Argentina profundiza la disputa por Malvinas y reclama ante un tribunal internacional que se detenga la explotación petrolera
La Cancillería formalizó una solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido por el avance del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. El planteo comprende la suspensión de actividades hidrocarburíferas, la protección ambiental y la prohibición de nuevas autorizaciones. La decisión judicial podría conocerse en noviembre.
El Gobierno argentino acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas urgentes contra el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. Los cuatro reclamos, los antecedentes judiciales y las posibles consecuencias para el Reino Unido.
El Gobierno nacional formalizó este martes una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas urgentes destinadas a impedir el avance de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, en el marco de la histórica controversia de soberanía que Argentina mantiene con el Reino Unido.
La iniciativa constituye una nueva instancia de la estrategia diplomática y jurídica impulsada por el presidente Javier Milei, luego de que el pasado 28 de septiembre Argentina iniciara un procedimiento arbitral conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En aquella oportunidad, el Gobierno argentino notificó formalmente a Londres y otorgó un plazo de dos semanas para adoptar medidas que impidieran el inicio o la continuidad de actividades relacionadas con el proyecto Sea Lion.
El ultimátum venció el lunes 12 de octubre sin que el Reino Unido modificara su posición, por lo que Argentina avanzó con la presentación judicial.
Una estrategia jurídica para preservar los derechos argentinos
La solicitud fue elaborada con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno; la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal; la Consejería Legal Internacional de Cancillería y la Procuración del Tesoro.
La presentación se fundamenta en el artículo 290, párrafo quinto, de la CONVEMAR, que permite solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia principal.
El objetivo es evitar que las actividades de explotación de recursos naturales produzcan consecuencias difíciles de revertir antes de que exista una decisión sobre el fondo del litigio.
La Argentina sostiene que la explotación unilateral de hidrocarburos en espacios marítimos en disputa afecta los derechos soberanos que reclama y puede profundizar el conflicto bilateral.
Los cuatro requerimientos presentados ante el Tribunal
El primer punto de la solicitud pretende que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de las actividades de explotación hidrocarburífera correspondientes al proyecto Sea Lion.
El segundo requerimiento busca restringir la utilización de información geológica, geofísica y técnica obtenida durante las exploraciones realizadas en las áreas marítimas en disputa, cuando su utilización pueda perjudicar los derechos argentinos.
En tercer lugar, el Gobierno invocó los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, referidos a las obligaciones de proteger y preservar el medio marino y adoptar medidas destinadas a prevenir, reducir y controlar la contaminación.
Finalmente, Argentina pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos de explotación de recursos naturales o adoptar otras medidas unilaterales capaces de agravar la controversia.
Estos cuatro requerimientos serán examinados por el Tribunal, que podrá aceptarlos total o parcialmente, rechazarlos o disponer medidas diferentes.
El proyecto petrolero que profundizó el conflicto
El centro de la controversia es Sea Lion, un desarrollo petrolero situado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El emprendimiento es operado por Navitas Petroleum, compañía israelí que controla el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration posee el 35% restante.
El yacimiento fue descubierto en 2010 y, a fines de 2025, las empresas adoptaron la decisión final de inversión para su primera etapa.
El plan contempla la perforación inicial de once pozos submarinos y su conexión con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo.
De acuerdo con el cronograma empresarial, las perforaciones de desarrollo comenzarían durante 2027, mientras que la producción comercial está prevista para el primer trimestre de 2028.
Pese a los reclamos argentinos, las compañías han mantenido sus compromisos de inversión. El 7 de octubre, Rockhopper informó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación en la sociedad propietaria de una unidad flotante destinada al proyecto.
El antecedente de la Fragata Libertad
La presentación argentina tiene como antecedente el procedimiento utilizado en 2012 para obtener la liberación de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana por una controversia judicial relacionada con acreedores de la deuda argentina.
En aquella oportunidad, Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y obtuvo una resolución favorable que ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque.
La decisión fue adoptada aproximadamente un mes después de presentada la solicitud.
Si bien los fundamentos jurídicos son diferentes, ambos procedimientos comparten la utilización de medidas provisionales para proteger derechos mientras se desarrolla un arbitraje internacional.
Otro antecedente relevante corresponde a la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que se ordenaron restricciones a nuevas perforaciones petroleras en una zona marítima cuya delimitación estaba en discusión.
El alcance de una eventual resolución
Uno de los aspectos centrales que deberán examinar los jueces es la competencia del Tribunal para intervenir en una controversia vinculada con Malvinas.
La Convención del Derecho del Mar establece mecanismos de resolución de conflictos relacionados con la interpretación y aplicación de sus disposiciones, pero no concede competencia general para resolver disputas de soberanía territorial.
Por ese motivo, la estrategia argentina concentra su planteo en las obligaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales, la protección ambiental y la preservación de los derechos discutidos.
La posición argentina también se apoya en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, vinculadas con la existencia de la controversia de soberanía y la necesidad de evitar modificaciones unilaterales de la situación.
El Reino Unido, por su parte, rechaza el planteo argentino y sostiene que las actividades petroleras autorizadas en las islas se encuentran amparadas por la normativa aplicable.
Aunque una primera resolución podría conocerse durante noviembre, todavía no se anunció oficialmente una fecha para las audiencias ni para el pronunciamiento.
En caso de que el Tribunal disponga medidas provisionales, estas serán jurídicamente obligatorias para las partes conforme a la CONVEMAR.
La presentación abre así un nuevo capítulo en la disputa diplomática y jurídica por Malvinas, esta vez centrado en la explotación de recursos hidrocarburíferos y la protección de los espacios marítimos.
Con información de Infobae
Source link
