Santiago Pérez Pons analizó el escenario político y económico del Chaco, cuestionó distintas decisiones de la administración del gobernador Leandro Zdero y llamó a construir una alternativa de gobierno para 2027, basada en propuestas concretas y en la participación de los diferentes sectores del peronismo.
En declaraciones a Radio Natagalá, el legislador sostuvo que el justicialismo necesita dejar atrás las discusiones personales entre dirigentes y concentrarse en la elaboración de un proyecto político capaz de responder a las necesidades de la población.
En ese sentido, consideró que las diferencias entre los referentes nacionales y provinciales del espacio no deberían convertirse en un obstáculo para la construcción de una propuesta electoral competitiva. «Estoy un poco cansado de la discusión de dirigentes, de si me gusta Axel o si me gusta Cristina.
Son todos compañeros. Me parece que tiene que llegar un poco de sentido común», expresó.
Asimismo, sostuvo que la sociedad espera respuestas frente a los problemas económicos y sociales, antes que enfrentamientos internos. «Me parece que llega un punto donde la gente dice: ‘Che, déjense de pelear’.
Lo mismo acá en la provincia. Independientemente de quién a mí me parezca mejor, creo que todos los compañeros son valiosos y que en el proceso tenemos que intentar empezar a construir un programa de gobierno», afirmó.
La necesidad de construir una alternativa para 2027
Pérez Pons remarcó que el principal desafío del peronismo no consiste únicamente en recuperar el poder político, sino también en establecer cuáles serán las medidas necesarias para afrontar la situación económica y social que atraviesa la provincia.
Según explicó, cualquier espacio que aspire a gobernar deberá presentar un programa realista, con objetivos concretos y herramientas para llevar adelante las transformaciones propuestas. «Tenemos que empezar a pensar qué pasa después de Zdero, qué pasa después de Milei, porque el 11 de diciembre no se van a resolver todos los problemas si nosotros llegamos al gobierno», señaló.
En esa línea, advirtió que el escenario que deberá enfrentar una eventual nueva administración será complejo y demandará decisiones responsables. «La situación va a ser difícil y caótica también, y me parece que necesita un poco de raciocinio, hasta pragmatismo y sentido común en lo que estamos discutiendo», manifestó.
El legislador consideró que las discusiones sobre las posiciones de los distintos dirigentes nacionales no deberían desplazar el debate acerca de las políticas públicas.
A su entender, las diferencias entre sectores internos del justicialismo tienen una importancia relativa para buena parte de la ciudadanía, que se encuentra más preocupada por las condiciones de vida, los salarios, el empleo y los servicios públicos.
Internas abiertas entre mayo y junio de 2027
Al referirse a la organización electoral del peronismo chaqueño, Pérez Pons anticipó que se trabaja en la definición de una fecha para las elecciones internas, que podrían desarrollarse entre mayo y junio del próximo año. «Por supuesto que va a haber internas. Van a ser seguramente entre mayo y junio.
Estamos definiendo en estos días la fecha, si es el 30 de mayo o el 20 de junio, más o menos en esa época», explicó.
El diputado vinculó ese cronograma con la posibilidad de que las elecciones provinciales se realicen en septiembre de 2027, aunque aclaró que todavía existen cuestiones organizativas y políticas pendientes.
También confirmó que su sector tiene la intención de participar en la competencia electoral y que actualmente desarrolla recorridas y reuniones con dirigentes de distintas localidades. «Nosotros iremos a competir. Estamos recorriendo la provincia y seguramente en las próximas semanas estaremos empezando a mostrar el programa de gobierno frente a la sociedad, frente a cada uno de los sectores», anticipó.
En cuanto a la modalidad de selección de candidaturas, se manifestó a favor de las internas abiertas, con participación de ciudadanos que no necesariamente estén afiliados a un partido político. «Yo estaba a favor de las PASO y estoy a favor de las internas», afirmó.
Argumentó que una porción importante de la sociedad comparte las ideas de determinados espacios políticos sin mantener una afiliación partidaria formal. «Estamos en una sociedad donde el 10% o el 15% está afiliado a un partido político. Muchas personas adhieren a las ideas de un espacio político, pero tampoco están afiliadas formalmente», explicó.
Para Pérez Pons, permitir que esos ciudadanos participen en la elección de candidatos contribuiría a fortalecer la legitimidad de las propuestas electorales. «Privarles de esa oportunidad me parece que no tiene ningún sentido para la construcción de una mejor propuesta electoral», sostuvo.
Respecto del financiamiento, explicó que será una cuestión que deberá resolverse entre las autoridades partidarias y los sectores que decidan competir.
Señaló que los principales costos estarán relacionados con la apertura de establecimientos educativos, la instalación de urnas y la seguridad necesaria para garantizar el desarrollo de la jornada electoral. También consideró probable que la competencia interna se organice dentro de un frente político integrado por el Partido Justicialista y otras fuerzas aliadas.
Un programa de gobierno con propuestas
El legislador destacó que su espacio trabaja junto a intendentes, diputados y referentes políticos de diferentes municipios para elaborar un programa de gobierno que pueda presentarse a la ciudadanía.
Críticas al Gobierno por la cláusula gatillo docente
Uno de los cuestionamientos más fuertes de Pérez Pons estuvo dirigido a la política salarial del gobierno provincial y al proyecto legislativo que, según su interpretación, impediría utilizar mecanismos automáticos de actualización de los haberes docentes.
El diputado sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) había establecido la necesidad de garantizar una evolución positiva de los salarios del sector, evitando retrocesos en los derechos adquiridos. «El Superior Tribunal de Justicia le dijo al Gobierno que tenía que actualizar el salario de los docentes de manera positiva. ¿Qué significa? Que los derechos conquistados, de alguna manera, no pueden retroceder», explicó.
En ese contexto, cuestionó el contenido del artículo 7 de una iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial. «Los invito a leer la ley, porque la ley que manda el Gobierno ahora es muy clara.
El artículo número 7, si no recuerdo, prohíbe la indexación de los salarios por inflación. O sea, significa que prohíbe por ley la cláusula gatillo», aseguró.
Pérez Pons interpretó que esa disposición representa un retroceso para los trabajadores de la educación y contradice el criterio judicial sobre la protección de los ingresos docentes. «Me parece que fue una tomada de pelo frente a la Justicia, que le había establecido una medida positiva para los docentes, considerando que su salario no se puede deteriorar frente a la inflación», cuestionó.
El legislador mencionó además una audiencia judicial convocada para el 29 próximo, en el marco del seguimiento del cumplimiento del fallo relacionado con la actualización salarial.
De acuerdo con su evaluación, los docentes acumulan una importante pérdida de poder adquisitivo durante la actual gestión provincial, que estimó en alrededor del 32%.
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