El servicio de cadetería, mensajería y reparto cumplió 30 años de actividad en la provincia, en medio de un escenario marcado por viejas demandas laborales y nuevos desafíos relacionados con el avance de las plataformas digitales. La Cooperativa de Motomandados del Chaco recordó que el sector logró durante estas tres décadas la sanción de normas municipales y provinciales, pero advirtió que su aplicación continúa pendiente y que miles de trabajadores siguen expuestos a la informalidad y la precarización.
La actividad comenzó a desarrollarse en 1996, en un contexto económico y social atravesado por la pérdida de puestos de trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y el crecimiento de distintas formas de empleo por cuenta propia. En ese escenario, la motocicleta y la bicicleta se convirtieron para numerosos chaqueños en herramientas con las cuales generar ingresos y reinsertarse en un mercado laboral que dejaba a cada vez más personas al margen.
Con el paso de los años, los cadetes y mensajeros comenzaron a ocupar un lugar cotidiano dentro del funcionamiento de la economía urbana. El traslado de documentación, el pago de servicios, las gestiones bancarias y administrativas, la entrega de alimentos, medicamentos y mercaderías consolidaron una actividad que pasó de constituir una salida frente al desempleo a transformarse en un servicio permanente para comercios, empresas, organismos públicos y particulares.
Sin embargo, desde la Cooperativa de Motomandados señalaron que el crecimiento de la actividad nunca estuvo acompañado por un proceso equivalente de reconocimiento y protección laboral. La mayoría de los trabajadores debió afrontar por su cuenta la compra y el mantenimiento del vehículo, el combustible, los seguros, los elementos de seguridad y los riesgos derivados de la circulación diaria.
Normas que esperan
La organización colectiva del sector permitió que las demandas comenzaran a traducirse en instrumentos legales. Entre los principales antecedentes se encuentra la Ordenanza Municipal 9833, sancionada en 2010 por el Concejo Municipal de Resistencia, que estableció un marco regulatorio para la prestación del servicio dentro de la capital chaqueña.
Años más tarde, en 2017, se sancionó la Ley Provincial 8003, actualmente identificada como Ley 3296-L, destinada a regular laboralmente la actividad. Para la cooperativa, ambas normas representaron conquistas obtenidas después de años de reclamos y permitieron que el Estado reconociera formalmente la existencia del sector y la necesidad de proteger a sus trabajadores.
No obstante, la organización sostuvo que esos avances legislativos no fueron acompañados por una decisión política sostenida para hacerlos efectivos. La falta de controles, la informalidad, la ausencia de registros actualizados y las dificultades para garantizar condiciones mínimas de seguridad y cobertura social continuaron formando parte de la realidad cotidiana.
La cooperativa cuestionó que las distintas administraciones provinciales y municipales no hayan implementado integralmente las herramientas contempladas por la normativa. De ese modo, señaló, coexistieron empresas y prestadores organizados con esquemas informales que trasladaron prácticamente todos los costos y riesgos hacia el trabajador.
El reclamo central, al cumplirse las tres décadas de actividad, es que la legislación no permanezca solamente como una declaración formal. Los motomandados pidieron controles sobre las condiciones en que se presta el servicio, protección ante accidentes, acceso a la seguridad social y reconocimiento de los derechos derivados de una relación laboral cuando exista dependencia económica y subordinación.
plataformas digitales
A las demandas históricas se sumó durante los últimos años la expansión de las aplicaciones digitales de reparto. Estas plataformas modificaron la forma de organizar el servicio, asignar los pedidos, determinar los recorridos y calcular los ingresos, pero no resolvieron la discusión sobre la relación laboral ni sobre las responsabilidades de las empresas.
La cooperativa advirtió que detrás de la aparente autonomía de los repartidores existen mecanismos capaces de condicionar su actividad. La asignación de viajes, las calificaciones, los incentivos, los horarios de mayor demanda y la posibilidad de bloquear o suspender cuentas influyen directamente sobre los ingresos y sobre la continuidad de cada trabajador dentro de la aplicación.
El comunicado también alertó sobre los sistemas de préstamos y adelantos ofrecidos a quienes trabajan mediante estas herramientas. Según la entidad, numerosos jóvenes quedan atrapados en un circuito en el que deben aumentar su cantidad de horas de trabajo para afrontar las obligaciones adquiridas dentro del propio ecosistema de las plataformas.
Esta discusión ya había sido planteada por el sector frente a distintas iniciativas regulatorias. La cooperativa advirtió que definir a todos los repartidores como prestadores independientes puede desconocer situaciones en las que existe subordinación y dependencia económica. También cuestionó cualquier esquema que, bajo la figura del trabajo autónomo, excluya anticipadamente la aplicación de derechos como vacaciones, aguinaldo, licencias, estabilidad, aportes patronales y negociación colectiva.
La entidad sostuvo que la regulación debe contemplar la realidad concreta de la prestación y no limitarse a la denominación utilizada por las empresas. Por ese motivo, reclamó que se reconozca la relación laboral cuando se compruebe que la plataforma organiza, dirige o controla el trabajo.
La problemática también alcanzó el debate local sobre las aplicaciones de transporte. En las discusiones desarrolladas en Resistencia, la Cooperativa de Motomandados reclamó que las motocicletas y sus trabajadores fueran incluidos dentro de cualquier marco destinado a regular la prestación de servicios mediante plataformas. El sector considera que su exclusión dejaría sin respuestas a una parte creciente de la actividad urbana.
Un servicio
que cambio
En tres décadas, el trabajo de cadetería atravesó distintas transformaciones. Las comunicaciones telefónicas y las bases operativas fueron reemplazadas parcialmente por aplicaciones, sistemas de geolocalización y asignación automatizada. También cambió el perfil de los usuarios y se multiplicaron los rubros que recurren a las entregas a domicilio.
Lo que permaneció fue la exposición del trabajador. Cada pedido continúa dependiendo de una persona que circula en motocicleta o bicicleta, enfrenta las condiciones climáticas, el tránsito y el deterioro de las calles, y asume los costos cotidianos del vehículo con el cual genera sus ingresos.
La cooperativa remarcó que el desarrollo tecnológico no puede utilizarse como argumento para retroceder en materia de derechos. Por el contrario, consideró que el Estado debe actualizar los instrumentos de regulación para evitar que las nuevas modalidades profundicen problemas que el sector arrastra desde su nacimiento.
El aniversario fue presentado, en ese sentido, no solamente como una conmemoración, sino como un llamado de atención a los gobiernos nacional, provincial y municipales. La organización pidió hacer cumplir las normas conquistadas y adecuar el marco vigente a las formas de contratación y control introducidas por las plataformas.
“Desde nuestro lugar, renovamos el compromiso de continuar defendiendo los derechos de los trabajadores de la cadetería, la mensajería y el delivery, levantando nuevamente las banderas del sindicalismo, la organización y la justicia social, tal como lo hicimos desde los comienzos en 2008 en la provincia del Chaco”, expresó Fabio Zerpa, dirigente del sector, en referencia al comienzo del proceso organizativo impulsado por los trabajadores.
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