Negreira pide el archivo de su causa tras el último informe forense | Fútbol | Deportes

La defensa de José María Enríquez Negreira presentó la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona una petición para que el exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) quede fuera de la causa que investiga los pagos de 7,3 millones de euros efectuados por el Barcelona al excolegiado entre 2011 y 2018, el denominado como caso Negreira. La solicitud se enmarca en el último informe forense al que fue sometido Negreira, que señalaba: “Actualmente no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial”.

Ese entrecomillado presente en el informe forense también consta en el escrito remitido el pasado jueves por el abogado de Negreira, Daniel Pérez-Esqué, en el que solicita “el inmediato archivo de las actuaciones para José María Enríquez Negreira”, a la jueza instructora, Alejandra Gil. La petición, que todavía no ha sido resuelta, era el paso lógico tras conocerse las conclusiones de la exploración realizada en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) el pasado 24 de marzo, que debía valorar si existía suficiente deterioro cognitivo para que el exárbitro fuera exonerado del juicio.

Los especialistas que exploraron a Negreira concluyeron el estado de salud de este, de 81 años, había empeorado desde el último informe “tanto desde el punto de vista psicométrico como a nivel clínico”. Según el informe, el hombre presenta un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto y posiblemente padece la enfermedad de alzhéimer.

Si bien el exárbitro había admitido ante preguntas de la Agencia Tributaria haber trabajado para el Barça con “asesorías técnicas” de carácter “verbal”, José María Enríquez Negreira se ha negado a declarar cuando ha sido llamado a declarar en el juzgado durante la instrucción, por la que han pasado en calidad de testigos el expresidente Joan Gaspart y el actual presidente azulgrana, Joan Laporta, y como investigados los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

En esta causa, el Barcelona se arriesga a verse condenado por segunda vez, después de pactar una condena por delito fiscal en el fichaje del jugador brasileño Neymar. En este caso, el club afronta presuntos delitos de administración desleal y corrupción en el deporte. La dirección del Barça sostiene que siempre ha defendido la legalidad de todos los pagos efectuados, que se mantuvieron en diferentes mandatos hasta que Bartomeu decidió poner fin.

La existencia de facturas es un hecho comprobado. La cuestión que queda por dilucidar es si esos pagos se efectuaron para condicionar los arbitrajes en favor del Barcelona o si realmente pagaban asesoramientos sobre los colegiados que iban a arbitrar al primer equipo, de forma que el cuerpo técnico tuviera más información para gestionar los partidos. Además del número dos de los ábitros españoles también cobró por esos informes su hijo, Javier Enríquez, en su caso escritos acompañados de vídeos. Además de Rosell y Bartomeu, también están investigados Òscar Grau y Albert Soler.