Tras la aprobación y promulgación de la Ley de Glaciares, el gobierno nacional avanza en una nueva estrategia legislativa para preparar el terreno para una reforma política de alcance estructural.
En este contexto, el oficialismo decidió priorizar una primera etapa centrada en la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en el endurecimiento de las condiciones para la constitución y funcionamiento de los partidos políticos, en línea con una agenda que busca redefinir el sistema electoral vigente.
Fuentes del espacio oficialista La Libertad Avanza (LLA) anticiparon que la iniciativa será presentada en etapas diferenciadas, en función de la viabilidad política de cada punto. Según indicaron, el capítulo vinculado al financiamiento de los partidos quedará relegado para una instancia posterior, dado que el Ejecutivo considera que actualmente no cuenta con los consensos necesarios para avanzar en ese aspecto, pese a haber intentado instalar el debate durante 2024.
La hoja de ruta política fue definida a comienzos de marzo, cuando Karina Milei reunió a los referentes provinciales del oficialismo y estableció como prioridad avanzar con la reforma electoral una vez abordada la cuestión ambiental. En ese encuentro, además, instó a trabajar en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las provincias, como parte de un esquema más amplio de transformación del sistema de votación.
Sin embargo, el camino legislativo no se presenta despejado. El Gobierno ya había intentado eliminar las PASO antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025, pero debió retroceder ante la falta de acuerdos y aceptar una suspensión temporal por un año, lo que evidenció las dificultades para alcanzar consensos en torno a una reforma de este tipo.
TENSIONES CON
LOS ALIADOS Y
LA OPOSICIÓN
Las diferencias dentro de los bloques dialoguistas constituyen uno de los principales obstáculos para la iniciativa oficial. Un sector interpreta que la eliminación de las PASO podría tener como efecto la fragmentación de la oposición, favoreciendo al oficialismo en un escenario en el que competiría con una única candidatura frente a múltiples postulaciones opositoras.
Desde espacios como la UCR, el PRO y sectores del peronismo, se advierte que las primarias cumplen una función clave para ordenar las internas partidarias. En fuerzas atravesadas por disputas internas, las PASO son consideradas una herramienta fundamental para definir liderazgos y candidaturas competitivas frente al oficialismo.
A pesar de estas resistencias, el Gobierno confía en que podrá obtener apoyos suficientes entre sus aliados habituales y sectores del peronismo. La estrategia discursiva se apoya en la idea de que los partidos políticos deberían resolver sus candidaturas mediante mecanismos internos, sin recurrir a una instancia electoral obligatoria financiada por el Estado.
En algún momento del debate se planteó la posibilidad de establecer un esquema optativo para las Paso, con el objetivo de acercar posiciones con los sectores más reticentes.
Sin embargo, esta alternativa fue rápidamente descartada por referentes del radicalismo, quienes argumentaron que la caída en la participación electoral podría profundizarse si se elimina la obligatoriedad del voto en las Primarias.
Posiciones en el Senado
En la Cámara alta, el oficialismo deberá desplegar una estrategia de negociación fina para captar apoyos en bloques provinciales y sectores independientes.
Entre los nombres que aparecen en el radar figuran Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza, además de representantes de Misiones y Santa Cruz, cuyos votos podrían resultar determinantes.
También se contempla la posibilidad de sumar al bloque Convicción Federal, cuyos integrantes ya acompañaron iniciativas previas vinculadas a las Paso. Este antecedente es leído por el oficialismo como una señal de apertura al diálogo, aunque no garantiza un respaldo automático a la eliminación definitiva del sistema.
No obstante, algunas voces dentro del Senado han marcado límites claros. La senadora Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres, advirtió que no acompañaría la eliminación de las primarias y sostuvo que «la democracia no es un gasto», en una definición que refleja la preocupación de ciertos sectores por el impacto institucional de la medida.
Clave
El oficialismo apuesta a sumar votos del peronismo para avanzar con la reforma, tomando como antecedente el respaldo que ya brindaron en 2025 diputados alineados con los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca), además de sectores del massismo y representantes tucumanos, que acompañaron la suspensión de las PASO y podrían volver a inclinar la balanza en el Congreso.
Estrategia parlamentaria
En la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo, Martín Menem, será el encargado de articular la estrategia para alcanzar la mayoría absoluta requerida para aprobar una reforma electoral. El objetivo es reunir al menos 129 votos, lo que implica conseguir 35 adhesiones adicionales a las del bloque oficialista.
Para ello, el oficialismo apunta a construir acuerdos con legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y Provincias Unidas, en una negociación que también contempla la posibilidad de sumar respaldos dentro del peronismo, especialmente de aquellos sectores que ya acompañaron iniciativas previas del Gobierno.
En este sentido, se destacan antecedentes como el apoyo brindado por diputados vinculados a los gobernadores Gerardo Zamora y Raúl Jalil durante la suspensión de las PASO en 2025, así como el acompañamiento de sectores del massismo y representantes de Tucumán, lo que configura un mapa legislativo en el que el oficialismo busca replicar alianzas circunstanciales.
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