Jorge Capitanich: «El problema no es la propiedad, sino el acceso de los pobres»

El senador nacional rechazó el proyecto de «Ley de inviolabilidad de la propiedad privada» que analiza el Senado de la Nación remarcando que el principal problema del país es la falta de acceso de millones de familias a la propiedad formal de la tierra. Basó su planteo en datos del Registro Nacional de Barrios Populares, que identifica 6.467 villas y asentamientos donde viven cerca de 5 millones de personas, la mayoría sin título de propiedad y con graves carencias de servicios básicos. Cuestionó la ampliación de los plazos para la regularización dominial, la derogación de disposiciones de la Ley 27.453 y los cambios procesales previstos para los desalojos.

El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, cuestionó el proyecto denominado «Ley de inviolabilidad de la propiedad privada», en tratamiento en el Senado de la Nación, al sostener que el debate debería enfocarse en las dificultades que enfrentan millones de personas para acceder a la titularidad de la tierra.
El legislador afirmó que «el problema no es la propiedad privada es el acceso de los pobres a la propiedad» y remarcó que la discusión legislativa debe contemplar la realidad de los barrios populares y las condiciones de acceso al derecho de propiedad en todo el país.
Para respaldar esa posición, Capitanich citó datos del Registro Nacional de Barrios Populares, que contabiliza 6.467 villas y asentamientos en la Argentina, según el último relevamiento oficial de abril de 2024. Señaló que en esos espacios viven cerca de cinco millones de personas, equivalentes a aproximadamente 1.2 millones de familias, distribuidas sobre una superficie de 590 kilómetros cuadrados, una extensión que representa casi tres veces el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
El legislador también describió las condiciones de infraestructura de esos barrios y destacó que dos de cada tres hogares carecen de acceso formal al servicio de electricidad, mientras que nueve de cada diez no cuentan con agua potable de red.
Asimismo, indicó que el 99% de las viviendas no dispone de redes cloacales ni de gas domiciliario y que la casi totalidad de las familias habita inmuebles sin título formal de propiedad.
A partir de esos indicadores, Capitanich enfatizó: «Ese es el problema de propiedad de la Argentina».
En esa línea, afirmó que el principal desafío no reside en una supuesta amenaza al derecho constitucional de propiedad, sino en la imposibilidad de millones de familias de acceder a un título que les otorgue seguridad jurídica, acceso al crédito y condiciones de arraigo.

EL ANÁLISIS DEL PROYECTO EN DEBATE
El senador también analizó el contenido de la iniciativa impulsada por el oficialismo, remarcando que la propuesta produce un efecto opuesto al objetivo que declara perseguir. En ese sentido, expresó: «frente a ese cuadro, ¿qué hace el proyecto oficial? Exactamente lo contrario de lo que promete», insistiendo en que el texto modifica los plazos previstos por la Ley 24.374 para la regularización dominial.
El senador nacional remarcó que el proyecto eleva de tres a diez años el período de posesión exigido para que los ocupantes de buena fe puedan acceder al proceso de regularización.
Además, señaló que, al no modificarse el artículo 8 de esa norma, el beneficiario recién consolidaría el título a los veinte años, plazo que coincide con el previsto para la prescripción adquisitiva en el Código Civil y Comercial.
En ese marco, Capitanich afirmó que esa modificación «vacía de contenido el instituto» de regularización dominial. Asimismo, cuestionó que la iniciativa disponga la derogación del Capítulo III de la Ley 27.453, al señalar que se trata del único régimen específico destinado a la regularización dominial para la integración socio-urbana de los barrios populares.
Finalmente, el legislador sostuvo que las modificaciones propuestas eliminan herramientas vigentes orientadas a facilitar el acceso a la propiedad para los sectores más vulnerables.
Según expresó, el nuevo esquema normativo debilita los instrumentos creados para avanzar en la formalización de la tenencia de la tierra y en la integración de los barrios populares al tejido urbano formal.

Cambios en el régimen procesal

Capitanich también cuestionó la reforma procesal incorporada al proyecto. Explicó que los nuevos artículos 679 a 686 bis del Código Procesal Civil y Comercial establecen un mecanismo de restitución inmediata de inmuebles sin diferenciar las distintas situaciones de ocupación.
El legislador sostuvo que la iniciativa otorga el mismo tratamiento procesal tanto a quienes usurpan un inmueble como a las familias locatarias que atraviesan una situación transitoria de insuficiencia de ingresos.
Asimismo, indicó que esa equiparación constituye uno de los principales cuestionamientos incluidos en el dictamen de minoría presentado por el bloque opositor.
El senador explicó que la propuesta alternativa fija un plazo de cinco días para los casos de usurpación, mientras que contempla hasta 180 días para quienes mantienen un vínculo contractual, con intimación fehaciente para constituir lugar de pago.
Además, señaló que el dictamen preserva la vigencia del artículo 684, que establece la notificación obligatoria a sublocatarios y ocupantes indirectos, disposición que el proyecto oficial elimina.
En ese marco, Capitanich subrayó: «Confundir a un usurpador con una familia en situación de vulnerabilidad económica no fortalece el derecho de propiedad; debilita el principio de justicia que debe inspirar su protección». Con esa definición sintetizó las diferencias que, a su criterio, deben contemplarse en los procesos de restitución de inmuebles.

DICTAMEN DE MINORÍA
Capitanich informó que el bloque presentó un dictamen de minoría que propone rechazar el proyecto oficial y declarar la emergencia nacional en materia de regularización dominial urbana y rural. Según explicó, la iniciativa busca priorizar el acceso efectivo a la titularidad de la tierra mediante instrumentos específicos de regularización.
Entre las medidas previstas, mencionó el mantenimiento del plazo de tres años establecido por la Ley 24.374 para la regularización dominial y la modificación de los artículos 6 y 8 de esa norma. Precisó que el objetivo es implementar un procedimiento digital, abierto y sumarísimo que facilite el perfeccionamiento de los títulos de propiedad.
El legislador sostuvo que esas modificaciones permitirían agilizar los trámites administrativos y brindar mayor seguridad jurídica a quienes reúnen las condiciones para acceder a la regularización dominial.
En ese sentido, vinculó la propuesta con el fortalecimiento de los mecanismos destinados a ampliar el acceso a la propiedad formal.
Asimismo, señaló que la regularización dominial constituye una política pública vinculada al desarrollo social, el acceso al crédito y la consolidación del arraigo familiar. Afirmó que esos aspectos forman parte del proceso de integración de los barrios populares al tejido urbano formal.

Facilitar la titularización

Capitanich afirmó que «si de verdad se quiere defender la propiedad privada, el camino es titularizar a quienes no la tienen, no alargarles el horizonte a 20 años». En esa línea, sostuvo que la prioridad debe ser facilitar el acceso a los títulos de propiedad de las familias que aún carecen de ellos.
«El acceso a la propiedad no es una consigna; es la política pública más profundamente reparadora que este Congreso puede sancionar», concluyó.
Con esa definición sintetizó la postura que sostuvo durante el debate parlamentario, en la que planteó que la discusión sobre la propiedad privada debe centrarse en la regularización dominial y en el acceso efectivo a la titularidad de la tierra.
Asimismo, cuestionó las modificaciones previstas en el proyecto oficial, defendió la continuidad de los mecanismos vigentes de regularización y ratificó la propuesta contenida en el dictamen de minoría, que impulsa la declaración de la emergencia nacional en materia dominial y la simplificación de los procedimientos para la obtención de títulos de propiedad.