La diputada provincial María Pía Chiacchio Cavana presentó un proyecto de ley orientado a fortalecer el funcionamiento de los Espacios Convivenciales Alternativos (ECA), instituciones destinadas al alojamiento y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes que atraviesan medidas excepcionales de protección como consecuencia de situaciones de vulneración de derechos. La iniciativa propone la incorporación de herramientas específicas destinadas a mejorar las condiciones de cuidado y garantizar estándares adecuados en los dispositivos bajo responsabilidad estatal.
La propuesta legislativa fue elaborada con acompañamiento técnico de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación y cuenta con el respaldo de la totalidad de las diputadas y diputados que integran el Bloque Justicialista.
El proyecto busca brindar un marco normativo específico para regular aspectos vinculados al funcionamiento de los hogares de protección y fortalecer las políticas públicas destinadas a la infancia y la adolescencia.
El planteo surge en un contexto de revisión del sistema de protección integral de derechos, impulsado por distintas observaciones formuladas por organismos especializados. En ese marco, la iniciativa procura consolidar mecanismos institucionales que permitan mejorar la calidad de las prestaciones brindadas a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo resguardo estatal.
La presentación del proyecto coincide además con una etapa en la que diversos sectores vinculados a la protección de la infancia vienen promoviendo reformas destinadas a optimizar los dispositivos de cuidado alternativo. La propuesta legislativa busca transformar esas demandas en una herramienta jurídica concreta que establezca pautas claras para el funcionamiento de los establecimientos existentes en la provincia.
EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y LAS RECOMENDACIONES PREVIAS
La iniciativa estriba en la sentencia judicial referida al ECA N°1 de Resistencia que expuso graves falencias en las condiciones de cuidado de niñas y niños alojados en esa institución y exhortó expresamente al Poder Legislativo a avanzar en la sanción de una normativa específica destinada a regular este tipo de espacios.
La resolución judicial se sumó a observaciones y recomendaciones realizadas por organismos especializados que vienen señalando la necesidad de fortalecer el sistema de protección integral de derechos. En ese contexto, el proyecto incorpora diversos aspectos sugeridos por instituciones vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez y por actores que participan en el seguimiento de las políticas públicas del sector.
Asimismo, el proyecto retoma recomendaciones surgidas tanto del ámbito judicial como de organismos especializados en infancia, procurando dotar a la provincia de instrumentos que permitan fortalecer la calidad de los cuidados brindados en los dispositivos convivenciales alternativos y mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran bajo protección estatal.
Tratamiento legislativo
«Cuidar no es alojar. Cuidar es garantizar derechos, construir comunidad y generar puentes y oportunidades para que cada chico y cada chica pueda imaginar un futuro posible. Cuando el Estado asume el cuidado de una infancia, también asume la responsabilidad de acompañar su presente y ayudar a construir su futuro», manifestño la legisladora.
La propuesta comenzará ahora su tratamiento legislativo con el propósito de dotar a la provincia de una normativa específica orientada a fortalecer los espacios de cuidado alternativo. El proyecto busca establecer reglas claras para el funcionamiento de los hogares, consolidar mecanismos de supervisión y garantizar mejores condiciones para niñas, niños y adolescentes bajo protección del Estado.
De acuerdo con los objetivos planteados, la iniciativa procura generar un marco institucional que permita mejorar las condiciones de cuidado, promover la restitución de derechos y fortalecer los procesos de acompañamiento integral.
» Definiciones
Al referirse a los fundamentos de la iniciativa, María Pía Chiacchio Cavana expresó: «Cuidar a una niña o a un niño implica mucho más que brindar alojamiento. Implica generar condiciones para que pueda desarrollarse, construir vínculos, acceder a derechos y proyectar un futuro».
La legisladora señaló además que la propuesta no tiene como finalidad cuestionar el trabajo realizado por quienes integran diariamente el sistema de protección. En ese sentido, sostuvo que el objetivo consiste en fortalecer una política pública que cumple un papel relevante para cientos de niñas, niños y adolescentes de la provincia.
Respecto del origen del proyecto, afirmó: «Este proyecto nace escuchando a quienes trabajan todos los días en el sistema, a los organismos especializados y también a la Justicia. La sentencia sobre el ECA N°1 nos interpela y nos plantea una responsabilidad concreta: revisar qué está pasando, cuáles son las condiciones en las que viven muchos chicos y chicas bajo protección estatal y qué herramientas necesitamos para mejorar esas realidades».
En la misma línea, agregó: «No se trata de buscar culpables ni de señalar responsables individuales. Se trata de asumir que existen desafíos pendientes y que cada mejora que hagamos en el sistema es una oportunidad para prevenir situaciones de violencia, abandono y exclusión, y para garantizar más derechos y más oportunidades».
Los principales
ejes del proyecto
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentra la definición de estándares mínimos vinculados con habitabilidad, salud, educación, recreación e inclusión comunitaria. Estos criterios buscan asegurar que los Espacios Convivenciales Alternativos cuenten con condiciones adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes alojados en ellos.
El texto también contempla la creación de un Registro Provincial de Espacios Convivenciales Alternativos, instrumento que permitirá sistematizar información sobre las instituciones alcanzadas por la normativa. De manera complementaria, incorpora mecanismos destinados a fortalecer las tareas de supervisión, seguimiento y control de los establecimientos.
Otro de los aspectos destacados es la implementación de planes individuales de acompañamiento y restitución de derechos para cada niña, niño y adolescente. La propuesta prevé que cada situación sea abordada de manera particular, con estrategias específicas orientadas a garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales.
La iniciativa incorpora además disposiciones destinadas a fortalecer los vínculos familiares y afectivos, preservar la convivencia entre hermanos cuando ello resulte posible y promover el acceso a la salud mental. Asimismo, establece herramientas de acompañamiento para adolescentes que transitan procesos de construcción de autonomía y preparación para el egreso de los hogares.
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