José Niz: «Más del 95% de los estatales está por debajo de la línea de la pobreza»

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) del Chaco, José Niz, entrevistado en LA VOZ DEL CHACO confirmó que el próximo 10 se realizará la segunda audiencia ante la Dirección Provincial del Trabajo, en el marco de la instancia paritaria habilitada por una medida judicial impulsada por el sindicato.
La organización reclama que el Ejecutivo provincial presente respuestas concretas sobre salarios, condiciones laborales, carrera administrativa, corrimientos de cargos, cobertura de vacantes, actualización del refrigerio y cumplimiento de acuerdos anteriores.
La audiencia constituye una nueva oportunidad institucional para abordar los planteos de los trabajadores del escalafón general y avanzar en compromisos que, según el gremio, permanecen pendientes.
Niz explicó que la convocatoria judicial fue consecuencia de una presentación realizada por UPCP para exigir la apertura del ámbito de negociación previsto en la Ley 1767-L, que regula las paritarias del escalafón general.
En ese sentido, sostuvo que la intervención de la Justicia permitió establecer un espacio formal de discusión sobre cuestiones que afectan directamente a los empleados públicos, tanto en sus ingresos como en sus condiciones de desempeño.
El dirigente señaló que ahora corresponde al gobierno provincial responder los puntos planteados durante la primera audiencia y demostrar voluntad de avanzar en una negociación que contemple las demandas sindicales.
Entre los principales reclamos, el secretario general destacó el cumplimiento de dos corrimientos de cargos que habían sido acordados durante la anterior instancia de negociación con el gobierno provincial. Además, explicó que esos movimientos tienen una relación directa con la carrera administrativa de los trabajadores y representan, además, una mejora económica para quienes esperan avanzar en sus respectivas categorías.
Niz remarcó que los compromisos asumidos entre el Estado y la representación sindical deben respetarse y sostuvo que el acuerdo alcanzado oportunamente constituye una obligación para ambas partes.
El dirigente también reclamó el pago de las bonificaciones correspondientes, la renovación del convenio colectivo de trabajo y la actualización del refrigerio, conceptos que forman parte de la agenda presentada por UPCP. Sobre las bonificaciones, mencionó particularmente los adicionales por insalubridad, título y antigüedad, que consideró obligaciones que deben ser reconocidas cuando corresponden a la situación laboral de cada agente.
Asimismo, remarcó que existen trabajadores que no perciben esos conceptos después de la aplicación del decreto 13, por lo que el sindicato pretende que el Ejecutivo revise las situaciones pendientes y garantice el cumplimiento de los derechos establecidos.
La agenda paritaria incluye, además, cuestiones vinculadas con la seguridad, la salubridad y las condiciones edilicias de los organismos públicos.
En ese sentido, Niz y el secretario adjunto, Gustavo Gómez, señalaron que la discusión no puede limitarse exclusivamente a los salarios, debido a que existen deficiencias estructurales que afectan el funcionamiento cotidiano de distintas dependencias estatales.
Entre los planteos incorporaron la necesidad de establecer medidas para prevenir y erradicar la violencia laboral en la administración pública provincial, además de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las tareas.

SALARIOS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA
Al referirse a la situación económica de los empleados públicos, Niz sostuvo que más del 95% de los trabajadores del escalafón general se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
El secretario general consideró que ese escenario exige una respuesta salarial del gobierno provincial y advirtió que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar las necesidades básicas.
En ese contexto, manifestó que UPCP espera que la negociación permita una recomposición que contribuya a recuperar el poder adquisitivo y atender las dificultades que atraviesan numerosos agentes estatales.
El dirigente estimó que el salario promedio de los trabajadores comprendidos en el escalafón general se ubica entre los $700 mil y los $800 mil. Explicó que el objetivo mínimo debe ser garantizar que cada empleado pueda cubrir el costo de la canasta básica, una situación que se vuelve más compleja cuando existen obligaciones familiares, gastos de alquiler o necesidades vinculadas con la atención de la salud.
Asimismo, Niz señaló que una parte importante de los trabajadores no cuenta con vivienda propia y debe destinar una proporción significativa de sus ingresos al pago de un alquiler, lo que profundiza las dificultades económicas.
También manifestó preocupación por los gastos que deben afrontar los empleados cuando algún integrante de sus familias necesita tratamientos médicos.
En ese sentido, mencionó las dificultades que se presentan en el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) para brindar respuestas a determinadas prestaciones y tratamientos, además de las limitaciones relacionadas con el Fondo de Alta Complejidad.
El titular de UPCP incorporó estas cuestiones al diagnóstico general sobre la situación de los trabajadores, subrayando que la pérdida de capacidad económica repercute en distintos aspectos de la vida familiar.

Despidos y déficit de personal

Al abordar la situación laboral, Gómez confirmó que se produjeron desvinculaciones en distintas jurisdicciones provinciales, principalmente por la falta de renovación de contratos de trabajadores de planta transitoria.
El secretario adjunto señaló que UPCP había impulsado oportunamente dos leyes destinadas a garantizar la continuidad laboral y completar los procesos de pase a planta, pero indicó que el Ejecutivo recurrió a la Justicia para solicitar que esas normativas quedaran sin efecto.
Según explicó, durante ese proceso numerosos trabajadores perdieron su única fuente de empleo y de ingresos.
Gómez recordó que también se había avanzado en la organización de un concurso para concretar los pases a planta, una instancia que, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, había sido acordada en el ámbito paritario y se encontraba adelantada.
Sin embargo, sostuvo que el gobierno provincial no respetó ese compromiso y que la controversia judicial terminó afectando la continuidad de trabajadores que aguardaban una resolución sobre su situación administrativa.
Asimismo, Niz describió un déficit de recursos humanos en diferentes áreas de la administración pública, con especial preocupación por el sistema sanitario.
Señaló que la falta de personal de limpieza en los establecimientos de salud compromete las condiciones necesarias para garantizar una prestación adecuada, debido a que la higiene y la desinfección constituyen requisitos básicos para la atención de los pacientes.
Además, advirtió que la contratación de empresas externas no resuelve necesariamente el problema cuando el personal asignado carece de formación específica o no cumple con los principios de bioseguridad que deben observarse en los establecimientos sanitarios.
El secretario general también mencionó la falta de enfermeros y médicos, una situación que repercute en la capacidad de respuesta del sistema ante la demanda habitual y puede agravarse frente a situaciones sanitarias extraordinarias.
Gómez agregó que tanto el ministro saliente como el actual responsable del área habían planteado la existencia de un déficit significativo de recursos humanos en el sistema de salud.
Ambos dirigentes consideraron que la discusión paritaria debe permitir abordar estas necesidades y establecer mecanismos para fortalecer los planteles profesionales y garantizar condiciones adecuadas de atención.
En relación con las condiciones sanitarias de los establecimientos, Gómez destacó la importancia de asegurar la asepsia y los niveles de higiene necesarios para prevenir infecciones intrahospitalarias. Explicó que se trata de una preocupación transmitida por trabajadores de distintas dependencias de Salud Pública, quienes advierten sobre las consecuencias que pueden derivarse de la falta de personal y de procedimientos adecuados.
Niz extendió el diagnóstico al sistema educativo provincial y señaló que también existe una insuficiencia de personal de limpieza en las escuelas.
En tanto que advirtió que en numerosos edificios funcionan simultáneamente establecimientos de distintos niveles y modalidades, entre ellos primarios, secundarios, terciarios y espacios de educación para adultos, lo que incrementa las necesidades de higiene y mantenimiento.
Por otro lado, sostuvo que el Estado debe garantizar los servicios correspondientes y establecer controles sobre los procedimientos de limpieza y desinfección, especialmente cuando las instalaciones son utilizadas por distintas comunidades educativas durante una misma jornada.

Medidas

Respecto de los pasos que podría adoptar el sindicato ante una eventual falta de respuestas del Ejecutivo, Niz explicó que las decisiones se encuentran sujetas a los mecanismos orgánicos de UPCP.
En ese sentido, indicó que la información sobre el resultado de la audiencia del próximo 10 será trasladada a las bases para su evaluación y que las eventuales medidas de fuerza deberán resolverse mediante los procedimientos democráticos de la organización.
En ese marco, mencionó la posibilidad de que se considere un paro general, aunque aclaró que ninguna determinación será adoptada sin la correspondiente consulta a los trabajadores.
El secretario general remarcó que la conducción sindical se encuentra subordinada al mandato de sus afiliados y que las decisiones deben surgir de las instancias de deliberación previstas por la organización.