Las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores judiciales del Chaco profundizaron ayer sus cuestionamientos al proyecto 2141 y denunciaron una situación de gravedad institucional por las actuaciones del Tribunal ad hoc y las intervenciones del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Los representantes gremiales sostienen que la iniciativa legislativa presenta vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, cuestionan la conformación del órgano judicial que interviene en el expediente y advierten sobre una presunta presión institucional para que la Cámara de Diputados avance con su aprobación.
El conflicto también involucra la discusión sobre la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y su alcance respecto del conjunto de los trabajadores del Poder Judicial.
Se recuerda que el planteo inicial contra el proyecto comenzó a principios de septiembre, cuando se realizaron presentaciones ante la Cámara de Diputados para solicitar que se investigara la actuación del Tribunal ad hoc.
En esas actuaciones se formularon objeciones de inconstitucionalidad y se reclamó la intervención de los legisladores frente a lo que los denunciantes consideran una irregular conformación del órgano judicial.
Según el argumento expuesto, el tribunal estaría integrado por magistrados que anteriormente habían dictado sentencias complementarias, es decir, resoluciones posteriores a cuestiones que ya habían adquirido carácter de cosa juzgada. Esa circunstancia, sostienen, comprometería la imparcialidad del procedimiento y configuraría una situación de juez y parte.
MOVIMIENTOS
En ese contexto, durante los últimos 15 o 20 días se produjo un movimiento dentro del propio Tribunal ad hoc, luego de que uno de sus integrantes, presentara su inhibición e iniciara una acción de amparo.
Representantes gremiales señalan que el magistrado habría formulado en esa presentación argumentos sustancialmente similares a los que anteriormente había resuelto desde su función judicial.
En ese sentido, advierten que se trata de un elemento adicional de profunda preocupación por quienes cuestionan la legitimidad del procedimiento y reclaman una revisión institucional de las actuaciones vinculadas con el proyecto 2141.
La controversia se profundizó con la designación del presidente del STJ, Enrique Varela, para integrar el Tribunal ad hoc en reemplazo del magistrado que se inhibió.
Los cuestionamientos sindicales apuntan a que, desde esa nueva conformación, se dio continuidad a las actuaciones judiciales y se reclamó a la Cámara de Diputados el tratamiento y la aprobación del proyecto.
División de poderes y seguridad jurídica
Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (Utjch), Walter Bernard, en declaraciones a LA VOZ DEL CHACO, advirtió que las organizaciones no descartan recurrir a la Justicia si el proyecto 2141 obtiene respaldo legislativo y avanza hacia su aprobación.
El dirigente sostuvo que la gravedad del escenario reside en la actuación de organismos que, por sus responsabilidades constitucionales, deberían garantizar el funcionamiento regular de las instituciones.
Bernard consideró especialmente preocupante la presunta invasión de atribuciones que corresponden a la Legislatura y al Poder Ejecutivo.
En ese marco, explicó que los sindicatos presentaron distintos planteos ante la Cámara de Diputados para solicitar la conformación de una comisión investigadora, cuyos integrantes deberían convocar al Tribunal ad hoc para que explique las actuaciones realizadas.
Además, el dirigente cuestionó que el proceso institucional se esté desarrollando en sentido inverso, con requerimientos provenientes del ámbito judicial hacia los representantes legislativos, en lugar de que sean las autoridades judiciales cuestionadas quienes deban brindar explicaciones ante el órgano competente.
TENSIÓN
Al referirse a la relación entre los poderes del Estado, el secretario general de la Utjch sostuvo que existe una intervención directa de la Justicia sobre el ámbito legislativo para impulsar la sanción de una norma solicitada por una de las partes involucradas en un juicio. «Lo que se está evidenciando es que la Justicia está presionando directamente al Poder Legislativo para que sancione una ley que fue solicitada por una de las partes en un juicio.
Ahí radica la gravedad institucional cuando se producen este tipo de actos jurídicos», advirtió.
El dirigente también relacionó el conflicto con las consecuencias que una eventual alteración de la división de poderes podría producir sobre la seguridad jurídica.
Bernard señaló que las garantías institucionales deben proteger a todos los integrantes de la sociedad y no solamente a quienes participan directamente de un expediente judicial. «Preocupa gravemente la división de poderes y también la seguridad jurídica, porque un ciudadano, un empresario, un médico y nosotros, los trabajadores judiciales, necesitamos seguridad jurídica. Es lo que siempre reclama el pueblo. Lo que estamos viendo es una situación de inseguridad jurídica terrible», manifestó.
Reclamo
La secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (Sejch), Graciela Aranda, explicó ayer a LA VOZ DEL CHACO que las organizaciones sindicales mantuvieron reuniones con integrantes de distintas comisiones legislativas para exponer sus objeciones y solicitar que el proyecto sea rechazado.
En particular, indicó que participaron de encuentros con representantes de las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales, donde se abordaron los fundamentos jurídicos y las consecuencias institucionales de la iniciativa.
La discusión produjo posiciones divididas entre los legisladores, con diferencias respecto de la continuidad del expediente y de la necesidad de avanzar hacia su tratamiento definitivo.
Consultada sobre el resultado de esos encuentros, Aranda señaló que algunos diputados solicitaron el archivo de la iniciativa, especialmente integrantes de los bloques opositores, mientras que el oficialismo decidió mantenerla en cartera.
La dirigente sindical reconoció que hasta el momento no se impulsó su avance desde ese sector, aunque remarcó que la permanencia del proyecto dentro de la agenda legislativa constituye un motivo de preocupación para los trabajadores judiciales.
La posición del Sejch es que el proyecto 2141 debe ser rechazado y archivado, debido a que consideran que el cumplimiento de la sentencia reclamada puede resolverse mediante los instrumentos legales actualmente vigentes.
En ese sentido, Aranda hizo referencia a la Ley 3424, particularmente a su artículo 9, como marco normativo para instrumentar la solución correspondiente.
La dirigente sostuvo que la reglamentación de la media nacional debe alcanzar efectivamente a todos los integrantes del sector judicial, de manera que la respuesta institucional no quede circunscripta a un grupo de magistrados ni genere diferencias en el tratamiento de las remuneraciones dentro del Poder Judicial.
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