UPCP exige cumplir los acuerdos pendientes antes de discutir una recomposición salarial

La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) reclamó al gobierno chaqueño el cumplimiento de los compromisos asumidos en la última negociación paritaria como condición para avanzar en una discusión salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
El secretario general del sindicato, José Niz, advirtió que existen obligaciones pendientes vinculadas con la carrera administrativa, el pago de bonificaciones y la estabilidad laboral del personal precarizado, y sostuvo que la voluntad de diálogo manifestada por el Ejecutivo deberá traducirse en medidas concretas.
En declaraciones a Radio Natagalá, el dirigente explicó que la convocatoria a una instancia de negociación se produce a partir de una presentación judicial realizada por UPCP para exigir la aplicación de la Ley 1767-L, que regula las negociaciones paritarias, y avanzar en la renovación del convenio colectivo de trabajo. «Hubo una presentación judicial por parte de UPCP exigiendo la convocatoria paritaria, en el marco de la Ley 1767-L, y la necesidad de la renovación del convenio colectivo de trabajo», señaló Niz al explicar el origen del conflicto.
La causa quedó bajo la intervención del juez Bosch, ante quien se desarrollaron audiencias preliminares durante las cuales, según relató el sindicalista, representantes del Ejecutivo provincial expresaron su disposición a mantener conversaciones con las organizaciones gremiales.
Sin embargo, Niz remarcó que el sindicato considera indispensable que esa voluntad política se refleje en el cumplimiento de los acuerdos que permanecen pendientes. En ese sentido, recordó que la negociación colectiva constituye una herramienta legal que obliga a ambas partes a respetar los compromisos asumidos.
El dirigente explicó que, por requerimiento judicial, los tres sindicatos que participan de la negociación paritaria -UPCP, UPCN y ATE- debieron expresar formalmente sus posiciones respecto de los temas que deberían integrar la agenda de discusión.
En el caso de UPCP, la respuesta estuvo centrada en el cumplimiento de los puntos establecidos en la última etapa de negociación, especialmente los dos corrimientos de cargos que todavía no se concretaron, las bonificaciones adeudadas y la cobertura de vacantes para garantizar la estabilidad laboral de trabajadores que permanecen en condiciones de precariedad.

cargos y bonificaciones
Uno de los principales reclamos del sindicato está relacionado con los dos corrimientos de cargos acordados anteriormente, cuya implementación permitiría mejorar la situación de los agentes dentro de la carrera administrativa provincial.
Niz explicó que esta medida no solamente representa un reconocimiento de la trayectoria laboral y de las funciones desempeñadas, sino que también tiene consecuencias directas sobre los ingresos de los empleados públicos. «Queremos que se cumpla lo que se pautó en la última parte de la paritaria, que es ley para las partes», afirmó.
El dirigente destacó que los corrimientos constituyen una mejora importante «en materia de carrera administrativa para los trabajadores y trabajadoras, y también plata en el bolsillo», por lo que insistió en la necesidad de concretarlos antes de avanzar hacia nuevos compromisos.
A esta demanda se suma el pago de bonificaciones que, según denunció, permanecen adeudadas.
Entre ellas mencionó los adicionales correspondientes a título, antigüedad, mayor dedicación y dedicación exclusiva, además de otros conceptos que forman parte de las remuneraciones de los agentes provinciales.
Para el gremio, la regularización de estos conceptos constituye una obligación del empleador y no debería quedar supeditada a una nueva negociación salarial.
Otro de los puntos planteados por UPCP es la cobertura de cargos vacantes, una medida que permitiría avanzar en la estabilidad laboral del personal que actualmente presta servicios en condiciones de precariedad.
El secretario general consideró que estos asuntos deben abordarse de manera conjunta, porque forman parte de una misma problemática relacionada con las condiciones laborales, la carrera administrativa y la protección de los derechos de los empleados públicos.

demanda urgente
Aunque el cumplimiento de los acuerdos anteriores constituye la prioridad inmediata del sindicato, Niz confirmó que la recomposición salarial también deberá formar parte de la agenda de negociación.
El dirigente sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales obliga a discutir una actualización de los haberes, aunque consideró necesario que previamente el Ejecutivo demuestre su disposición a cumplir los compromisos asumidos. «Una vez que ellos cumplan con el corrimiento de los dos cargos, más el pago de las bonificaciones, consideramos que estamos en condiciones de avanzar en actualización salarial, de acuerdo a la pérdida del poder adquisitivo, de carácter urgente», expresó.
De esta manera, UPCP plantea una negociación en dos etapas: primero, la regularización de las obligaciones pendientes y, posteriormente, la discusión de una recomposición salarial que contemple el deterioro de los ingresos de los trabajadores.
Niz insistió en que la negociación paritaria debe constituirse en el ámbito institucional para discutir todos los aspectos relacionados con el empleo público, desde las condiciones de trabajo hasta las remuneraciones y los mecanismos de promoción dentro de la administración provincial.
En ese marco, cuestionó que existan compromisos asumidos que todavía no fueron ejecutados y sostuvo que la legislación vigente establece claramente la obligatoriedad de cumplir los acuerdos alcanzados entre las partes.
El sindicalista recordó antecedentes de mejoras salariales y laborales implementadas durante administraciones anteriores, para señalar que el Estado debe garantizar la continuidad de los derechos reconocidos independientemente de los cambios de gobierno. «Ahora que tenemos la herramienta que nos pone en igualdad de condiciones y que una vez que se selle un acuerdo es ley para las partes, se tiene que cumplir», enfatizó.

la vía judicial
Respecto de la representación del Gobierno en la instancia de negociación, Niz explicó que la normativa establece que los funcionarios que participen deben tener, como mínimo, rango de subsecretario.
En ese sentido, consideró que deberían intervenir representantes del área económica provincial y posiblemente de la Subsecretaría de Trabajo, aunque no confirmó la integración definitiva de la representación oficial.
El secretario general señaló que, en principio, el encuentro se desarrollaría entre representantes del Ejecutivo y las organizaciones sindicales, sin participación directa del magistrado que interviene en la causa.
No obstante, aclaró que el resultado de las conversaciones podría ser comunicado a la Justicia en caso de que no se registren avances concretos. «De no ofrecer nada de parte del Ejecutivo provincial, se le informará al señor juez Bosch en qué quedamos», advirtió.
De esta manera, el gremio mantiene abierta la posibilidad de continuar con las actuaciones judiciales si la negociación no permite alcanzar respuestas satisfactorias a los planteos presentados.
Por otro lado, Niz sostuvo que las expectativas están depositadas en la posibilidad de que el Gobierno adopte una decisión política que permita resolver las demandas pendientes y recuperar el funcionamiento efectivo de la negociación colectiva.
Finalmente, remarcó la importancia del trabajo que desempeñan los agentes públicos en las distintas áreas del Estado, especialmente frente a las situaciones de emergencia que afectan a la provincia.
Consideró que, en ese contexto, resulta fundamental garantizar condiciones laborales adecuadas para quienes sostienen diariamente los servicios públicos y participan de las tareas de asistencia a la población.

Dificultades económicas

Durante la entrevista, Niz también manifestó su preocupación por las dificultades que atraviesan numerosos empleados públicos para afrontar gastos esenciales y acceder a bienes y servicios mediante mecanismos de financiación o descuentos.
En particular, se refirió a las restricciones que, según denunció, afectan la emisión de órdenes para la adquisición de medicamentos, productos de óptica, alimentos y otros artículos de primera necesidad.
El dirigente vinculó esta situación con disposiciones aplicadas a trabajadores que bancarizaron sus ingresos y aseguró que las restricciones complican todavía más la economía de los hogares estatales. «No sé cómo van a sobrevivir los trabajadores en esa situación», expresó al describir las dificultades que enfrentan quienes dependen de estos mecanismos para acceder a productos básicos.
Sus declaraciones se inscriben en el reclamo más amplio del sindicato por una mejora de las condiciones económicas del personal de la administración pública, en un contexto en el que la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo una de las principales preocupaciones gremiales.