El proyecto urbanístico en la zona de la laguna Francia volvió al centro del debate en Resistencia luego de que la empresa Patagonia Construcciones ratificara su intención de avanzar con la iniciativa y defendiera su viabilidad técnica y ambiental.
En una entrevista con LA VOZ DEL CHACO, Valentín Sinat, representante de la firma, sostuvo que el emprendimiento fue reformulado tras años de conflicto judicial y vecinal, y actualmente se encuentra a la espera de una definición del municipio que resulta determinante para el futuro de la obra.
Según explicó, la causa permanece en la Cámara de Apelaciones, que solicitó un informe técnico actualizado a la Municipalidad sobre la factibilidad del proyecto. «La factibilidad del municipio hoy es imperiosa, es necesaria para que la Justicia se expida en el sentido de que se pueda hacer el proyecto», afirmó.
El desarrollo, que comenzó a gestarse en 2018 sobre terrenos privados, atravesó diversas etapas de aprobación, suspensión y rediseño.
En ese recorrido, un amparo ambiental presentado por vecinos derivó en la paralización de la obra y en una discusión que, seis años después, continúa sin resolución definitiva.
Un proyecto reformulado
Sinat explicó que la propuesta actual difiere significativamente del diseño original. En sus inicios, el emprendimiento contemplaba un desarrollo residencial, pero tras el conflicto judicial y el acuerdo con la comisión vecinal, fue transformado en un esquema de menor impacto edilicio y con mayor orientación a servicios.
«Pasamos de un proyecto de departamentos a uno de oficinas. Se redujeron los metros construidos y hoy son tres bloques en altura, con un sistema palafítico que permite mantener la permeabilidad del suelo y la visual hacia la laguna», detalló.
«El sistema constructivo mencionado, elevado sobre pilotes, fue incorporado a partir de las recomendaciones del estudio de impacto ambiental. Según la empresa, esta modificación permite garantizar la absorción del agua de lluvia y preservar la dinámica natural del humedal.
Además, el nuevo diseño incluye espacios de uso público, áreas recreativas y sectores destinados a actividades como coworking, educación y bienestar.
«Pensamos en un esquema tipo campus, donde la gente pueda trabajar, estudiar, hacer actividad física y no tenga que trasladarse todos los días al centro», explicó.
El eje ambiental y las críticas
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto estuvo vinculado al impacto ambiental sobre la laguna. En ese sentido, Sinat aseguró que la iniciativa no solo no afecta el ecosistema, sino que podría contribuir a su recuperación.
«El proyecto cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado por la provincia. Se incorporaron todas las sugerencias técnicas y nunca se pensó en tirar aguas servidas a la laguna. Los planos sanitarios aprobados muestran conexión a la red cloacal», afirmó.
Asimismo, indicó que la empresa financió investigaciones científicas en convenio con el Conicet para analizar las causas de la pérdida de capacidad del reservorio. «Los estudios demuestran que la laguna pierde profundidad por factores ajenos al proyecto, vinculados al uso indebido del entorno y a la acumulación de vegetación acuática», sostuvo.
En esa línea, planteó que la problemática de las inundaciones en la ciudad responde a una falta estructural de infraestructura y no a emprendimientos puntuales. «La falta de obras es producto de años de desinversión. No se puede responsabilizar a un proyecto o a una persona por una situación estructural», opinó.
La disputa judicial
El conflicto legal en torno a la laguna Francia se inició con un amparo ambiental que cuestionó la aprobación inicial del proyecto. Esa medida derivó en la suspensión de la obra y en un proceso judicial que, según la empresa, se extendió sin que se presentaran pruebas concluyentes sobre su inviabilidad.
Sinat cuestionó el fallo de primera instancia, al que calificó como «arbitrario» y «sin base científica». «Se dejó sin efecto el estudio de impacto ambiental, que es la prueba clave en cualquier causa de este tipo. Sin ese análisis, no se puede determinar si hay impacto o no, y aun así se dictó sentencia», afirmó.
Tras esa resolución, tanto la empresa como el municipio presentaron apelaciones. En ese contexto, la Cámara solicitó nueva información técnica para evaluar el caso.
«La Justicia pidió que el municipio se expida con profundidad, porque estamos hablando de seis años de demora que generan un daño no solo para nosotros como propietarios, sino también para la ciudad», señaló.
Expectativa y falta de inversión
El representante de Patagonia Construcciones reconoció que la incertidumbre jurídica ha impedido avanzar en acuerdos concretos con inversores. «El primer proyecto estaba financiado, pero este segundo no lo estamos ofreciendo porque nadie quiere invertir en algo que no sabe si se va a poder hacer», explicó.
No obstante, aseguró que existe interés potencial en el desarrollo, especialmente en sectores vinculados a servicios, educación y actividades recreativas. «Hay ideas, pero no hay nada cerrado por la inseguridad jurídica», sostuvo.
En ese marco, advirtió que la falta de definiciones puede afectar el posicionamiento de Resistencia frente a otras ciudades de la región. «Corrientes, Posadas o Asunción están avanzando con desarrollos similares. Si no generamos condiciones para este tipo de proyectos, vamos a perder competitividad en la captación de inversiones», opinó.
desarrollo urbano
Más allá del caso puntual, Sinat planteó una discusión de fondo sobre el modelo de ciudad. En su visión, Resistencia necesita promover iniciativas que integren lo público y lo privado, y que permitan un uso más eficiente y sostenible del espacio urbano.
«Tenemos que pensar la ciudad a diez años. Necesitamos espacios que integren a las personas, a las organizaciones y al entorno natural. Este tipo de proyectos no perjudica al ambiente, al contrario, permite que la gente se vincule con el recurso de manera ordenada», sostuvo.
También cuestionó lo que consideró una contradicción en la forma en que se gestionan los espacios naturales. «Se plantea que no se toque la laguna, pero al mismo tiempo las riberas están ocupadas sin regulación. Eso genera problemas como la acumulación de residuos y la pérdida de capacidad del reservorio», indicó.
En ese sentido, defendió la idea de un uso controlado y planificado del entorno. «Cuando se prohíbe todo, también se limita el acceso de la gente. Nosotros proponemos un espacio público-privado con monitoreo científico y mantenimiento, que garantice el uso y el cuidado», explicó.
El estado actual del proyecto
En la actualidad, el expediente se encuentra en una instancia clave. La definición del Municipio sobre la factibilidad técnica del proyecto será determinante para que la Cámara de Apelaciones avance en una resolución. «Estamos esperando esa respuesta. Es un paso necesario para destrabar la situación», afirmó Sinat.
Mientras tanto, la empresa continúa difundiendo información sobre la iniciativa a través de distintos canales, con el objetivo de despejar dudas y transparentar el proceso. «Queremos que la gente tenga acceso a los documentos, a los estudios y a la información real, para salir de los supuestos», señaló.
El caso de la laguna Francia refleja tensiones habituales en los procesos de desarrollo urbano: la necesidad de inversión y crecimiento por un lado, y la preservación ambiental y la participación ciudadana por el otro.
Para la empresa, la apuesta es clara. «Creemos que es un proyecto superador, que puede marcar un camino. No se trata solo de construir, sino de pensar una ciudad más integrada, más limpia y con mejores oportunidades», concluyó Sinat.
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