En un escenario económico marcado por la retracción del consumo, el deterioro del poder adquisitivo y la creciente presión sobre los márgenes de rentabilidad, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un amplio conjunto de propuestas destinadas a sostener y reactivar el entramado pyme en todo el país.
La exposición se realizó ante el plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, en una reunión que reunió a dirigentes empresarios de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a legisladores nacionales. Allí, se puso en común un diagnóstico crítico sobre la situación actual del sector y se delinearon posibles líneas de acción para revertir la tendencia.
«El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva ni generar empleo», expresó el presidente de CAME, Ricardo Diab, al exponer ante los diputados. En esa línea, remarcó que «el desafío es que apuntemos a tener un consumo activo», como condición indispensable para la recuperación económica.
Un diagnóstico
alarmante
Durante el encuentro, los representantes del sector coincidieron en que las pequeñas y medianas empresas atraviesan una de las etapas más complejas de los últimos años. La caída sostenida de las ventas, tanto en términos mensuales como interanuales, se combina con un aumento de los costos operativos, una elevada carga tributaria y crecientes dificultades para acceder al financiamiento.
A esto se suma, según advirtieron, un escenario de competencia cada vez más desigual. La apertura de importaciones, la proliferación del comercio informal y el crecimiento de plataformas digitales no reguladas generan asimetrías que afectan directamente a las pymes formales.
«Estamos viendo cómo muchas empresas pierden rentabilidad y se ven obligadas a cerrar. Esto no solo impacta en los empresarios, sino también en el empleo y en las economías regionales», señalaron desde la entidad.
En ese marco, el documento presentado ante el Congreso plantea que el sistema actual presenta múltiples distorsiones que atentan contra la competitividad. Entre ellas, la superposición de tributos en los distintos niveles del Estado, los costos financieros elevados y la falta de herramientas adecuadas para sostener el capital de trabajo.
Reforma fiscal: eje central de las propuestas
Uno de los puntos más destacados de la presentación fue la necesidad de avanzar hacia una reforma fiscal integral. Desde CAME sostienen que el esquema impositivo actual resulta complejo, fragmentado y regresivo, lo que dificulta el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
En ese sentido, propusieron la construcción de un nuevo consenso fiscal que permita coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios. El objetivo es reducir la carga impositiva, eliminar tributos distorsivos y simplificar los mecanismos de cumplimiento.
Entre las medidas concretas, se incluye la revisión del impuesto a los Ingresos Brutos, al que consideran uno de los principales factores de distorsión, y la eliminación de tasas municipales que no estén vinculadas a servicios efectivamente prestados.
Asimismo, plantearon la necesidad de avanzar hacia un sistema más progresivo, con mayor peso de los impuestos directos y menor incidencia de los indirectos, que suelen afectar en mayor medida a las pymes.
Otro de los puntos clave es la reducción de los saldos a favor impositivos, que generan inmovilización de capital y afectan la liquidez de las empresas. En esa línea, propusieron mecanismos de devolución más ágiles y la implementación de una cuenta corriente tributaria integral.
El desafío del
financiamiento
El acceso al crédito fue otro de los ejes centrales del debate. Según datos presentados por CAME, solo una de cada tres pymes logra acceder a financiamiento, a pesar de que una amplia mayoría manifiesta intención de invertir.
«El crédito existe, pero no está diseñado para la pyme real», señalaron desde la entidad. En muchos casos, las condiciones exigidas por el sistema financiero —como garantías, historial crediticio o niveles de facturación— resultan difíciles de cumplir para las empresas más pequeñas.
Frente a esta situación, propusieron un cambio de enfoque en la evaluación crediticia, incorporando criterios que contemplen el potencial de crecimiento y los proyectos productivos, en lugar de basarse exclusivamente en antecedentes contables.
También plantearon la necesidad de desarrollar instrumentos específicos como el factoring, el confirming y el financiamiento atado a contratos, así como ampliar las líneas destinadas a capital de trabajo y digitalización.
Además, se destacó la importancia de incluir a los nuevos emprendimientos en el sistema financiero, generando herramientas que permitan acompañar a las empresas desde sus primeras etapas.
Consumo, el motor que no arranca
Más allá de las cuestiones estructurales, desde CAME insistieron en que la recuperación del consumo es una condición indispensable para la reactivación del sector.
«La pyme depende del mercado interno. Si no hay consumo, no hay producción, no hay empleo y no hay inversión», sintetizó Diab.
En ese sentido, se planteó la necesidad de implementar políticas que impulsen la demanda, como programas de financiamiento al consumo, mejoras en el poder adquisitivo de los salarios y reducción de costos para los comercios.
También se hizo hincapié en las dificultades que enfrentan las pymes para acceder a programas de cuotas y medios de pago, debido a las comisiones y condiciones impuestas por entidades financieras.
Competencia desigual e informalidad
Otro de los temas que generó preocupación fue el crecimiento del comercio informal y la competencia desleal. Desde la entidad señalaron que la proliferación de ferias ilegales, «saladitas» y plataformas no registradas genera un escenario adverso para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.
A esto se suma la apertura de compras internacionales puerta a puerta, que, según indicaron, profundiza las asimetrías y afecta especialmente a los comercios minoristas.
Frente a esta situación, CAME propuso avanzar en una ley de armonización del comercio fronterizo, que permita reducir las diferencias cambiarias y mejorar la competitividad en zonas limítrofes.
Propuestas laborales y formalización
En el plano laboral, la entidad presentó iniciativas orientadas a mejorar la productividad y reducir la litigiosidad. Entre ellas, se destaca la creación de una base única de certificados médicos laborales, con el objetivo de evitar abusos y garantizar mayor transparencia en el sistema.
Un llamado a la acción
La presentación en el Congreso no solo buscó exponer problemáticas, sino también proponer soluciones concretas. Desde la entidad insistieron en la necesidad de un trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar condiciones que permitan el crecimiento sostenido.
«El desafío es construir un entorno más previsible, más equitativo y más eficiente», concluyeron.
En definitiva, el mensaje fue claro: sin políticas que acompañen al sector, el riesgo de profundizar la crisis es alto. Pero con medidas adecuadas, las pymes pueden volver a convertirse en uno de los motores principales de la economía argentina.
Una agenda abierta
en el Congreso
El encuentro en Diputados dejó abierta la posibilidad de avanzar en una agenda legislativa orientada a atender la situación del sector. Entre las alternativas que se analizan, se encuentra la declaración de la emergencia pyme a nivel nacional.
Esta medida permitiría habilitar herramientas excepcionales para asistir a las empresas, en un contexto que muchos definen como crítico.
«Estamos ante un momento que requiere decisiones urgentes, pero también una mirada estratégica de largo plazo», señalaron desde la entidad.
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