El Chaco ocupa el décimo lugar en incidencia de femicidios en un país con 200 víctimas

El Chaco se ubicó en el décimo lugar entre las provincias con mayor incidencia de femicidios, con una tasa de 1,02 casos cada 100 mil mujeres, según el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven.
El relevamiento, elaborado en colaboración con la Universidad Nacional del Delta, registró al menos 200 víctimas fatales de violencia machista en la Argentina entre el 1 de enero y el 29 de septiembre pasados.
El dato provincial muestra una posición diferente de la que el Chaco ocupó en otros informes difundidos este año, cuando figuró entre las jurisdicciones más afectadas. Sin embargo, el décimo puesto mantiene a la provincia dentro del grupo de mayor incidencia.
A nivel nacional, el observatorio contabilizó 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.
El conjunto equivale a una víctima fatal cada 33 horas.
También relevó 306 intentos de femicidio y femicidio vinculado, y al menos 202 niñas y niños que perdieron a sus madres.
La distribución mensual mostró que julio fue el mes con más víctimas fatales, con 28 casos. Le siguieron enero y septiembre, con 26 cada uno, y marzo, con 24. En junio se registraron 21 víctimas; en agosto, 20; en abril, 19; y en febrero y mayo, 18 en cada mes. Los datos de septiembre corresponden al relevamiento realizado hasta el día 29.

LA SITUACIÓN CHAQUEÑA
La tasa por población permite dimensionar la incidencia de estos crímenes más allá de la cantidad absoluta de víctimas. El décimo lugar de Chaco corresponde a los casos cada 100 mil mujeres.
El antecedente provincial más marcado fue difundido en junio por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
Según ese informe, sobre hechos ocurridos durante 2025, el Chaco había registrado once víctimas directas y una tasa de 1,80 cada 100 mil mujeres, la más elevada del país.
En el informe actual, Catamarca encabezó la incidencia con 2,29 casos cada 100 mil mujeres, seguida por Santiago del Estero, con 1,87, y Santa Fe, con 1,80. Detrás aparecieron La Rioja, con 1,52; Salta, con 1,49; Jujuy, con 1,46; Chubut, con 1,31; Corrientes, con 1,14; Entre Ríos, con 1,10; y el Chaco, con 1,02.
LOS AGRESORES Y LOS LUGARES
El vínculo con los agresores volvió a mostrar el peso de la violencia en las relaciones de pareja. En el 41,5% de los casos relevados, el agresor era la pareja de la víctima y, en otro 22,5%, su ex. Ambas categorías reunieron el 64% del registro nacional.
Otro 10% correspondió a familiares y el 5,5% a conocidos. Los desconocidos representaron el 3%, mientras que en el 17,5% no había información sobre el vínculo.
Las viviendas concentraron la mayoría de los hechos. El 41% ocurrió en la casa de la víctima y el 23,5% en el domicilio compartido con el agresor. Otro 7% se produjo en la vivienda del autor. En conjunto, esos espacios reunieron el 71,5% de los casos registrados.
La vía pública fue el escenario del 19,5%, mientras que el 9% restante correspondió a otros lugares o a hechos sin información disponible.
Los datos muestran que el espacio doméstico, donde debería existir protección, concentró una parte sustancial de la violencia letal relevada.

DENUNCIAS Y PROTECCIÓN
De las 200 víctimas incluidas en el informe, 28 habían realizado una denuncia previa, equivalentes al 14% del total.
Además, 17 contaban con medidas judiciales. Ambas cifras exponen situaciones en las que existían antecedentes conocidos o herramientas de protección que no impidieron los crímenes.
El observatorio reclamó que esas medidas tengan una aplicación efectiva y un seguimiento que permita responder frente al riesgo. «Mientras tanto, siguen fallando las respuestas que deberían proteger a las víctimas», sostuvo en el comunicado difundido junto con las estadísticas.
La organización también cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y vinculó el escenario con lo que describió como un desmantelamiento de los dispositivos destinados a prevenir y erradicar la violencia de género. Advirtió, en particular, que el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso no contempla partidas para programas como la Línea 144 y Acompañar.
El señalamiento forma parte del reclamo del observatorio por recursos para asistencia y prevención. Su conclusión fue contundente: «El Estado es responsable».
El registro de violencia extrema también incluyó hechos que no terminaron con la muerte de las víctimas.
El observatorio identificó 263 intentos de femicidio y 43 intentos de femicidio vinculado: 306 en total. Según la frecuencia informada por la organización, hubo un intento aproximadamente cada 25 horas.
A ello se sumó el impacto sobre las familias. Al menos 202 niñas y niños perdieron a sus madres por femicidios durante el período relevado.
Esa cifra permite observar consecuencias que continúan después de los crímenes y que requieren respuestas de cuidado, acompañamiento y protección.

RECUADRO: MÓNICA
HABÍA PEDIDO AYUDA
El observatorio puso el caso de Mónica Ligorria como ejemplo de las fallas en la protección.
La mujer (49) fue asesinada en septiembre por su expareja, Hernán Ayerbe, en Pilar.
Según el comunicado, había denunciado reiteradamente la violencia que sufría y contaba con una restricción perimetral y un botón antipánico.
La organización denunció que, cuando volvió a advertir que el agresor tenía un arma, no quisieron tomarle la denuncia.
También reprodujo la respuesta que habría recibido en la comisaría: «Hacé vida normal, la perimetral la tiene él». Días después, fue asesinada.
«Mónica había pedido ayuda. El Estado debía protegerla», expresó el observatorio.
El caso fue incluido en el informe para reclamar respuestas efectivas frente a las denuncias y medidas que protejan a quienes están expuestas a situaciones de violencia.

Advertencia sobre la figura penal

Ahora Que Sí Nos Ven también expresó preocupación por el planteo de la defensa de Andrés Di Césare ante la Corte Suprema.
Según informó la organización, el hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016. La joven (21) estaba embarazada.
El observatorio advirtió que una eventual interpretación restrictiva podría limitar la aplicación de la figura de femicidio a asesinatos cometidos por parejas o ex. El señalamiento se refiere a un riesgo que la organización atribuye al planteo judicial, no a una modificación ya resuelta por el tribunal.
«No se trata solo del caso de Julieta: está en juego cómo la Justicia reconoce, investiga y sanciona los femicidios en nuestro país», sostuvo el comunicado.