Zdero en el centro de la polémica por el arresto del periodista Fernando Ojeda

El comunicador, integrante de TV local, fue detenido en Margarita Belén luego de intentar consultar al gobernador sobre problemas en el suministro de agua potable durante una actividad oficial en el Club San Martín. Tras el intercambio, en el que el mandatario lo calificó de «militante kirchnerista», efectivos policiales procedieron a su aprehensión y permaneció siete horas privado de la libertad bajo una acusación de «promover desorden». La Policía del Chaco justificó inicialmente el procedimiento señalando que el cronista intentó «violar el perímetro de seguridad», aunque luego el jefe policial, Fernando Romero, sostuvo que el arresto respondió a un supuesto «entredicho» con personal de seguridad. El juez de Paz, José Luis Pontón, reconoció haber validado el procedimiento únicamente sobre la base de la versión policial y finalmente ordenó la liberación de Ojeda al considerar que no existían motivos para mantenerlo detenido.

Un episodio de fuerte impacto institucional y político se registró en Margarita Belén, donde el periodista Fernando Ojeda fue detenido mientras realizaba una cobertura vinculada a una actividad oficial encabezada por el gobernador del Chaco, Leandro Zdero.
El hecho ocurrió durante una visita del mandatario al Club San Martín y derivó en cuestionamientos por parte de distintos sectores periodísticos debido a la forma en que se produjo la aprehensión del trabajador de prensa, quien permaneció privado de su libertad durante siete horas bajo una acusación de «promover desorden».
El incidente se originó cuando Ojeda, integrante de TV local, intentó formularle una consulta al gobernador relacionada con las deficiencias en el suministro de agua potable que afectan a vecinos de la zona.
Según los registros fílmicos mencionados, el cronista se acercó al mandatario en el marco de la cobertura periodística y le planteó la inquietud vinculada al servicio esencial, en un contexto de reclamos comunitarios por las fallas en la provisión de agua.
Tras la consulta, el gobernador evitó responder la pregunta y calificó públicamente al periodista como «militante kirchnerista», continuando luego su recorrido oficial sin brindar declaraciones sobre el tema consultado. Minutos más tarde, efectivos policiales procedieron a la detención del trabajador de prensa.
La detención fue encuadrada bajo el artículo 60 del Código de Faltas provincial. En un comunicado oficial, la Policía del Chaco sostuvo que el ciudadano había intentado «violar el perímetro de seguridad» dispuesto en torno al gobernador y que posteriormente habría intentado darse a la fuga.
Esa explicación constituyó la primera versión institucional difundida por la fuerza respecto de las razones que motivaron el procedimiento realizado en Margarita Belén.

Las versiones oficiales
y la intervención judicial

Posteriormente, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, ofreció declaraciones públicas que introdujeron diferencias respecto del comunicado inicial emitido por la fuerza.
El funcionario negó que la detención estuviera relacionada con la labor periodística de Ojeda o con cuestiones vinculadas a la seguridad del gobernador, y afirmó que el arresto obedeció a un supuesto «entredicho» ocurrido a aproximadamente cien metros del club donde se desarrollaba la actividad oficial.
En ese marco, Romero sostuvo además que el joven habría insultado al personal de seguridad y aseguró desconocer que se trataba de un periodista al momento de concretarse la detención. Esa explicación abrió interrogantes debido a las diferencias entre la primera versión policial, centrada en la presunta «violación del perímetro», y las posteriores declaraciones del jefe de la fuerza, que ubicaron el motivo del procedimiento en otro contexto y en circunstancias distintas.
La intervención judicial estuvo a cargo del juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, quien ratificó el procedimiento policial y dispuso que Ojeda permaneciera detenido hasta la una de la madrugada. Más tarde, en diálogo con Litigio, el magistrado reconoció que no mantuvo contacto directo con el periodista detenido ni verificó personalmente su estado de salud durante el tiempo que permaneció privado de la libertad.
Pontón explicó que su decisión se sustentó exclusivamente en la información proporcionada por la Policía y señaló que no tenía constancia de que el episodio se hubiera producido en el marco de una cobertura periodística. «Se comunican conmigo y me ponen en conocimiento de que aparentemente hubo un disturbio.
El personal de seguridad intentó apartarlo y luego lo detuvieron», relató el magistrado al reconstruir la secuencia que derivó en la validación inicial del procedimiento.
Finalmente, el juez dispuso la liberación de Ojeda al considerar que no existían elementos suficientes para justificar una prisión preventiva. La decisión puso fin a las siete horas de detención del periodista, aunque el episodio continuó generando repercusiones políticas, judiciales y periodísticas debido a las circunstancias en las que se produjo la aprehensión y a las distintas versiones difundidas posteriormente por las autoridades involucradas.

» Alerta en el ámbito periodístico

El caso provocó preocupación en sectores vinculados al periodismo regional y organizaciones relacionadas con la defensa de la libertad de expresión. La situación despertó alertas especialmente por la utilización de figuras contravencionales consideradas ambiguas o amplias, utilizadas en ocasiones para justificar procedimientos policiales sin imputaciones penales de gravedad.
Entre los cuestionamientos surgidos tras el episodio, distintos referentes advirtieron sobre el empleo de categorías consideradas «comodín» dentro de la normativa contravencional, así como la incorporación de conceptos como la supuesta «violación de perímetros» para restringir el acercamiento de periodistas a funcionarios públicos durante actividades oficiales.
En ese sentido, el caso fue interpretado como un antecedente preocupante en relación con el acceso de la prensa a la cobertura de actos gubernamentales y al ejercicio de preguntas directas a representantes del poder político.
La situación también reavivó el debate sobre las condiciones en que los trabajadores de prensa desarrollan sus tareas durante coberturas oficiales y acerca de los límites de actuación de las fuerzas de seguridad frente a consultas periodísticas dirigidas a funcionarios públicos.
El episodio ocurrido en Margarita Belén se incorporó así a una discusión más amplia vinculada a las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y al rol institucional de los organismos encargados de preservar derechos constitucionales.
El caso de Fernando Ojeda expuso tensiones entre el ejercicio de la actividad periodística, los mecanismos de seguridad desplegados en actos oficiales y la aplicación de figuras contravencionales para justificar detenciones. Las distintas versiones ofrecidas por la Policía, la admisión judicial de haber actuado únicamente sobre la base del relato policial y la posterior liberación del periodista sin prisión preventiva consolidaron un escenario de cuestionamientos sobre el respeto a la libertad de prensa y el acceso a la información pública.
Entre los principales datos del episodio, se destaca que el periodista Fernando Ojeda fue detenido en Margarita Belén luego de intentar consultar al gobernador Leandro Zdero por problemas en el suministro de agua potable; permaneció siete horas privado de la libertad bajo la acusación de «promover desorden»; la Policía argumentó inicialmente una presunta «violación del perímetro de seguridad», aunque luego el jefe policial habló de un supuesto «entredicho»; el juez José Luis Pontón reconoció haber actuado únicamente sobre la base de la versión policial y finalmente ordenó la liberación del trabajador de prensa.

El PJ expresó solidaridad con Ojeda

El Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco repudió la detención del periodista Fernando Ojeda en Margarita Belén y calificó el episodio como «un gravísimo atentado contra la libertad de prensa», al sostener que el cronista fue arrestado luego de formular preguntas al gobernador Leandro Zdero sobre temas de interés público, entre ellos la cláusula gatillo docente, el caso de una médica sin título en Quitilipi y la crisis del servicio de agua.
En el comunicado, el PJ chaqueño denunció un «mensaje intimidatorio» hacia el periodismo, expresó su solidaridad con Ojeda y exigió el esclarecimiento del hecho, al tiempo que reafirmó su defensa de la democracia, la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.