El dolor y la indignación volvieron a las calles en una nueva marcha de Ni Una Menos

A 11 años de la primera movilización que cambió para siempre la agenda pública sobre la violencia de género en la Argentina, miles de mujeres volvieron a ocupar este miércoles las calles en todo el país, a para renovar el reclamo de justicia, prevención y políticas públicas bajo la consigna de Ni Una Menos y la provincia no fue la excepción.
En la capital chaqueña, la marcha reunió a organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles, sociales, colectivos de diversidad, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de femicidios, quienes se concentraron durante la tarde en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Vélez Sársfield para luego recorrer el centro de la ciudad hasta la plaza 25 de Mayo y distintos organismos públicos.
La movilización estuvo atravesada por un fuerte cuestionamiento a la situación actual de las políticas de género, el aumento de las violencias contra mujeres y diversidades y la demanda de justicia en casos recientes que conmocionaron a la provincia.
Las consignas centrales de la jornada fueron «Ni una menos por el ajuste», «Ni una menos por la violencia machista», «Vivas, libres y con presupuesto nos queremos» y «Ni una menos marchamos contra el Estado hambreador y femicida», expresiones que sintetizaron las preocupaciones planteadas por las organizaciones convocantes.
La movilización estuvo atravesada además por la conmoción que generó en todo el país el femicidio de Agostina Vega, la adolescente (14) asesinada en Córdoba, un caso que volvió a poner en evidencia las falencias en los mecanismos de búsqueda, protección y prevención de las violencias por motivos de género.
Su asesinato se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de este nuevo aniversario de Ni Una Menos y fue mencionado en numerosos documentos y pronunciamientos de organizaciones feministas, que advirtieron sobre la persistencia de una problemática que continúa cobrándose vidas en todo el territorio nacional.
La fecha tuvo además un fuerte contenido simbólico. El 3 de junio de 2015, tras el femicidio de Chiara Páez (14), una adolescente santafesina, una multitud salió a las calles en distintos puntos del país para decir basta a los asesinatos de mujeres por razones de género. Once años después, ese reclamo sigue vigente.

Las cifras del machismo
Según datos difundidos por el Observatorio de las Violencias de Género Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), desde aquella primera movilización hasta el 30 de mayo de 2026 se registraron 3.096 femicidios en la Argentina.
Las organizaciones señalaron que detrás de cada cifra existe una historia, una familia atravesada por el dolor y una demanda pendiente de justicia.
Durante la jornada, también se conocieron datos sobre la situación provincial. El Observatorio Luisa Bautista informó que durante 2026 se registraron femicidios que dejaron víctimas en Quitilipi y Puerto Vilelas, además de niñas, niños y adolescentes alcanzados por la Ley Brisa, la reparación económica destinada a hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género.
«Cada nombre representa una vida arrebatada. Cada víctima merece memoria, justicia y reparación», remarcaron desde el observatorio en el documento difundido en el marco de la movilización.
La marcha avanzó por las calles céntricas acompañada por cánticos, carteles, fotografías de víctimas y pancartas con reclamos vinculados no sólo a los femicidios sino también a otras formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.
En distintos momentos se realizaron intervenciones artísticas y expresiones culturales que acompañaron la convocatoria.
Uno de los ejes centrales de la protesta estuvo vinculado al reclamo por justicia en el caso de Graciela López, asesinada en Puerto Vilelas, y por el acompañamiento integral a su hijo, quien fue testigo del crimen. Familiares y organizaciones denunciaron la falta de respuestas institucionales y exigieron una mayor presencia estatal.
También hubo referencias al caso de Axel González, el joven desaparecido en Fontana, cuya búsqueda continúa generando preocupación y movilización social.
11 años y todo
sigue igual
En la previa de la marcha, referentes de organizaciones sociales y feministas advirtieron sobre el deterioro de los dispositivos de asistencia y prevención. Natalia Grabre sostuvo que las organizaciones perciben un retroceso en las políticas públicas destinadas a abordar la violencia de género.
«Son 11 años de lucha permanente en las calles insistiendo en que no nos maten», expresó.
La dirigente también cuestionó la reducción de herramientas estatales destinadas a la prevención y el acompañamiento de víctimas, y vinculó ese escenario con el contexto económico y social que atraviesa el país.
En el mismo sentido se manifestó Gladys Favretto, integrante de la Mesa Multisectorial Feminista, quien remarcó que la violencia de género continúa siendo una problemática estructural.
«Nos siguen matando, nos siguen violando, nos siguen vulnerando nuestros derechos», sostuvo la referente, al tiempo que convocó a la comunidad a involucrarse en una problemática que, afirmó, afecta a toda la sociedad.
Favretto amplió además el concepto de violencia y señaló que las desigualdades sociales también impactan especialmente sobre las mujeres, en particular en comunidades indígenas y sectores vulnerables.
«También es violencia que nuestras mujeres no tengan para comer o no puedan llegar a un hospital cuando tienen una patología», afirmó.
La conmemoración de este nuevo aniversario también estuvo acompañada por pronunciamientos de organismos de derechos humanos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) del Chaco difundió un documento en el que vinculó la lucha contra la violencia de género con la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más igualitaria.
Desde la entidad sostuvieron que los femicidios no pueden analizarse como hechos aislados y reclamaron políticas públicas orientadas a la prevención, la asistencia y el acceso a la justicia.
«La democracia se fortalece cuando amplía derechos y escucha las demandas de quienes históricamente fueron silenciadas», señalaron.
Otro de los momentos destacados de la jornada fue el reconocimiento a Magdalena Corvalán, fundadora del colectivo Ni Una Menos Chaco, quien recibió una distinción por su trayectoria en la lucha contra la violencia de género.
La activista reflexionó sobre el recorrido realizado desde aquella primera convocatoria de 2015 y los desafíos que aún persisten.
«Es ineludible el revisionismo que uno hace. Once años de aquel primer Ni Una Menos. ¿Cuánto camino recorrido, cuánto aprendizaje y cuánto todavía nos falta como sociedad para comprometernos contra este flagelo?», expresó.
Corvalán también destacó la importancia de mantener vigente la discusión pública sobre la violencia machista y evitar la naturalización de situaciones que afectan cotidianamente a mujeres y diversidades.
La movilización concluyó con la lectura de un documento consensuado por las organizaciones participantes. Allí se reclamó la restitución de recursos destinados a políticas de género, la implementación de medidas de prevención, el fortalecimiento de los mecanismos de protección para víctimas de violencia y la declaración de la emergencia nacional en violencia de género.
El texto también cuestionó los discursos de odio y las expresiones negacionistas que, según las organizaciones, contribuyen a profundizar escenarios de discriminación y violencia.
A once años de aquella primera marcha que logró instalar la problemática de los femicidios en el centro de la agenda pública, las calles de Resistencia volvieron a convertirse en escenario de memoria, denuncia y reclamo.
Con fotografías, pancartas y nombres que se repitieron una y otra vez durante el recorrido, la movilización renovó una consigna que continúa vigente: que ninguna mujer, niña o persona de la diversidad sea víctima de la violencia machista.
El cierre de la jornada encontró a los manifestantes frente a la Casa de Gobierno, donde las organizaciones reafirmaron su compromiso de continuar en las calles hasta que la igualdad, la protección y el acceso a la justicia dejen de ser reclamos pendientes y se conviertan en derechos plenamente garantizados.