Murió Maricarmen Abascal, la mujer que había sido desalojada y desató una ola de protestas por la vivienda en España

Maricarmen Abascal, la mujer que fue desalojada de su departamento y cuyo caso encendió la lucha de los inquilinos en España, murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón a los 87 años. Así lo confirmó en un comunicado el Sindicato de Inquilinas.

«Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen», indicó el sindicato y resaltó su «ejemplo de lucha» y la ola de reacciones tras su desalojo que, dijeron, «suponen un antes y un después en la historia de este país».

El 23 de septiembre fue desalojada de su casa en el exclusivo barrio del Retiro, en Madrid, en la que vivió durante siete décadas. Desde entonces, cientos de inquilinos han protestado en Puerta Sol al punto tal de que su caso generó una crisis institucional que derivó en el llamado anticipado a elecciones nacionales para fines de noviembre.

El día del desalojo fue retirada en camilla y quedó internada en el hospital. Tenía discapacidad y movilidad reducida. Cinco días más tarde de la ejecución del desahucio, sus abogados alcanzaron un acuerdo con la empresa dueña de la casa y la mujer estaba autorizada a regresar al inmueble.

«No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya«, fue la declaración que hizo Maricarmen desde el hospital, en un video difundido por sus representantes, poco después del desalojo y cuando aún no había arreglo para su situación.

Su familia alquilaba desde 1956 un departamento de 60 metros cuadrados a tres cuadras del Parque del Retiro, una zona que con el correr de las décadas se convirtió en una de las más exclusivas de la capital española. El fondo de inversión Urbagestión compró la vivienda en 2018 y la intimó para que la abandone. Allí comenzó la lucha de la mujer.

Maricarmen pagaba 500 euros por mes de alquiler, por un beneficio del contrato firmado por sus padres durante el franquismo. El fondo de inversión le reclamaba 1.650 euros mensuales, pero ella alegó que solo cobraba 1.450 euros de jubilación.

Finalmente, tras una larga batalla judicial, el pasado 23 de septiembre se ejecutó el desalojo. Desde entonces se desataron una serie de protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez por la crisis de la vivienda que arrastra desde hace años España.

Las manifestaciones incluyeron un acampe de inquilinos en la Puerta del Sol. En medio del descontento, que se suma a los problemas judiciales de su esposa, Sánchez anunció el pasado lunes que adelantaría las elecciones nacionales para el 29 de noviembre.

El martes, el Gobierno español aprobó por segunda vez dos decretos leyes contra la crisis de precios de la vivienda. Incluyeron modificaciones a los primeros decretos que había presentado días atrás Sánchez, y que fueron rechazados por el Congreso por falta de apoyo parlamentario de los bloques conservadores y de la extrema derecha, así como de los independentistas catalanes de Junts.

Las medidas incluidas en los decretos incluyen una línea de financiación pública de 10.000 millones de euros, con préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para quienes quieren adquirir una primera vivienda. Además, los inquilinos podrán desgravarse parte de lo que pagan del alquiler en el impuesto de la renta (unos mil euros anuales en el caso de alquileres de 800 euros al mes); y se prevén incentivos fiscales para los pequeños propietarios que alquilen casas a precios accesibles.

También se prorrogan hasta dos años los contratos de alquiler de quienes están al corriente de pago; se limitan las subas del precio y se fijan reglas sobre cuándo se terminan y en qué casos el propietario puede recuperar la vivienda.

El paquete de leyes mantiene la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones y se limita la compra de vivienda por ‘fondos buitre‘. «No vamos a permitir ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen», había dicho Sánchez.

Los decretos-leyes aprobados por el Gobierno entran en vigor con su publicación, pero deben ser convalidados por el plenario del Congreso en el plazo de 30 días. Sin embargo, con el Parlamento disuelto debido al adelanto electoral, los decretos tendrán que ser refrendados esta vez por la Diputación Permanente de la cámara legislativa, lo que ha generado críticas contra el Gobierno. A diferencia de la votación anterior, esta vez no sería necesario el voto de Junts para que los decretos fuera convalidado.

El voto en contra de Junts fue clave en la derrota parlamentaria del Gobierno el viernes pasado, y Sánchez decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre próximo (previstas en 2027), en un contexto de malestar y protestas sociales, con numerosas manifestaciones y acampadas para reivindicar el derecho a una vivienda digna y asequible.

Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid volvió a rechazar el desalojo de la acampada que se prolonga ya por undécimo día en la Puerta del Sol, al desestimar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno capitalino, que pretendía que la Justicia forzara a la Administración central a disolver la protesta.

El sábado, se realizaron varias protestas y acampadas por la crisis de la vivienda en distintos puntos de España, con una manifestación en Madrid que congregó a unas 70.000 personas en la Plaza de Cibeles, convocada por el Sindicato de Inquilinas.

Ante el pedido del Sindicato de Inquilinas, los principales sindicatos españoles han convocado a un paro general de 24 horas, previsto para el 11 de noviembre, en demanda de salarios suficientes para hacer frente a los altos precios de la vivienda, tanto de las propiedades como de los alquileres. El paro general está convocado por las dos organizaciones principales de trabajadores del país, la Unión General de Trabajadores UGT y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), así como otros de menor representación.

«No es una huelga ilegal -replicó hoy Álvarez-, primero porque la vivienda y los salarios tienen una relación directa. No podemos pensar que en la vida todo transcurre en el marco de la negociación en las empresas. Es más, ellos (los empresarios) deberían estar sumados también a este movimiento», señaló Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.

La huelga será en vísperas de que comience la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, adelantadas por Sánchez.