vivienda, recortes e inflación, las razones detrás del estallido social que recorre a Europa

Europa ha vuelto a echarse a la calle. Desde hace semanas, España, Francia, Portugal, Albania, Italia o Bélgica viven movilizaciones masivas con protagonistas, reivindicaciones y adversarios distintos: la vivienda en Madrid, los recortes presupuestarios en Bruselas, o la educación y el coste de la vida en París. Vistos por separado, son conflictos locales. Vistos en conjunto, dejan ver las costuras de un mismo descontento. Una parte cada vez mayor de las sociedades europeas, sobre todo la más joven, duda de su futuro porque su presente —los estudios, la primera vivienda, el primer empleo digno— se le escapa de las manos.

Europa lleva años instalada en una minicrisis permanente: nunca estalla la gran crisis que vuelque el tablero económico, social y político, pero tampoco se resuelve nada. Para un número creciente de ciudadanos, ese estado de cosas ya es inaceptable, y estallan en cuanto salta la chispa: el desahucio y la muerte de una anciana de 87 años en Madrid o la falta de profesores y las aulas saturadas en los institutos franceses. Al desencanto se responde con movilización y, en el caso francés e italiano, con violencia callejera.

Este malestar puede tener consecuencias políticas de fondo por dos razones: está politizando y movilizando a una nueva generación, y su protesta provocará una reacción en sentido contrario de quienes reclaman orden y mano dura. El calendario electoral lo hace inminente. España vota el 29 de noviembre. Si el malestar se prolonga, pesará de lleno en uno de los comicios más importantes de Europa en años: las presidenciales francesas de la primavera de 2027, con la ultraderecha —Marine Le Pen o Jordan Bardella— al frente de los sondeos frente a quien llegue al ballotage, ya sea el liberal Édouard Philippe, el socialista Raphaël Glucksmann o el izquierdista radical Jean-Luc Mélenchon.

Las redes sociales y algunos medios europeos mueven la idea de que detrás de las protestas hay una mano negra, pero las pruebas son inexistentes y los gobiernos afectados señalan a sus enemigos habituales.

El 3 de octubre, decenas de miles de personas se manifestaron en más de 50 ciudades, convocadas por el Sindicato de Inquilinas. En Madrid, la Delegación del Gobierno contó 70.000 manifestantes; los organizadores, 500.000. La marcha llegó un día después de que el Parlamento español rechazara dos decretos de vivienda del Gobierno. El detonante fue Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada el 23 de septiembre del departamento en el que había vivido setenta años, y fallecida el 7 de octubre en el hospital. La protesta, alimentada por la indignación ante los desahucios y el encarecimiento de la vivienda, expone la contradicción de fondo de la economía española: el crecimiento y la creación de empleo desde la pandemia, con el mejor comportamiento macroeconómico de las grandes economías europeas, no han servido para que los más jóvenes accedan a una casa. El problema ya no es solo de los pobres. Afecta a trabajadores con empleos estables, y en las ciudades a profesionales cualificados y a parejas con dos salarios.

La protesta belga es más clásica. El 9 de octubre marcharon por Bruselas entre 30.000 personas, según la policía, y 50.000, según los organizadores, convocadas por los dos grandes sindicatos, el socialista FGTB y el cristiano CSC, contra el ajuste que prepara el Gobierno del conservador Bart De Wever que maneja el país con un déficit superior al 5%. Bajo el lema «Pas dans nos poches» («no en nuestros bolsillos») se sumaron trabajadores públicos, del transporte y estudiantes de secundaria, movilizados desde el 1 de octubre contra los recortes en la enseñanza. Bélgica tiene un Estado del bienestar potente, financiado con una de las presiones fiscales más altas del mundo, y a pesar de eso las protestas no reclaman menos impuestos, sino que el gasto público no se ajuste para rebajarlos. El Gobierno sostiene que solo intenta contener la deuda. Los sindicatos dicen entenderlo y compartirlo, pero rechazan el modo de lograrlo: a su juicio, los sacrificios recaerían sobre las capas más vulnerables y apenas rozarían a los sectores más ricos.

El movimiento arrancó el 21 de septiembre, cuando estudiantes de instituto denunciaron la falta de profesores, las instalaciones vetustas y las clases masificadas. En pocas semanas se ensanchó hasta confluir con la protesta contra la vida cara, nacida en las redes sociales a raíz de la subida de los carburantes y con presencia de antiguos chalecos amarillos. El 17 de octubre salieron a la calle unas 550.000 personas, según el Ministerio del Interior (800.000, según los organizadores). Buena parte de las marchas fue pacífica, pero hubo barricadas incendiadas, saqueos de comercios, enfrentamientos con la policía y unos 400 detenidos al caer la tarde. El 18 siguió. Los detenidos suman más de 2.000 y los policías heridos más de 1.000.

Condenar la violencia no debería servir para ignorar las causas. El malestar francés se ha ido enquistando durante años —pensiones, impuestos, poder adquisitivo, fracturas sociales—, como mostró el movimiento de los chalecos amarillos, que la extrema derecha acabó capitalizando. Los casi diez años de presidencia de Emmanuel Macron terminarán con un suspenso rotundo y un único aprobado: haber impedido durante una década una presidencia de la ultraderecha que, ahora sí, parece muy difícil de frenar.

Las tres protestas comparten un trasfondo económico. La inflación de la zona euro llegó en septiembre al 3,8%, la más alta desde 2023, empujada sobre todo por la energía y los carburantes, y castiga a los bolsillos de las clases más desfavorecidas. Los salarios no compensan. Según el último informe sobre empleo y evolución social de la Comisión Europea, los salarios reales de la zona euro apenas superarían este año en un 1,4% sus niveles de 2019, y en Francia, Italia y Alemania siguen por debajo de los previos a la pandemia. Tras una pandemia, una crisis energética y una oleada inflacionista, el avance acumulado es muy modesto.

La vivienda es la fractura más visible, y es sobre todo geográfica. En el segundo trimestre, los precios subieron de media un 4,7% interanual en la UE, pero un 12,1% en España y un 16,5% en Portugal, mientras caían un 0,8% en Francia. Eso ayuda a explicar por qué en Madrid el detonante es la casa y en París, la escuela.

El modelo social europeo descansó desde el final de la Segunda Guerra Mundial sobre una promesa: que cada generación viviría mejor que la anterior gracias al trabajo y la educación. Los Estados ponían las condiciones para que todos empezaran a subir la escalera del ascenso social en igualdad —con becas, por ejemplo— y el mérito y el esfuerzo hacían el resto. Un título universitario garantizaba un empleo decente y medios suficientes. Hoy esa garantía ya no es segura: ni los estudios aseguran un empleo estable y bien pagado, ni ese empleo asegura siempre una vida digna. Si el trabajo no da acceso a los bienes y servicios que caracterizaron a la clase media, el contrato social y la escalera del mérito se rompen. Y si en España heredar dos departamentos puede rendir más que un título universitario, el país necesita reformas profundas para que el esfuerzo tenga más recompensa que el rentismo.

¿Qué ofrece una sociedad a quien cumple escrupulosamente las condiciones que ella misma fijó para progresar? Algunos responderán que las generaciones anteriores vivieron peor en lo material, con menos oportunidades educativas y peores servicios sanitarios. Es cierto, pero el análisis es incompleto: el progreso no se mide solo en bienes, depende también de las expectativas y de la posibilidad real de alcanzarlas. A quienes hoy tienen entre 20 y 25 años se les dijo, siendo adolescentes y en plena pandemia, que si clavaban los codos saldrían adelante. Seis años después, esa promesa se ha incumplido en buena parte.

La Europa de los años sesenta era objetivamente más pobre, pero veía un horizonte creciente de oportunidades, pleno empleo y unos sectores sociales acaudalados que aportaban fiscalmente mucho más que ahora proporcionalmente para sostenerla. Hoy Europa es más rica y sus jóvenes, en lo material, también; pero el optimismo de hace sesenta años se ha convertido en frustración y los ricos cada vez aportan menos a la caja de todos.

Los cauces tradicionales no están traduciendo este malestar. Bélgica y Francia cuentan con sindicatos capaces de llenar las calles, pero ni unos ni otros recogen todas las expresiones del descontento, y les cuesta saber qué quieren realmente los jóvenes. El movimiento del 17 de octubre nació en las redes sociales, no en las centrales sindicales. En España, la protesta por la vivienda la convoca el Sindicato de Inquilinas, fuera del sistema, nacido al margen de los grandes sindicatos y de los partidos. La traducción de la protesta a las instituciones tradicionales falla.

Ese vacío no tiene consecuencias electorales evidentes y puede alimentar a opciones políticas de todo el espectro. El 3 de octubre, en Madrid, la policía tuvo que contener a grupos de extrema derecha que intentaban llegar a la acampada de la Puerta del Sol. Escuadristas intentando acabar con protestas sociales, como si viviéramos en la Italia de Novecento, aquella gran película de Bernardo Bertolucci.

Sería prematuro describir este otoño del malestar como una revuelta continental. El movimiento no es homogéneo ni alcanza a ciudades de la importancia política de Londres o Berlín. Tampoco hay que ver cada estallido de protesta como prueba del fracaso del modelo social europeo: la democracia permite expresar los conflictos y dispone de válvulas para regular la presión. Protestar es sano y democrático. El peligro político más grave no es una eventual explosión revolucionaria, sino que se asiente entre las juventudes europeas la idea de que el esfuerzo no merece la pena, de que las instituciones no escuchan y de que la única respuesta al malestar es el nihilismo. Esa sería la verdadera factura de este otoño, mucho más que la violencia de unas noches de disturbios.