El Gobierno nacional volvió a mover fichas en su plan de desregulación económica y esta vez puso la mira en la marina mercante. A través del Decreto 340/2025, publicado en el Boletín Oficial, la gestión de Javier Milei introdujo un nuevo régimen para el sector que implica un retroceso en derechos laborales y una fuerte pérdida de poder para los sindicatos.
La medida redefine aspectos clave del funcionamiento de la actividad marítima en el país. Por un lado, limita el alcance del derecho a huelga al establecer condiciones que permiten el reemplazo de trabajadores bajo contratos regulados por normativas extranjeras. Por otro, elimina la obligatoriedad de recurrir a las bolsas de trabajo sindicales para contratar tripulación, quitándoles a los gremios una herramienta histórica de control y representación.
En paralelo, se habilita que embarcaciones extranjeras puedan operar como si fueran buques argentinos, siempre que cumplan con ciertos requisitos mínimos, como contar con un porcentaje de tripulantes nacionales o residentes. Además, se abre la puerta al uso de banderas de conveniencia, lo que permitirá a los armadores nacionales inscribir temporalmente sus barcos en registros de otros países, accediendo así a costos más bajos y regulaciones menos exigentes.
El nuevo esquema busca atraer inversiones y abaratar la operatoria en un sector clave para el comercio y la logística, pero lo hace a costa de un fuerte recorte en derechos laborales y una virtual desarticulación de la estructura gremial que hasta ahora regulaba buena parte de la actividad.
En los hechos, se consolida un sistema híbrido en el que un buque con matrícula argentina podrá estar regido por las leyes laborales de otro país. Desde el Gobierno lo presentan como una modernización necesaria para competir con las flotas regionales, pero desde el mundo sindical lo leen como un intento de precarizar el trabajo y avanzar sobre derechos conquistados.
La respuesta de los gremios marítimos no se hizo esperar: si bien por ahora prima el hermetismo, ya se anticipa un clima de tensión creciente. El decreto impacta directamente en los sindicatos del sector, que ven cómo se les corre el eje en la toma de decisiones y se habilita una operatoria paralela al margen de la representación colectiva.
Con esta medida, la administración Milei suma un nuevo capítulo en su ofensiva contra las estructuras sindicales tradicionales, consolidando su perfil liberal a ultranza y profundizando el conflicto con el mundo del trabajo.
Fuente: Minuto Uno.
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