El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, José René Galassi, defendió la nueva Ley de Honorarios Profesionales sancionada en la provincia y cuestionó duramente la postura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, que manifestó reparos respecto de la creación de un organismo de control previsto en la norma.
Durante una entrevista con la radio Facundo Quiroga, el dirigente sostuvo que detrás de las objeciones planteadas por un sector de la magistratura existe una resistencia a los mecanismos de supervisión establecidos por la nueva legislación y afirmó que el verdadero debate no pasa por cuestiones económicas sino por la posibilidad de controlar el accionar de los jueces en materia de regulación de honorarios profesionales.
Galassi aseguró que la ley se encuentra plenamente vigente y destacó que fue el resultado de más de dos años de trabajo conjunto entre los colegios profesionales de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia, el Consejo de Abogados y legisladores provinciales. «Hace muchísimo tiempo los abogados y abogadas venimos con una ley que quedó en el tiempo, una ley que permitía a los magistrados la discrecionalidad de regular más honorarios a unos y menos honorarios a otros», sostuvo.
Según explicó, el principal avance de la normativa es la creación de un organismo de control que permitirá supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los magistrados.
«Trabajamos durante dos años para actualizar la ley y, por sobre todas las cosas, para crear un organismo de control para el cumplimiento de la ley. Eso es lo que la Asociación de Magistrados no quiere», afirmó.
Asociación de Magistrados
El titular del Colegio de Abogados fue particularmente crítico con las declaraciones públicas realizadas por la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Bardiani, quien había señalado que el nuevo organismo podría afectar la independencia judicial.
Para Galassi, esa postura evidencia una preocupación por los controles institucionales. «La presidenta de la Asociación de Magistrados dijo que este organismo es una presión para los jueces.
Yo pregunto: ¿cómo un organismo controlador para el cumplimiento de la ley va a generar presión para un juez? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no cumplen con la ley?», cuestionó.
En ese sentido, sostuvo que la existencia de mecanismos de control es compatible con la independencia judicial y forma parte de los principios republicanos de transparencia y rendición de cuentas. «Se necesita más transparencia, se necesita más claridad y el control es un mecanismo constitucional que debe existir para que las cosas funcionen», expresó.
Galassi remarcó además que sus críticas no están dirigidas a la totalidad de los magistrados chaqueños. «No son todos los magistrados. Hay muchos magistrados que cumplen con la ley y honran su cargo y su investidura. Estamos hablando de un grupo minúsculo, de un grupo elitista que formaría parte de una corporación judicial», manifestó.
La polémica por el control
Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno al Organismo de Control de la Ley Arancelaria (OCLA), creado por la nueva normativa para supervisar la correcta aplicación de los criterios de regulación de honorarios.
Asimismo, Galassi sostuvo que el rechazo de algunos sectores judiciales responde exclusivamente al temor a ser controlados. «Los jueces no quieren ser controlados. Ese es el tema. No quieren que exista el Ocla porque si un juez incumple con la ley nos podemos llevar a un jury de enjuiciamiento y eventualmente destituirlo del cargo», afirmó.
El dirigente profesional consideró que la existencia de este organismo contribuirá a terminar con prácticas discrecionales que, según denunció, afectan desde hace años a los abogados litigantes.
«Este organismo viene a poner un punto final a la discrecionalidad judicial, a que los jueces no se puedan apartar de la ley. La ley está para cumplirse», señaló. Asimismo, insistió en que los magistrados no deberían percibir la supervisión institucional como una amenaza.
«Si hacen las cosas bien, no tienen por qué tener miedo», sostuvo.
reserva de actuaciones
Otro de los cuestionamientos planteados por Galassi estuvo vinculado a una presentación judicial impulsada por la Asociación de Magistrados ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El presidente del Colegio de Abogados afirmó que la entidad profesional tomó conocimiento de esa acción por vías extraoficiales y cuestionó que el expediente haya sido declarado reservado.
«Nosotros no hemos sido anoticiados de esta presentación y el Superior Tribunal puso la presentación en carácter reservado. ¿Qué se tiene que esconder? ¿Por qué no podemos tener acceso a la presentación judicial?», preguntó.
Según indicó, el Colegio de Abogados espera ser formalmente notificado para poder intervenir en el proceso y defender la constitucionalidad de la normativa. «Vamos a seguir los pasos legales como corresponde porque somos interesados en la cuestión», aseguró.
Defensa del trabajo
Durante la entrevista, Galassi también recordó que la ley fue aprobada por la Legislatura provincial luego de un extenso proceso de debate y destacó la decisión del Poder Ejecutivo de no avanzar con un veto parcial, pese a las presiones que, según afirmó, existieron desde algunos sectores. «Intentaron desde el momento que se sancionó la ley un veto parcial.
Yo felicito y agradezco al gobernador porque no accedió a ninguna presión y respetó el trabajo que hicimos los abogados y abogadas junto con los diputados», expresó.
Para el dirigente, la normativa representa una conquista institucional que trasciende los intereses sectoriales de los profesionales del derecho. «La ley salió como fue aprobada y está completamente vigente», remarcó.
La situación de la Justicia provincial
Más allá de la discusión sobre honorarios, Galassi aprovechó la oportunidad para plantear cuestionamientos sobre el funcionamiento general del servicio de justicia en la provincia.
En particular, señaló demoras en la tramitación de expedientes y reclamó que los esfuerzos institucionales se concentren en mejorar las respuestas a los ciudadanos. «Hay juzgados de Familia que están proveyendo escritos de diciembre del año pasado. Esto es una vergüenza. Ya estamos a mitad de año y siguen proveyendo diciembre», sostuvo.
Y agregó: «Los justiciables necesitan respuestas, necesitan justicia y sobre eso tenemos que trabajar todos».
En esa línea, pidió a la dirigencia judicial priorizar las problemáticas vinculadas al acceso efectivo a la Justicia antes que las controversias relacionadas con el nuevo régimen arancelario.
Un debate con impacto social
Consultado sobre la importancia del tema para la ciudadanía, Galassi insistió en que la discusión excede el ámbito profesional de abogados y jueces.
Según explicó, la regulación transparente de honorarios y el control de la actuación judicial terminan repercutiendo directamente en la calidad del servicio que recibe la sociedad.
«Este tema tiene un grado de importancia relevante para la sociedad porque hemos dado el primer paso para la ruptura de ese principio de corporación judicial», afirmó.
El abogado consideró que la nueva legislación puede transformarse en una herramienta para fortalecer la confianza pública en las instituciones. «La sociedad tiene que entender que este organismo de control beneficia al ciudadano porque garantiza que los jueces no se aparten de la ley», sostuvo.
Además, acusó a quienes se oponen a la normativa de intentar presentar el conflicto como una discusión económica para ocultar el verdadero trasfondo.
«Quieren disfrazar una discusión económica para tapar el verdadero interés. El verdadero problema es que no quieren control», aseguró.
Un reclamo que se replica en el país
Galassi reveló que la problemática de los honorarios profesionales y la discrecionalidad judicial no es exclusiva del Chaco, sino que se repite en distintas jurisdicciones del país.
En ese marco, comentó que recientemente participó en reuniones nacionales con representantes de colegios de abogados de otras provincias.
«Todos los colegas a nivel país están pasando por lo mismo. Están peleando por una ley de honorarios digna y justa», explicó.
El dirigente relató que existen casos de procesos judiciales que demandaron varios años de trabajo y concluyeron con regulaciones de honorarios que consideró insuficientes.
«Hemos tenido juicios de tres o cuatro años con regulaciones de $238 mil. También hay diferencias según quién sea el abogado. Eso lo venimos sufriendo desde hace muchísimos años», afirmó.
Según indicó, la experiencia chaqueña comenzó a despertar interés en otras provincias que buscan impulsar reformas similares.
«Desde el Chaco fuimos pioneros y hoy esto es una luz al final del túnel para toda la abogacía del país», destacó.
La defensa de la ley
Finalmente, Galassi aseguró que los abogados chaqueños mantendrán una postura firme en defensa de la normativa aprobada por la Legislatura.
«Hemos tomado la decisión de defender esta ley y de defender el Ocla porque queremos transparencia y queremos que los jueces sean garantes de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes», sostuvo.
Y concluyó: «Nuestro norte es garantizar un servicio de justicia óptimo. Además de procurar una mejora en la retribución de nuestro trabajo, estamos generando conciencia para garantizar justicia. Eso es lo que vamos a seguir haciendo junto a los abogados y abogadas de toda la provincia».
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