personas con discapacidad. La iniciativa contempla una tasa máxima del 30% anual y un plazo mínimo de 24 meses, ampliable según la capacidad de pago. En ese marco, mencionó estimaciones de entre 86% y 87% de familias chaqueñas endeudadas, cuestionó costos de consolidación superiores al 70% y costos financieros totales por encima del 80%, y planteó la participación del Banco del Chaco y del Ministerio de Economía mediante mecanismos de subsidio a la tasa.

El diputado provincial y presidente del Bloque Justicialista, además de secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas, Nicolás Slimel, impulsa un proyecto destinado a establecer en la provincia del Chaco un programa de desendeudamiento para las familias, con mecanismos de consolidación de obligaciones y condiciones de pago vinculadas con la capacidad económica de cada persona.
Entrevistado en «La Otra Campana», emitido por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, por Gustavo Ojeda y Facundo Sagardoy, el legislador precisó que la iniciativa toma como antecedente un programa sancionado recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto propone que las deudas certificadas con bancos, mutuales, asociaciones, financieras y otros prestamistas puedan ser reunidas en una única obligación, con una tasa de interés y un plazo que permitan afrontar los pagos sin comprometer una proporción excesiva de los ingresos.
En ese sentido, advirtió sobre el elevado nivel de endeudamiento registrado entre las familias chaqueñas y señaló que las obligaciones alcanzan a distintos tipos de instituciones financieras y también a prestamistas particulares.
«La verdad que los sueldos están planchados, están completamente congelados», sostuvo, describiendo que el endeudamiento comprende créditos bancarios, préstamos otorgados mediante billeteras virtuales, financiamiento de entidades financieras y obligaciones contraídas con particulares, con diferentes costos asociados. El legislador sostuvo además que la situación requiere instrumentos específicos que permitan ordenar las deudas existentes y establecer condiciones de pago acordes con los ingresos de cada familia.
El presidente del Bloque Justicialista recordó que en la provincia del Chaco se conocieron informes que ubicaron en torno al 86% o 87% la proporción de familias endeudadas y señaló que ya habían sido presentadas otras iniciativas legislativas relacionadas con la consolidación de obligaciones.
Slimel sostuvo que actualmente los costos de algunos procesos de consolidación pueden resultar elevados y mencionó que, en determinados casos, las tasas vinculadas con esos mecanismos pueden superar el 70%, mientras que el costo financiero total puede ubicarse por encima del 80%. Según explicó, esas condiciones pueden llevar a que el monto finalmente abonado multiplique varias veces el capital originalmente recibido.
El proyecto impulsado por Slimel contempla que las deudas certificadas puedan trasladarse a una entidad bancaria para su consolidación y cancelación, con una nueva tasa y un esquema de cuotas definido según la capacidad de pago. La iniciativa establece que la cuota mensual no debería superar el 30% del salario registrado de un trabajador y fija el mismo límite sobre los ingresos declarados en el caso de los monotributistas. También planteó condiciones particulares para familias que tengan personas con discapacidad, para las cuales propuso reducir el porcentaje de afectación de los ingresos al 25%.

Morosidad, servicios y capacidad de pago

Slimel vinculó el endeudamiento con la evolución de los ingresos y de los costos que enfrentan las familias. En particular, sostuvo que durante los últimos años los servicios públicos registraron aumentos que, según su planteo, incidieron sobre la capacidad de pago de los hogares. Mencionó incrementos en las tarifas de electricidad, transporte público, agua, combustibles y otros servicios, y afirmó que esos aumentos tienen efectos sobre el conjunto de los precios.
En relación con el transporte de pasajeros, remarcó el incremento del boleto desde 75 pesos hasta 1.880 pesos. «Los salarios se mantienen congelados. y lo que aumenta realmente es completamente distorsionado lo que tiene cada persona», sostuvo, al describir la relación entre ingresos, gastos y obligaciones financieras.
El diputado indicó que la evolución de los servicios públicos reduce la capacidad de ahorro y de pago de las familias cuando los ingresos no registran una variación equivalente.
Señaló que los aumentos de los costos vinculados con los servicios pueden trasladarse a los precios de otros bienes y, particularmente, a los alimentos. «Cada vez tenés menos», enfatizó, al referirse a la capacidad de pago disponible luego de cubrir las obligaciones mensuales.
En relación con los niveles de morosidad, Slimel cuestionó la posibilidad de que la situación de las familias mejore únicamente por el paso del tiempo y sostuvo que será necesario un cambio en las condiciones económicas para que quienes actualmente presentan dificultades puedan regularizar sus obligaciones.
«Veo difícil lo que plantea el presidente del Banco Central de que las familias en 9 meses se planteen una posibilidad de cambio de su categoría», sostuvo remarcando que esa dificultad estriba en la evolución de los ingresos, los precios y los servicios, y sostuvo que una eventual mejora en la capacidad de pago requeriría modificaciones en las condiciones económicas que afectan a los hogares.
Ante ese escenario, Slimel enfatizó que el Estado y la Legislatura deberían analizar medidas destinadas a aliviar la situación financiera de las familias, especialmente en una provincia con una presencia significativa del banco estatal.
El diputado remarcó que, aun cuando no se produzcan aumentos salariales suficientes o se mantengan dificultades para acceder al crédito, pueden generarse herramientas específicas para reorganizar las obligaciones existentes.

» Condiciones del programa

Slimel señaló que el esquema también contempla una tasa máxima del 30% anual y un plazo mínimo de 24 meses, con posibilidad de extenderlo cuando la relación entre la cuota y la capacidad salarial del trabajador así lo requiera. El objetivo planteado en la iniciativa es que la nueva obligación pueda ser afrontada dentro de los límites establecidos y que las familias dispongan de un mecanismo para regularizar su situación financiera.
El diputado sostuvo que el plazo podría ampliarse en aquellos casos en los que sea necesario para mantener la cuota dentro del porcentaje máximo previsto. De este modo, el proyecto vincula el monto mensual con los ingresos efectivamente acreditados o declarados y no únicamente con el volumen acumulado de las deudas existentes.
El legislador tomó como referencia el programa aprobado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que definió como una experiencia concreta que permite trasladar al ámbito chaqueño un mecanismo ya implementado. Según explicó, la propuesta porteña fue presentada por la oposición, posteriormente recibió modificaciones y finalmente fue sancionada y puesta en funcionamiento. Slimel consideró que ese antecedente permite analizar una herramienta institucional que ya cuenta con una aplicación concreta y adaptar sus características a las condiciones de la provincia. En ese marco, planteó que el sistema chaqueño debería contemplar las particularidades de los trabajadores y de las familias que mantienen obligaciones con diferentes entidades.
La propuesta también involucra al Banco del Chaco como uno de los actores que podrían intervenir en la consolidación de las obligaciones. Slimel sostuvo que existe una relación importante entre los trabajadores estatales y la entidad provincial y planteó que el banco podría ofrecer mecanismos específicos para facilitar la reorganización de las deudas. En ese sentido, afirmó que «el Banco del Chaco también de vez en cuando pueda hacer alguna medida en favor de la gente», al referirse a la posibilidad de generar instrumentos financieros con condiciones más flexibles. El diputado aclaró que también podrían participar bancos privados que decidan adherir al esquema, aunque consideró que la intervención del banco estatal provincial tendría particular relevancia por su alcance entre los trabajadores chaqueños.
El legislador sostuvo que la discusión no debería limitarse a una disputa entre oficialismo y oposición.«No importa discutir políticamente con el gobierno si ellos quieren otorgar o no quieren otorgar este beneficio. Lo que acá lo que corresponde es buscar alguna medida», subrayó.