La amnistía es la fórmula para resolver el conflicto, pero no es la solución en sí

Casi una década después de haber huido de España para no ser encarcelado ni enjuiciado por intentar independizar a Cataluña del resto del país, el ex presidente catalán Carles Puigdemont está cada vez más cerca de poder volver al pago.

La orden de detención que pesaba sobre él desde 2017 cayó este martes después de que el Tribunal Constitucional determinara que el Tribunal Supremo debe aplicar la amnistía a la malversación, cuya inclusión dentro de la ley que borra los delitos estaba en discusión en España.

La malversación era el único delito por la cual el ex presidente catalán seguía procesado.

El juez Pablo Llerena levantó la orden de búsqueda, captura y detención pero aún se reserva para aplicarle la amnistía. Desea conocer la sentencia completa.

Puigdemont podría, de todos modos, regresar a España aunque su causa aún no se archivaría.

“Lo acordado hoy (por este martes) obliga a cerrar la etapa de represión política que se viene sufriendo desde hace más de nueve años por el simple hecho de haber votado por la independencia”, dijo el ex presidente catalán desde Bélgica, donde se refugió desde que huyó de España.

“La amnistía forma parte de la fórmula para resolver el conflicto histórico, pero no es la solución en sí misma”, apuntó.

“La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional supone una derrota de la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido la aplicación de una ley que lleva vigente dos años y meses”, señaló el ex presidente catalán.

La ley de amnistía fue parte del acuerdo de Pedro Sánchez con el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, para que los catalanes permitieran en el Parlamento la reelección de Sánchez en 2023.

Al conocer la decisión del Tribunal Constitucional y la retirada de la orden de detención, el presidente Pedro Sánchez celebró la aplicación de la ley que tanto erosionó a su gobierno por las críticas de quienes la consideraban -y aún hoy lo piensan- que la amnistía era inconstitucional. “Todas las medidas puestas en marcha por el gobierno de España no se hicieron pensando en un partido político, sino pensando en la convivencia de los catalanes”, dijo Sánchez este martes en una conferencia de prensa que dio después de la reunión de gabinete.

“Defendimos los indultos, defendimos la amnistía”, reunía insistía el presidente.

“Era un problema político que teníamos que resolver desde la política”, agregó.

Este martes, el mismo día que el Boletín Oficial del Estado publica la disolución del Parlamento y el adelanto electoral que Sánchez decidió después de que el partido de Puigdemont le bajara el pulgar a sus decretos sobre vivienda y alquiler, el Tribunal Constitucional resolvió que la malversación debe ser amnistiada.

La ley de amnistía se aprobó en 2024. Desde entonces, la interpretación de los jueces no permitió que fuera aplicada en su totalidad.

La malversación quedaba afuera de los delitos a borrar y para algunos jueces Puigdemont la cometió ya que utilizó dinero público para llevar a cabo el referéndum de autodeterminación ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia.

“Intentar la muerte política de líderes y activistas es propio de regímenes autoritarios e inaceptable en una democracia europea”, dijo Puigdemont.

Y aunque en su declaración denunció que “se ha competido en elecciones en clara desigualdad de condiciones”, no hizo ninguna mención a si será candidato o no en las elecciones del 29 de noviembre.

Tampoco aclaró cuándo podría regresar a España y abandonar su hogar en Waterloo, Bélgica, donde se instaló en un chalé de dos pisos al que bautizó Casa de la República.

Allí, hace unos años recibió a Clarín.

“Declarar la independencia puede ser ilegal. Pero ilegal no es delito”, afirmaba por entonces.