Flores defendió una Justicia ambiental más activa para proteger las lagunas urbanas

En el marco del ciclo de charlas abiertas «La ciudad que habitamos», el juez Civil y Comercial del Chaco, abogado, docente universitario y escritor Julián Fernando Benito Flores, presentó un análisis detallado sobre uno de los procesos judiciales que, por sus características, consideró trascendentes para la construcción de un nuevo paradigma en materia de derecho ambiental: el caso de la laguna Francia-Altabe, en Resistencia.
Durante su exposición, Flores sostuvo que la resolución judicial representa un cambio en la forma tradicional de comprender la relación entre las personas, el territorio y los ecosistemas.
En ese sentido, planteó la necesidad de superar una concepción exclusivamente antropocéntrica del derecho para avanzar hacia una perspectiva en la que la naturaleza y los ecosistemas sean considerados sujetos que merecen protección jurídica.
«Esto es cambiar la mirada del mundo del antropocentrismo, el hombre como centro del universo, y pasar a tomar el ecosistema como el centro de nuestras vidas y como el centro de nuestras actividades», explicó.
El magistrado remarcó que el caso excede una discusión estrictamente vinculada con el urbanismo o la planificación territorial, ya que involucra cuestiones ambientales, hídricas, de participación ciudadana y de protección de las generaciones futuras.

Un conflicto que
comenzó con un
proyecto inmobiliario
Flores explicó que el conflicto judicial se originó a partir de una acción promovida por vecinos y propietarios linderos a la laguna Francia-Altabe, quienes cuestionaron movimientos de suelo, la instalación de una estructura y el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario en el entorno del sistema lacustre urbano.
En su exposición, identificó a Patagonia Construcciones como la empresa vinculada al proyecto y recordó que, antes de la acción impulsada por los vecinos, la firma había promovido otro amparo judicial para intentar obtener autorización para desarrollar el emprendimiento.
Según relató, aquel proyecto no contaba con los elementos que, a su criterio, resultaban necesarios para evaluar adecuadamente sus posibles impactos. «No tenían nada, ni estudio de impacto ambiental, ni el mínimo estudio de manejo del riesgo», afirmó.
El magistrado recordó que aquella primera acción fue rechazada en primera instancia y que posteriormente intervino la Cámara. Más allá de las diferentes instancias judiciales, Flores señaló que ese antecedente resultó relevante para comprender el conflicto posterior y la discusión sobre la posibilidad de construir en el entorno de la laguna.
Los vecinos, posteriormente, promovieron una nueva acción judicial cuestionando la autorización municipal y reclamando la aplicación de la normativa vigente.
En ese punto, Flores destacó la importancia de la ordenanza 12.383/17, cuyo artículo primero establece restricciones para los propietarios de inmuebles adyacentes a las lagunas.
Según explicó, la normativa no solamente apunta a preservar la capacidad de reservorio hídrico de estos espacios, sino también a proteger el paisaje. «Esta cuestión excede solamente lo que es urbanismo o planificación urbanística. Involucra ambiente, riesgo hídrico, participación ciudadana y generaciones futuras», sostuvo.
El ecosistema como
sujeto de derecho
Uno de los aspectos centrales de la exposición fue la consideración de la laguna Francia-Altabe como sujeto de derecho.
Flores explicó que este enfoque supone una transformación sustancial respecto de la concepción tradicional del derecho ambiental.
Ya no se trata únicamente de proteger la naturaleza porque resulta útil para las personas, sino de reconocer que los ecosistemas poseen un valor propio y deben ser preservados por sí mismos. «Ya no es más lo que el hombre puede hacer con él, sino que los ecosistemas valen de por sí», afirmó.
En esa línea, señaló que la sentencia adoptó un enfoque ecocéntrico y biocéntrico, según el cual la naturaleza deja de ser considerada un simple objeto de explotación o utilización humana.
«Como tiene condición de sujeto de derecho, tiene que ser protegido, conservado, mantenido, regenerado y restaurado ante el daño», explicó.
Para fundamentar este cambio de paradigma, Flores mencionó antecedentes internacionales, entre ellos la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, junto con su cuenca y los ecosistemas asociados.
El magistrado sostuvo que ese tipo de decisiones demuestra que el derecho puede asumir un papel activo en la defensa de los ecosistemas y generar mecanismos para garantizar su conservación.

Justicia ambiental y ausencia de un fuero específico
Flores señaló que actualmente no existe un fuero ambiental específico en la Justicia provincial y que, por esa razón, las herramientas constitucionales como la acción de amparo adquieren especial relevancia.
«Acá no existe el fuero ambiental en el Chaco», explicó, y agregó que el sistema constitucional permite que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otras instituciones vinculadas con la protección ambiental puedan promover acciones judiciales.
Para el magistrado, el desafío institucional debería ser avanzar hacia una Justicia especializada. «Lo ideal sería llegar algún día a una Justicia que tenga solamente fuero ambiental», planteó.
No obstante, destacó que la ausencia de un fuero específico no significa que los jueces carezcan de herramientas para intervenir ante situaciones que puedan afectar el ambiente.

Prevención, precaución y equidad intergeneracional
La sentencia, explicó Flores, se sustentó en diferentes principios del derecho ambiental, entre ellos los de prevención, precaución y equidad intergeneracional.
El principio de prevención, señaló, se aplica cuando existe conocimiento suficiente acerca del riesgo que determinada actividad puede generar. «Cuando tengo certezas, aplica el principio preventivo y actúo», explicó.
En el caso de la laguna Francia-Altabe, sostuvo que existían antecedentes sobre afectaciones a su capacidad de reservorio, construcciones y rellenos que justificaban la necesidad de adoptar medidas preventivas.
Distinto es el principio precautorio, que entra en juego cuando no existe certeza científica absoluta sobre el alcance de un eventual daño.

El Acuerdo de Escazú y la participación ciudadana

Flores dedicó también una parte importante de su exposición al Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que establece garantías vinculadas con el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la Justicia.
«El Acuerdo de Escazú tiene una triple participación: participación ciudadana, acceso a la información y acceso a la Justicia», explicó.
En ese sentido, destacó que una decisión administrativa o municipal que autorice un determinado emprendimiento no agota la posibilidad de realizar un control ambiental.
«Por más que haya una autorización administrativa o municipal, nunca debe agotarse ahí el control ambiental que nos corresponde a todos realizar», sostuvo.
Para Flores, el análisis de cualquier proyecto que pueda afectar un ecosistema debe incorporar variables relacionadas con el bienestar humano, la preservación ambiental, la prevención y la sostenibilidad.
Y resumió ese criterio en una pregunta que consideró fundamental: «¿Qué puede soportar el ecosistema sin perder sus funciones esenciales?»
Según el juez, ese interrogante debe reemplazar a la pregunta tradicional sobre qué puede hacer un propietario con su terreno. «Ya no hay que preguntarse qué puedo hacer yo con mi terreno y qué puedo construir. La pregunta es qué puede soportar el ecosistema sin perder sus funciones esenciales», enfatizó.

Magnano llamó a fortalecer la planificación urbana

Durante su exposición, Magnano realizó un extenso recorrido histórico sobre la conformación territorial del Gran Resistencia, las sucesivas inundaciones que marcaron el desarrollo de la ciudad y la importancia de fortalecer los sistemas de prevención frente a escenarios climáticos cada vez más complejos.

Un territorio construido
sobre un valle de inundación
La especialista comenzó repasando los orígenes del territorio chaqueño y recordó que las características geográficas de la región condicionaron desde el inicio el proceso de ocupación humana y urbanización.
En ese sentido, explicó que la actual área metropolitana se desarrolló sobre un territorio atravesado por lagunas, esteros y zonas bajas, características que históricamente dificultaron las tareas de mensura y colonización.
«Gran parte del territorio sobre el que estamos asentados corresponde al río Paraná. No estamos hablando de cualquier río, sino de uno de los sistemas hídricos más importantes de Sudamérica», sostuvo Magnano al describir la complejidad geomorfológica de la región.
La arquitecta recordó que ya en los primeros registros de la colonización se describían inundaciones de gran magnitud y extensas áreas cubiertas por agua, fenómeno que continuó repitiéndose a lo largo de la historia de Resistencia.

Las inundaciones que marcaron
la historia chaqueña
Magnano repasó algunos de los eventos hídricos más significativos que afectaron al Gran Resistencia. Entre ellos mencionó la inundación de 1905, cuyos efectos quedaron reflejados incluso en la arquitectura de las viviendas históricas de la ciudad.
«Muchas de las casas antiguas conservan varios escalones de acceso porque estaba muy presente en la memoria colectiva hasta dónde había llegado el agua cuando aún no existían defensas», explicó. Posteriormente recordó la inundación de 1966, una de las más recordadas por los habitantes de la capital chaqueña.
«Fue una inundación que los viejos de Resistencia recuerdan muy bien. Se llegaba en lancha hasta sectores céntricos de la ciudad», señaló. Sin embargo, destacó que el episodio más traumático ocurrió en 1982 tras la rotura del dique regulador.
Según explicó, la presión ejercida por una extraordinaria crecida del Paraná provocó el colapso de la estructura y generó una inundación masiva en pocas horas.
«El Paraná alcanzó los 8,60 metros y la presión del agua terminó levantando la fundación del dique. Gran parte de Resistencia quedó inundada en apenas dos horas», recordó.
La especialista señaló que aquel desastre impulsó posteriormente la ejecución de gran parte de las obras de defensa que actualmente protegen al área metropolitana.

Cómo funciona
el sistema
de defensas
Uno de los ejes centrales de la exposición estuvo dedicado a explicar el complejo sistema de protección hídrica que resguarda a Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas.
Magnano detalló que la infraestructura se compone de defensas frontales sobre el Paraná, diques reguladores, estaciones de bombeo y sistemas de derivación que permiten evacuar los excedentes hídricos.
«Cuando el Paraná crece se cierran las compuertas y entran en funcionamiento las estaciones de bombeo que trasladan el agua desde el río Negro hacia el Paraná», explicó.
Asimismo destacó la importancia estratégica del dique de laguna Blanca, obra diseñada para derivar excedentes del río Negro hacia el río Salado cuando el caudal supera la capacidad de conducción del sistema.
Según indicó, este canal derivador constituye una pieza clave para evitar situaciones de colapso durante eventos climáticos extremos.

La amenaza
de El Niño
Al referirse al actual escenario climático, Magnano advirtió que el fenómeno de El Niño podría generar precipitaciones superiores a las habituales tanto en la cuenca alta del Paraná como en la región nordeste argentina.
«Cuando se produce un fenómeno como El Niño toda la región se ve comprometida porque aumentan las lluvias en Paraguay, Brasil y también en nuestro territorio», afirmó.
La arquitecta explicó que el riesgo no solo está vinculado al crecimiento de los grandes ríos sino también a la acumulación de agua de lluvia dentro del propio sistema urbano. Por ello insistió en la necesidad de mantener en óptimas condiciones los mecanismos de bombeo, las compuertas y los terraplenes de defensa.

Capacitación y mantenimiento permanente
Durante su exposición, Magnano remarcó que el correcto funcionamiento del sistema de defensas depende no solo de la infraestructura sino también de la capacitación constante del personal responsable de operarla. «Es un sistema complejo. No alcanza con encender una bomba. Hay que controlar tableros, compuertas, estaciones de bombeo y verificar permanentemente el estado de las obras», sostuvo.

Ocupación de humedales y a
la especulación inmobiliaria
Otro de los puntos destacados de la conferencia fue el análisis sobre el crecimiento urbano y las transformaciones del suelo en el área metropolitana.
Magnano advirtió sobre los riesgos que implica el relleno de lagunas, la ocupación de zonas bajas y la alteración de humedales que históricamente funcionaron como reservorios naturales.

Aguirre Madariaga: «Tenemos que proteger las defensas»

Eduardo Aguirre Madariaga advirtió sobre los riesgos de seguir expandiendo Resistencia sobre un territorio marcado históricamente por las inundaciones.
Planteó la necesidad de proteger las defensas, preservar las lagunas y comenzar a planificar el crecimiento urbano hacia zonas menos expuestas. «Planificar el futuro es minimizar los riesgos», sostuvo.
En el marco del segundo encuentro del ciclo de charlas abiertas «La ciudad que habitamos», el agrimensor nacional y especialista en gestión del ambiente, el paisaje y el patrimonio Eduardo Aguirre Madariaga realizó una extensa exposición sobre la relación histórica entre Resistencia y el agua.
Su planteo central fue que la ciudad se desarrolló durante más de un siglo sobre un territorio naturalmente vulnerable, pese a las reiteradas señales que dieron las grandes crecientes y las inundaciones.
Aguirre Madariaga propuso revisar la manera en que se piensa el crecimiento urbano y llamó a dejar de considerar las inundaciones como hechos excepcionales. «Hace más de 100 años insistimos en vivir en un recinto», señaló al referirse al sistema de defensas que rodea a Resistencia y a la progresiva ocupación de espacios que originalmente funcionaban como reservorios naturales.

Una historia marcada por las crecientes
Para dimensionar el riesgo, el especialista repasó antecedentes históricos de grandes inundaciones registrados en crónicas de viajeros, libros de historia y estudios hidrológicos. Según explicó, los primeros registros conocidos se remontan al siglo XVI.
«Si vamos más atrás, mucho más atrás, podemos ver que estos son datos sacados de crónicas, de viajeros, libros de historia, libros de hidrología», explicó. En ese recorrido ubicó una de las primeras grandes crecientes documentadas en 1537, cuando una expedición que navegaba hacia el norte se encontró con una extraordinaria cantidad de agua en la zona del Paraná.
También mencionó otra creciente registrada en 1574, cuando una expedición proveniente de Asunción intentó avanzar hacia el territorio chaqueño y debió regresar debido a las condiciones climáticas y al importante aumento del caudal de los ríos.
Aguirre Madariaga sostuvo que los estudios hidrológicos permiten reconstruir la magnitud de algunas de aquellas crecidas históricas. Incluso mencionó estimaciones que ubicarían determinadas marcas por encima de los 10,50 metros, una altura superior a la registrada durante la histórica inundación de 1982.