Con el costo de vida por las nubes y el alza del combustible por la guerra, Gran Bretaña levanta las sanciones petroleras a Rusia

El alza del costo de vida a causa de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, sumado a los altos precios y la pobreza en Gran Bretaña, forzaron al primer ministro británico, Sir Keir Starmer, a aliviar las sanciones sobre el diésel y el combustible de origen ruso. Esta decisión enfureció a la oposición conservadora, a sus propios pares laboristas y al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ya pidió explicaciones.

El martes por la noche, el Departamento de Comercio publicó una declaración aparentemente inofensiva, titulada «Licencia General de Comercio para productos petrolíferos procesados sancionados». El aviso, que abarcaba la licencia número GBSAN0004, estaba repleto de jerga técnica. Pero tras esta disposición se escondía una trascendental elección política que ya está dividiendo al gobierno y provocando una gran indignación.

El Ejecutivo ha decidido suavizar las restricciones sobre el diésel y el combustible para aviones de origen ruso producidos en terceros países, probablemente productos procesados en la India. Esta medida se produce tras una declaración similar de Estados Unidos esta semana.

En el fondo, se trata de una disyuntiva y, en esencia, de realpolitik. A puerta cerrada, los ministros están cada vez más preocupados por el impacto del conflicto con Irán en la economía diaria. Los precios de la gasolina se disparan, van a llegar grandes aumentos en las facturas de energía y existe el temor de que la escasez de combustible para aviación pueda provocar la cancelación de las vacaciones este verano.

Permitir dicha importación, según el informe oficial, le permitiría «proteger las cadenas de suministro críticas y mantener la estabilidad del mercado».

La administración ha optado por esta vía para proteger a los hogares y familias británicas del impacto de la guerra en Oriente Medio, según sus argumentos. Sin embargo, la decisión ha provocado furia interna, y varios ministros de alto rango fueron tomados completamente por sorpresa.

Para el primer ministro, esto representa un nuevo problema político. Ha apostado lo que le queda de su mandato a su liderazgo frente a Rusia y Ucrania, manteniendo una firme postura ante Putin. Sin embargo, este cambio, sin una explicación adecuada por parte del gabinete, parece contradecir directamente ese principio.

Lo que resulta particularmente indignante para algunos miembros de su equipo es la forma en que se anunció la nueva postura: mediante un aviso discreto y altamente técnico, publicado en el sitio web institucional. No hubo comunicado de prensa ni intento de explicar el contexto, una estrategia que parece haber resultado contraproducente.

El precio lo pagó hoy el propio Starmer, quien se mostró muy debilitado en la Cámara de los Comunes. Kemi Badenoch, la líder conservadora, disparó que el primer ministro «estaba eligiendo comprar sucio petróleo ruso para financiar la muerte de soldados ucranianos».

Fue Chris Bryant, el ministro de Comercio laborista, quien debió defender el tenor del levantamiento de las restricciones.

«Putin jamás debe salir victorioso en Ucrania y, como gobierno y como país, haremos todo lo posible por debilitar y degradar la maquinaria bélica rusa. Precisamente para eso está diseñado nuestro régimen de sanciones. Hemos sancionado a más de 3.300 personas y organizaciones, así como a cientos de buques cisterna de la flota clandestina. Es uno de los regímenes de sanciones más estrictos del mundo, y estamos orgullosos de él», dijo Bryant en el Parlamento.

«Quiero dejar absolutamente claro que nuestro régimen es hoy más estricto que ayer o la semana pasada. De hecho, gracias al instrumento legal de 2026 sobre las sanciones contra Rusia, a partir de hoy, por primera vez, prohibiremos la importación no solo de uranio, sino también de productos petrolíferos rusos procesados en un tercer país. No levantaremos ninguna de las sanciones vigentes», afirmó.

«Al igual que otros países, estamos implementando estas medidas de forma gradual. Por ello, y en vista de la situación en Oriente Medio, hemos emitido una licencia temporal específica para permitir la importación continua de diésel y combustible para aviones. Estas licencias son temporales y específicas. Las revisaremos periódicamente y las suspenderemos en cuanto sea posible», concluyó.

El alza del costo de vida abruma a los británicos, especialmente a la clase media y a los más vulnerables. Es posible que se pida a los supermercados que congelen los precios de la leche, los huevos y el pan en el reino.

El Tesoro espera incentivar a los minoristas a limitar el valor de algunos alimentos básicos para mitigar las consecuencias de la guerra con Irán. La canciller de Hacienda, Rachel Reeves, anunciará nuevas medidas para ayudar a afrontar la crisis el jueves.

Las oficinas de finanzas están negociando con las cadenas de distribución para congelar los precios a cambio de la eliminación de ciertas regulaciones sobre envases y alimentos saludables. Las propuestas, aún en fase inicial, han sido criticadas por los empresarios del sector, que acusan al gobierno de imponerles enormes cargas regulatorias mientras intentan mantener los precios bajos. Los tories, por su parte, las consideran medidas «socialistas».

A los ministros les preocupa el impacto del cierre del estrecho de Ormuz en el suministro de petróleo y, por consiguiente, en la inflación. El Banco de Inglaterra ha pronosticado que los precios de los alimentos podrían subir hasta un 7% para finales de año, debido al aumento vertiginoso de los costos energéticos y a las interrupciones en las exportaciones de fertilizantes.

El Partido Nacional Escocés (SNP) ha anunciado planes para establecer topes de precios obligatorios en Escocia, que limitarían el valor de hasta 50 productos básicos como pan, leche y queso. Sin embargo, el Tesoro está intentando un enfoque diferente con los supermercados para alcanzar un acuerdo voluntario.

El hecho de que se estén llevando a cabo estas conversaciones pone de manifiesto la preocupación del gobierno por la magnitud de la crisis este invierno. Reeves también está elaborando planes para una intervención «selectiva» que ayude a los hogares más pobres a afrontar el aumento vertiginoso de las facturas de luz y gas.

La funcionaria anunció además que otorgaría a los reguladores poderes de investigación para combatir la especulación y el lucro abusivo. Afirmó que no toleraría que las empresas «exploten una crisis para ganar dinero fácil a costa de personas trabajadoras que ya están luchando contra el costo de vida».

Ayer, los precios de la gasolina británica alcanzaron su nivel más alto desde el inicio de la guerra con Irán.