La Argentina adoptará el modelo italiano para desmantelar las mafias en el país

En el actual escenario de globalización del delito, la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal (MPF) ha iniciado un ciclo de alta formación orientado a perfeccionar las capacidades de los magistrados locales mediante el estudio del paradigma italiano.
Esta iniciativa se desarrolla en el marco del programa Falcone-Borsellino, una plataforma de cooperación técnica financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia en conjunto con la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana.
Los encuentros, celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), pretenden dotar a los funcionarios federales de herramientas analíticas y operativas que permitan desarticular estructuras criminales complejas siguiendo los estándares de eficacia del país europeo.
La trascendencia de este ciclo radica en la puesta en valor de la experiencia histórica de Italia, nación que ha desarrollado una legislación de vanguardia tras décadas de lucha contra las organizaciones mafiosas tradicionales. Bajo la dirección académica de Milto Stefano De Nozza, fiscal adjunto del Tribunal de Bari, los magistrados argentinos exploran la armonización de estándares operativos y el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional.
La estructura del curso contempla cinco conversatorios que abarcan desde el análisis del fenómeno mafioso hasta las particularidades del régimen penitenciario, involucrando a una amplia gama de actores del sistema penal. El apoyo constante de la Embajada de Italia en Buenos Aires subraya la dimensión diplomática y política de este intercambio, consolidando una red de asistencia mutua para enfrentar delitos transnacionales.
De esta forma, el MPF argentino refuerza su compromiso con la capacitación continua, reconociendo que la especialización técnica es el único camino viable para garantizar el éxito de la persecución penal estratégica en el siglo veintiuno.
El programa Falcone-Borsellino, que rinde homenaje a los jueces italianos asesinados por su labor contra la Cosa Nostra, se presenta como un puente institucional para difundir la cultura jurídica italiana en América latina y el Caribe.
A través de este esfuerzo colaborativo, se pretende consolidar la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y el lavado de activos mediante el intercambio de experiencias directas con el modelo de Italia.

TRATAMIENTO DE COLABORADORES Y TESTIGOS EN EL PROCESO PENAL
Uno de los ejes centrales de la formación se desarrolló en la sede de la Procuración General de la Nación, donde se debatió exhaustivamente sobre la declaración de colaboradores y testigos de justicia. Esta actividad fue moderada por el fiscal titular de la Procunar, Diego Iglesias, junto a la experta italiana Mariagrazia Passamano, y contó con la participación de destacados fiscales federales.
El debate giró en torno a la necesidad de fortalecer la protección y la gestión de aquellas personas que deciden aportar información interna de las organizaciones criminales, un recurso que históricamente ha sido determinante para el éxito de los procesos antimafia.
Durante el intercambio profesional, los magistrados abordaron puntos neurálgicos del sistema procesal, prestando especial atención a la doble vía en la fase de juicio oral. Este mecanismo permite gestionar de manera diferenciada las pruebas ordinarias de aquellas que provienen de fuentes de alta peligrosidad o sensibilidad.
Se analizó cómo la incorporación de declaraciones de colaboradores y testigos de justicia debe realizarse bajo protocolos que aseguren tanto el derecho de defensa como la integridad del declarante, evitando que el miedo o la coacción malogren las investigaciones en curso.
Otro de los temas destacados fue la participación e interrogatorio a distancia, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal. El uso de tecnologías de videoconferencia se presentó no solo como una medida de economía procesal, sino fundamentalmente como una estrategia de seguridad para evitar el contacto físico entre el testigo y el imputado en casos de alta peligrosidad.
La experiencia italiana en este campo ha demostrado ser un pilar fundamental para mantener la operatividad del sistema judicial en contextos donde la criminalidad organizada intenta intimidar a los órganos del Estado a través de la violencia directa.
La jornada también incluyó un profundo análisis sobre las medidas de prevención y recuperación de activos vinculadas a los testimonios obtenidos en las fases tempranas de la investigación.
Los fiscales participantes, entre ellos Laura Roteta, Diego Velasco, Cecilia Incardona y Carlos Rívolo, discutieron la importancia de utilizar la información de los arrepentidos para identificar la ruta del dinero y los bienes ocultos.

Prevención y persecución económica de la criminalidad

La actividad formativa se trasladó posteriormente a la sede de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, donde el debate se centró en El sistema italiano de medidas de prevención antimafia.
El titular de dicha dependencia, Diego Velasco, moderó un encuentro que reunió a especialistas en finanzas criminales y recuperación de activos. En este ámbito, se reconoció que el combate moderno contra la delincuencia organizada no puede limitarse a la privación de la libertad de los perpetradores, sino que debe atacar frontalmente el patrimonio generado por la actividad delictiva.
Los ejes temáticos de esta sesión incluyeron el secuestro y la confiscación preventiva, herramientas que en el modelo italiano permiten al Estado intervenir bienes de procedencia dudosa antes de que se dicte una sentencia condenatoria firme.
Se debatió con rigor técnico la acreditación de la «peligrosidad calificada», un concepto que faculta a los magistrados a actuar sobre el patrimonio de sujetos vinculados a grupos criminales cuando existe una sospecha fundada sobre su origen. Este enfoque preventivo busca neutralizar el poder económico de las organizaciones, el cual suele ser el motor de su resiliencia frente a la acción de la justicia.
Asimismo, se profundizó en el estudio de la disponibilidad de bienes y la desproporción patrimonial como indicio de actividades ilícitas. En el sistema italiano, la imposibilidad de justificar un nivel de vida o una acumulación de riqueza en relación con los ingresos legales declarados constituye una prueba de cargo sustancial.
Los funcionarios de la Procelac y de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos analizaron cómo la adopción de estos criterios puede agilizar las investigaciones patrimoniales en Argentina, permitiendo una persecución más eficiente del lavado de dinero a gran escala.
Un aspecto innovador del encuentro fue el análisis del fenómeno de las infiltraciones mafiosas en empresas y las figuras de administración y control judicial. La experiencia compartida por el fiscal De Nozza reveló cómo el Estado italiano ha desarrollado mecanismos para intervenir empresas legítimas que han sido colonizadas por capitales criminales, permitiendo su saneamiento sin destruir las fuentes de trabajo.
La titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena, junto a su equipo, evaluó la aplicación de estas estrategias para mejorar la gestión de bienes incautados bajo la órbita de la justicia federal.

Lucha contra el crimen organizado

CHARLA. Expertos italianos, encabezados por el fiscal Milto Stéfano De Nozza, capacitaron a magistrados argentinos en herramientas clave como la gestión de colaboradores de justicia, la confiscación de bienes por desproporción patrimonial y el uso de un doble binario procesal para causas complejas.