La diputada nacional de Unión por la Patria por el Chaco, Julieta Campo, cuestionó, en diálogo con LA VOZ DEL CHACO, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsado por el Gobierno y advirtió sobre sus posibles efectos en materia de empleo, desarrollo económico, crédito y financiamiento.
La legisladora señaló que la iniciativa elimina del mandato del organismo objetivos vinculados con el empleo y el desarrollo económico y restringe instrumentos destinados al financiamiento productivo y la asistencia financiera.
Asimismo, cuestionó la prohibición absoluta de financiamiento del Tesoro, las limitaciones a los mecanismos de intervención ante situaciones extraordinarias y las modificaciones previstas en los controles sobre el endeudamiento externo, entre ellas la derogación del artículo 61 de la Ley 24.156.
Campo también objetó el mecanismo previsto para la remoción de los integrantes del directorio del Banco Central y sostuvo que la exigencia de mayorías especiales podría dificultar que futuros gobiernos introduzcan cambios en la conducción del organismo.
-Diputada, ¿cuál es el principal riesgo que usted ve en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei?
-El principal riesgo es que esta reforma no se limita a ordenar el funcionamiento del Banco Central sino que busca fijar por ley una posición meramente ideológica y le quita al Estado herramientas para el desarrollo del país.
El proyecto concentra la misión del BCRA exclusivamente en preservar el valor de la moneda, elimina objetivos como el empleo y el desarrollo económico, restringe el crédito productivo y prohíbe de manera absoluta la asistencia al sector público en un contexto de caída del empleo y el salario, pymes que cierran, economías regionales que pierden competitividad y una pobreza que crece.
Tenemos un presidente que ganó las elecciones diciendo que iba a prender fuego al Banco Central y con este proyecto lo que busca es perpetuarse en él.
Establece un fuerte blindaje para el directorio y limita la acción de gobiernos elegidos democráticamente en el futuro.
En definitiva estamos frente a una reforma que despoja al Estado de herramientas de política económica y que condiciona severamente al próximo gobierno. Es un capítulo más del debilitamiento de la democracia en la Argentina.
-El Gobierno quiere que el BCRA tenga como prioridad preservar el valor de la moneda. ¿Por qué considera insuficiente este objetivo?
-Porque la estabilidad monetaria es necesaria, pero no puede ser el único objetivo de la política económica.
Un Banco Central también tiene que mirar qué sucede con el empleo, la producción, el crédito y el desarrollo. Podemos comparar esta propuesta con potencias mundiales como China o Estados Unidos que incorporan objetivos más amplios, centrándose también en el pleno empleo.
La pregunta que tenemos que hacernos es muy simple: ¿de qué sirve tener una moneda estable si para conseguirlo destruimos el empleo, la producción o las posibilidades de crecimiento? Una política monetaria responsable tiene que buscar estabilidad, pero también tiene que estar conectada con la economía real.
Disputa por el rumbo
de la política económica
-¿Qué consecuencias podría tener eliminar del mandato del Banco Central objetivos vinculados con el empleo y el desarrollo económico?
-La consecuencia es que el Banco Central quedaría legalmente orientado a perseguir la estabilidad monetaria sin tener que ponderar el impacto que sus decisiones generan sobre el empleo y la actividad económica.
Esta reforma promueve un ajuste monetario sin considerar el costo sobre salarios, empleo y producción lo cual termina siendo ficcional.
Además, el proyecto elimina herramientas de crédito dirigido y políticas diferenciadas para las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales.
Cómo construir estabilidad
-El oficialismo sostiene que terminar con la emisión para financiar el déficit es indispensable para bajar la inflación. ¿Qué responde frente a ese argumento?
-Que la relación entre emisión e inflación no puede presentarse como una verdad única y absoluta. El proyecto parte de la premisa de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Pero el propio análisis señala que existen otros factores: la puja distributiva, la inercia inflacionaria, el traslado del tipo de cambio a los precios, las restricciones externas y la estructura de los mercados.
Hay, además, un dato argentino muy concreto: en 2019, cuando gobernaba Macri, la emisión fue prácticamente nula y, sin embargo, la inflación superó el 50% anual.
Eso demuestra que la explicación no puede reducirse exclusivamente a la cantidad de dinero. La discusión seria no es «emisión sí o emisión no». La discusión es cómo construimos estabilidad monetaria sin destruir la actividad económica y el empleo.
-Usted advirtió que la reforma podría dejar a la Argentina más expuesta a los mercados financieros. ¿Por qué?
-Porque, al mismo tiempo que el proyecto restringe las herramientas de financiamiento público, reduce mecanismos de coordinación y control y abre nuevas posibilidades de financiamiento externo. Se abre de par en par la entrada de los que Cristina Kirchner, hace unos años, nombró como «terroristas financieros».
Organizaciones financieras que se comportan como verdaderos prestamistas de barrio, otorgando créditos impagables para luego cobrar tasas usurarias y condicionar la política de países como el nuestro, como viene haciendo el FMI desde que Macri lo trajo de nuevo a la Argentina.
Además, el proyecto habilita utilizar activos externos del Banco Central como garantía en operaciones propias de banca central y amplía la posibilidad de tomar préstamos con bancos internacionales. Entonces aparece una contradicción: se restringen herramientas soberanas de financiamiento mientras se abren otras vías de mayor dependencia del financiamiento externo.
Financiamiento, crédito y nuevas restricciones
-El proyecto busca prohibir que el Banco Central financie al Tesoro. ¿Por qué considera que esta medida puede ser perjudicial para el país?
-Porque la prohibición que propone el proyecto es absoluta y no contempla excepciones frente a situaciones extraordinarias.
Una pandemia, una catástrofe, una crisis financiera internacional o una emergencia económica pueden requerir que el Estado tenga herramientas extraordinarias de intervención. De hecho, durante las grandes crisis internacionales de 2008-2009 y la pandemia de 2020, bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra intervinieron comprando deuda pública y ampliando sus balances para evitar colapsos financieros.
Por eso, no se trata de defender la emisión ilimitada, sino de no quitarle al Estado una herramienta que puede resultar indispensable tanto para una emergencia como para el desarrollo y la creación de empleo.
-Si el BCRA no puede asistir al Tesoro, ¿qué herramientas debería tener el Estado para enfrentar una crisis económica o financiera?
-El Estado necesita conservar herramientas anticíclicas y de emergencia. El problema de este proyecto es que no solamente restringe la asistencia al Tesoro, sino que también reduce instrumentos vinculados al crédito, los redescuentos y otras formas de intervención.
La experiencia argentina de 2001 es ilustrativa: cuando el sistema financiero y el financiamiento tradicional colapsaron, Nación y provincias tuvieron que recurrir incluso a la emisión de cuasimonedas para afrontar la emergencia productiva y social.
Resulta insólito pensar que un país se prohíba a sí mismo herramientas para desarrollarse. Cualquiera diría que la norma se la dictaron desde afuera, intereses que no son argentinos.
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