Vigay destacó avances judiciales y advirtió sobre las investigaciones que aún faltan

El fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, destacó el valor de los proyectos transmedia «Jóvenes haciendo memoria», una iniciativa desarrollada por estudiantes de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (Fadycc) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), a través de las cátedras Seminario de Integración Imagen, Sonido y Multimedia III y Animación 2D, 3D y Diseño Web.
La propuesta tiene como eje recuperar historias, reconstruir acontecimientos vinculados con el terrorismo de Estado y generar nuevas formas de acercamiento de las generaciones jóvenes a la memoria colectiva.
Mediante herramientas audiovisuales, narrativas digitales y recursos transmedia, los estudiantes desarrollaron procesos de investigación y producción que buscan contribuir a la construcción de memoria, verdad y justicia.
En ese contexto, Vigay valoró especialmente el compromiso de los alumnos y la capacidad de estas producciones para acercar a la sociedad información histórica y judicial que durante décadas permaneció oculta o restringida.
«Todos los trabajos han sido muy valiosos. Me parece que son herramientas muy eficaces para llegar a la sociedad y para seguir cumpliendo con el objetivo de reconstruir nuestra historia», expresó.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, el fiscal felicitó a quienes participaron de la iniciativa y destacó «el esfuerzo, la empatía y el compromiso» que se reflejan en cada una de las producciones.
Asimismo, reivindicó el papel de la universidad pública como institución fundamental para la democracia y la construcción del conocimiento.
«Una vez más se ha demostrado lo valiosa que es para nuestra democracia, para nuestro Estado de Derecho y para nuestro proceso de justicia. La verdad es que es algo emocionante», manifestó.

terrorismo de Estado en el Chaco
Desde su experiencia en la Fiscalía Federal de Chaco, donde trabaja desde 2010, Vigay aportó una mirada sobre el proceso de reconstrucción histórica y judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Recordó su intervención en diferentes procesos judiciales desarrollados en la provincia, entre ellos las causas vinculadas con la Masacre de Margarita Belén y otros juicios que permitieron avanzar en la identificación de responsabilidades y reconstruir el funcionamiento del aparato represivo. «De alguna manera, esos juicios y esas sentencias dan un parámetro de lo que ha sido el terrorismo de Estado en el Chaco», sostuvo.
En ese sentido, explicó que gran parte de la reconstrucción histórica fue posible gracias a los testimonios de sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones que sostuvieron durante décadas la búsqueda de verdad y justicia.
También destacó la importancia de identificar cómo funcionó la estructura represiva y cuál fue la intervención de las distintas fuerzas de seguridad y organismos estatales, entre ellos el Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Para Vigay, los trabajos académicos y las producciones transmedia adquieren un valor particular porque permiten trasladar esa reconstrucción histórica a nuevos formatos y lenguajes, ampliando las posibilidades de circulación del conocimiento entre las generaciones más jóvenes.

Las historias que todavía deben reconstruirse
El fiscal advirtió que, pese a los avances judiciales alcanzados, todavía existen aspectos del terrorismo de Estado que necesitan ser investigados y esclarecidos.
Entre las cuestiones pendientes mencionó la violencia ejercida contra las infancias durante la dictadura y la necesidad de profundizar las investigaciones sobre personas desaparecidas y los espacios que integraron el circuito clandestino de detención. «Quedan muchas cosas pendientes. La violencia hacia la infancia es uno de los aspectos que se van a seguir reconstruyendo en los próximos juicios», señaló.
También hizo referencia a la necesidad de avanzar sobre el funcionamiento de determinados espacios de detención, como la Unidad de Investigaciones y la Jefatura de Policía, cuya participación en el circuito represivo requiere continuar siendo documentada. «Hay varias cuestiones que están pendientes y los juicios programados para los próximos años van a permitir avanzar», afirmó.

Memoria histórica y proyecto económico de la dictadura
Al reflexionar sobre el significado histórico de la última dictadura, Vigay consideró que fue una de las etapas más trágicas y oscuras de la Argentina y remarcó que el terrorismo de Estado estuvo asociado con un proyecto económico y político destinado a desarticular las organizaciones sociales, sindicales y políticas. «Los grupos de poder real utilizaron a las Fuerzas Armadas para llevar adelante un plan sistemático de desaparición, persecución y desarticulación de las organizaciones y de toda conciencia colectiva que pudiera oponerse a ese proyecto económico», expresó.
En esa línea, planteó que las consecuencias de aquel modelo todavía forman parte de las discusiones políticas, económicas y sociales del presente. «Muchos sectores políticos, económicos y de poder siguen intentando profundizar un modelo que empuja a una inmensa mayoría de los argentinos hacia la pobreza extrema, el desempleo, la marginación y la desigualdad», advirtió.
El papel de la investigación y la universidad pública
Otro de los aspectos centrales de su intervención estuvo relacionado con la importancia de sostener los equipos interdisciplinarios que contribuyeron a las investigaciones judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad.
Por otro lado, Vigay cuestionó el desfinanciamiento de estos espacios y consideró que debilitar sus estructuras significa afectar herramientas fundamentales para reconstruir la historia argentina.
Como ejemplo, mencionó el juicio por la Masacre de Napalpí, en el que participaron alrededor de 30 investigadores y profesionales de distintas disciplinas, entre ellos psicólogos, antropólogos e historiadores. «Hicieron un trabajo muy valioso de investigación, análisis de documentos y testimonios.
Fueron aportes centrales para que ese juicio pudiera llevarse adelante y para que esas investigaciones se convirtieran en pruebas judiciales», explicó.
Finalmente, el fiscal destacó la necesidad de mantener el compromiso institucional y social con la memoria histórica, y valoró especialmente que las nuevas generaciones se involucren en estos procesos a través de la investigación, la producción audiovisual y las herramientas digitales.