La detención de Lidia Mabel Ojeda (43) marcó el cierre de un operativo que se extendió entre el Chaco y Buenos Aires, tras varios días en los que la mujer permanecía con pedido de captura nacional. La acusada fue localizada en Santos Lugares, partido de Tres de Febrero, donde se encontraba oculta en una vivienda particular al momento de su aprehensión, en un procedimiento que contó con la colaboración de la Policía de Investigaciones chaqueña.
Sobre Ojeda pesaba una orden de detención impulsada por el fiscal Marcelo Soto, titular de la Fiscalía de Investigación Penal 3, en el marco de una causa que investiga la presunta usurpación de títulos y el ejercicio ilegal de la medicina.
La medida judicial se había activado luego de que la mujer no se presentara ante las autoridades, lo que derivó en su declaración como prófuga hasta su reciente captura.
De acuerdo con el expediente, la imputada habría utilizado documentación falsificada para desempeñarse como médica en hospitales públicos del Chaco, logrando incluso atender pacientes y firmar certificados oficiales.
La denuncia inicial fue presentada por Orlando Di Núbila, director de la Zona Sanitaria II, quien detectó irregularidades en su desempeño durante guardias realizadas en Quitilipi y Presidencia de la Plaza, donde el personal advirtió su falta de formación profesional.
La investigación reveló que Ojeda habría firmado al menos nueve actas de defunción y utilizado una matrícula perteneciente a Horacio Daniel Vázquez, quien desconocía completamente la situación.
Además, en allanamientos realizados en Sáenz Peña, se secuestraron insumos médicos, documentación de pacientes y elementos presuntamente adulterados, lo que permitió consolidar las sospechas en su contra.
EL DESCUBRIMIENTO DEL CASO Y SU REPERCUSIÓN PÚBLICA
El caso salió a la luz luego de que se detectara que Ojeda se hacía pasar por médica utilizando una matrícula ajena, desempeñándose en establecimientos de salud de Quitilipi y Presidencia de la Plaza desde al menos agosto del año pasado. La revelación generó una fuerte repercusión pública y encendió alarmas en el ámbito sanitario provincial.
La magnitud del episodio se amplificó al confirmarse que la mujer, cuya formación real corresponde al ámbito de las artes plásticas, había logrado insertarse en el sistema de salud pública como profesional médica, lo que derivó en un escándalo institucional con derivaciones judiciales de alto impacto.
A partir de la denuncia formal, se emitió un pedido de captura nacional, dado que la sospechosa no fue localizada en su domicilio durante el allanamiento ordenado por la Justicia. Desde entonces, permanece prófuga y es buscada intensamente por fuerzas de seguridad en todo el país.
El caso también dejó al descubierto serias deficiencias en los mecanismos de control del sistema sanitario público provincial, particularmente en lo referido a la validación de credenciales profesionales, lo que generó preocupación tanto en autoridades como en la comunidad.
Responsabilidades internas
En medio del escándalo, el director del hospital de Quitilipi, Alfredo Acuña, reconoció públicamente irregularidades en el proceso de incorporación de la falsa profesional. Según explicó, Ojeda fue integrada mediante un convenio y su ingreso se sustentó en un esquema de confianza, sin la verificación correspondiente de antecedentes.
«Mi responsabilidad hubiera sido pedirle las documentaciones pertinentes», admitió el funcionario, al tiempo que manifestó su preocupación por el impacto institucional generado por el caso.
Sus declaraciones constituyeron un punto clave en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de fallas administrativas.
Desde el entorno administrativo del hospital, las autoridades respaldaron la gestión del director y calificaron lo sucedido como un «error administrativo», aunque confirmaron la apertura de instancias internas para analizar posibles responsabilidades dentro de la cadena de control.
En paralelo, se inició un sumario administrativo que busca determinar cómo fue posible que una persona sin título habilitante pudiera desempeñarse en funciones médicas dentro de un hospital público, sin que se detectaran irregularidades en etapas previas.
Acuña señaló además que, según los registros del establecimiento, la mujer no participó en intervenciones quirúrgicas, una aclaración que, si bien aporta contexto sobre el alcance de su accionar, no atenúa la gravedad del hecho ni sus implicancias legales.
La investigación penal
El proceso judicial se originó el pasado 13, cuando profesionales del propio hospital detectaron conductas sospechosas en el desempeño de la supuesta médica. Estas observaciones dieron lugar a un proceso de verificación que permitió identificar inconsistencias en su identidad y formación.
Las averiguaciones posteriores confirmaron que Ojeda utilizaba una matrícula profesional -MP 6822- perteneciente a otro médico, lo que configuró los delitos de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, motivando la radicación de la denuncia formal.
Tras estos hallazgos, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio, aunque la mujer ya no se encontraba en el lugar, lo que consolidó su condición de prófuga y derivó en la intensificación de su búsqueda a nivel nacional.
El caso, además de su dimensión penal, generó un impacto profundo en la confianza pública hacia el sistema de salud, al evidenciar debilidades en los mecanismos de control que permitieron su accionar durante varios meses.
En términos institucionales, el episodio plantea interrogantes centrales sobre la eficacia de los procedimientos administrativos vigentes y la necesidad de implementar reformas que garanticen la idoneidad profesional de quienes integran el sistema sanitario.
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