Julieta Campo exige que se trate en diputados la ley que da salida a 170 mil chaqueños asfixiados por deudas 

La diputada nacional chaqueña pidió que la Cámara avance este miércoles con la propuesta presentada junto a Lucía Cámpora (CABA) y Gabriela Estévez (Córdoba) para que las familias puedan renegociar sus deudas con tasas y plazos razonables. En Chaco, la morosidad alcanza al 18,6% del sistema crediticio y trepa al 36,6% entre quienes tienen deudas con billeteras virtuales.

La discusión sobre el endeudamiento de las familias volverá este miércoles al Congreso de la Nación, donde los bloques opositores buscan una sesión especial en la Cámara de Diputados que incluya el tratamiento de proyectos vinculados a la morosidad y las deudas. En ese marco, la diputada nacional por Chaco Julieta Campo reclamó que también se avance con la iniciativa de su autoría conocida como “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados”, presentada en en el mes de abril para establecer un mecanismo de renegociación de deudas de consumo. “Queremos que se trate nuestro proyecto para desendeudar a las familias chaqueñas”, sostuvo la legisladora.

La preocupación tiene un fuerte correlato en los datos de la provincia que, según información del Banco Central correspondiente a julio de 2026, la morosidad de las familias chaqueñas llega al 18,6% cuando se considera el sistema crediticio en su conjunto, por encima del 15,7% registrado a nivel nacional. La situación es todavía más crítica en las billeteras virtuales, donde la mora alcanza al 36,6% en Chaco, frente al 33,9% del promedio nacional. “El gobierno se niega a tratar el drama de los chaqueños: deudas para pagar la luz y para comer”, afirmó Campo.

El 69,7% de las personas con deudas irregulares tiene entre 25 y 54 años, es decir, se concentra principalmente en la población económicamente activa. El mayor número de incumplimientos se registra entre los 25 y los 34 años, con 51.709 personas afectadas, mientras que en las categorías de mayor gravedad son 109.396 los chaqueños en situación considerada irrecuperable y otros 42.877 en alto riesgo de insolvencia. “La deuda por sí misma no es negativa, sino que el problema es el destino de la deuda en la gestión libertaria porque los chaqueños se endeudan para pagar la luz, el alquiler, los medicamentos o la comida”, planteó la diputada.

El proyecto presentado por Campo propone que las personas cuyos compromisos financieros superen determinados porcentajes de sus ingresos puedan acceder a un proceso de reestructuración, con negociación obligatoria entre deudores y acreedores. La iniciativa contempla el congelamiento de intereses por mora, la suspensión de ejecuciones y embargos durante el proceso y la posibilidad de establecer nuevos plazos de pago acordes con la capacidad económica de cada hogar. “No se trata de perdonarle la deuda a nadie; es una propuesta de renegociación con tasas y plazos razonables”, explicó Campo.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el mecanismo alcance tanto a bancos como a proveedores no financieros de crédito y plataformas digitales, en un escenario donde las billeteras virtuales concentran los mayores niveles de morosdad. “No es justo no poder pagar las deudas y que el banco o la billetera virtual se devoren el sueldo entero, necesitamos una ley que le permita a las familias renegociar las deudas en plazos y tasas razonables”, indicó la diputada chaqueña. Para Campo, el debate del miércoles permitirá saber qué posición adopta cada legislador frente a una problemática que ya afecta a cientos de miles de personas y que, en Chaco, golpea especialmente a quienes necesitan endeudarse para sostener sus gastos cotidianos.

“Los diputados radicales y libertarios tienen que decidir si van a votar a favor o en contra de los 170 mil chaqueños asfixiados por deudas”, sostuvo Campo al poner el foco en la discusión que tendrá lugar en la Cámara. La diputada peronista remarcó que el objetivo de su proyecto no es eliminar las obligaciones financieras, sino generar condiciones para que puedan ser cumplidas sin que las familias queden atrapadas en una cadena de refinanciaciones e intereses crecientes. “Ya no se trabaja para vivir, sino para sobrevivir a la malaria; no es normal”, finalizó.