La mañana de ayer comenzó con una postal reiterada en las calles del Gran Resistencia: paradas repletas de personas esperando colectivos que nunca llegaron.
La sorpresiva medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco paralizó completamente el transporte urbano e interurbano debido al incumplimiento en el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), situación que dejó sin movilidad a miles de trabajadores, estudiantes y vecinos que intentaban cumplir con sus actividades habituales.
El conflicto se destrabó cerca del mediodía, luego de que las empresas comunicaran el ingreso de la asistencia financiera que permitió completar el pago del aguinaldo a los choferes. A partir de esa confirmación, el gremio ordenó el levantamiento del paro y la reanudación progresiva de los servicios desde las 13.
El secretario general de la UTA Chaco, Raúl Abraham, confirmó la decisión en contacto con LA VOZ DEL CHACO y explicó que la normalización dependía únicamente de los tiempos bancarios para que los fondos impactaran en las cuentas de los trabajadores.
«Hace 20 minutos los empresarios nos comunicaron que ingresó la asistencia financiera del Gobierno. Eso lleva un proceso del banco que demorará una hora o dos para que impacte en la cuenta de cada trabajador. Ya instruimos que restablezcan de forma inmediata todos los servicios», dijo el dirigente.
La normalización comenzó de manera gradual en las distintas líneas que operan en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, aunque durante varias horas el área metropolitana permaneció prácticamente sin transporte público.
Una mañana de incertidumbre
El paro sorprendió a la mayoría de los usuarios, quienes se encontraron con la ausencia total de colectivos desde las primeras horas del día. Muchos trabajadores debieron recurrir a remises, aplicaciones de transporte o motocicletas para llegar a sus empleos, mientras que otros simplemente no pudieron trasladarse.
La situación afectó especialmente a quienes dependen exclusivamente del servicio público para movilizarse, exponiendo una vez más la fragilidad de un sistema que desde hace meses atraviesa dificultades financieras y operativas.
Desde el sindicato aclararon que los choferes permanecieron en las cabeceras durante toda la jornada y que, una vez acreditados los fondos, pudieron retomar rápidamente las prestaciones.
El aguinaldo, detonante
Aunque el paro se originó por la falta de pago del medio aguinaldo, Abraham sostuvo que el problema trasciende esa situación puntual y responde a un deterioro estructural que viene profundizándose desde hace tiempo. «Yo no te digo que el sistema está en emergencia; está en decadencia.
Esto en cualquier momento desaparece si continuamos de esta manera», afirmó.
Para el dirigente, el transporte público atraviesa una crisis que involucra al Estado, a las empresas y a todos los actores vinculados con la actividad. «Hay que tomar con responsabilidad todos los sectores: empresarios, Gobierno principalmente, que es el poder concedente, y después ver cómo se puede hacer algo que redunde en beneficio del trabajador y también del usuario», sostuvo.
En ese sentido, remarcó que los principales perjudicados son quienes utilizan diariamente el servicio. «Los usuarios vienen sufriendo desde hace muchísimo tiempo las consecuencias de un pésimo servicio, muy distinto al que existía antes.
Acá tiene que haber voluntad entre todas las partes; si seguimos trabajando de manera sectorial, estamos todos destruidos», opinó.
La incertidumbre por el futuro
Uno de los aspectos que más preocupación genera dentro del gremio es la incertidumbre respecto de la continuidad de algunas empresas prestatarias.
Abraham recordó que la situación de Ersa y de otras compañías mantiene en vilo a cientos de trabajadores. «No sabemos si estas empresas van a continuar. Ersa no sabe si sigue y ahí hay unos 240 trabajadores. Lo mismo puede ocurrir con TCM, donde hay otros 220 empleados. Estamos hablando prácticamente del 80 por ciento de la prestación del sistema», explicó.
El dirigente consideró que detrás del debate sobre la continuidad de las empresas existe un problema social mucho más amplio: «¿Qué va a pasar con toda esa gente? No solamente con los trabajadores, sino también con los usuarios que dependen del transporte todos los días».
Los sectores más vulnerables
Durante la entrevista, Abraham hizo especial hincapié en las consecuencias que tendría un eventual colapso del sistema para quienes no cuentan con alternativas de movilidad. «Muchos hablan de servicios alternativos, pero se olvidan de las personas con discapacidad, de los estudiantes, de los jubilados, de los beneficiarios de atributos sociales y de quienes menos tienen», sostuvo.
En esa línea, remarcó que el transporte público cumple una función social que no puede medirse únicamente desde el punto de vista económico. «Ellos no van a ser trasladados gratuitamente por otros servicios. Ahí está el problema. Por eso hay que cuidar muchísimo el transporte público de pasajeros», afirmó.
Asimismo, advirtió sobre el crecimiento del uso de motocicletas como consecuencia de la falta de colectivos. «La gente termina viajando dos, tres o cuatro personas en una moto, poniendo en riesgo su vida por necesidad, no porque quiera hacerlo. Tenemos la obligación de encontrar una solución», expresó.
Reclamos al Gobierno
Consultado sobre la relación con el gobierno provincial y el pago de subsidios al sistema, Abraham evitó responsabilizar exclusivamente a una de las partes y pidió mayor transparencia. «El empresario dice una cosa y el Gobierno dice otra. Todo tiene que salir a la luz. La sociedad tiene derecho a saber quién dice la verdad y cuál es la situación real del transporte», afirmó.
El dirigente consideró que la reunión mantenida recientemente con funcionarios provinciales fue positiva, aunque aclaró que ahora esperan respuestas concretas. «Hablar siempre es importante, pero ahora falta que se cumpla. Los resultados tienen que verse en los hechos», sostuvo.
ERSA y un escenario incierto
En relación con la decisión de Ersa de dejar de operar algunas líneas del servicio urbano, Abraham indicó que la empresa continuará sólo de manera transitoria mientras se define un nuevo esquema de concesiones.
No obstante, advirtió que todavía no existe certeza sobre quién asumirá la prestación una vez concluido ese proceso. «Todo tiene un proceso y no sabemos quién va a venir en el contexto actual del transporte.
La empresa sostiene que necesita asistencia financiera para mantenerse hasta fin de año y, al no obtener respuestas, decidió abandonar algunas líneas porque considera que son deficitarias», explicó.
Para el sindicalista, esa situación incrementa la incertidumbre de cientos de familias. «Los trabajadores ya están con salarios inferiores y suspensiones. No sabemos hasta dónde vamos a llegar con este tema. Sería importante que el Gobierno encuentre rápidamente una solución», sostuvo.
crisis que excede
el salario
Aunque el paro de ayer logró resolverse luego de la acreditación de los fondos para el aguinaldo, las declaraciones del titular de la UTA dejaron en evidencia que el conflicto difícilmente quede cerrado.
La dependencia de las asistencias financieras, la incertidumbre empresarial, la demora en las paritarias, el deterioro del servicio y la falta de definiciones sobre el futuro del sistema configuran un escenario complejo que mantiene en alerta tanto a trabajadores como a usuarios.
La normalización del servicio permitió aliviar una jornada marcada por largas esperas, complicaciones para llegar al trabajo y trastornos en toda el área metropolitana.
Sin embargo, las advertencias formuladas por el gremio reflejan que la solución alcanzada ayer respondió únicamente a una urgencia salarial y que los problemas estructurales del transporte público continúan sin resolverse.
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