Las autoridades estadounidenses acusaron el jueves al expresidente venezolano Nicolás Maduro de conspirar para torturar a sus conciudadanos con el fin de mantener su control del poder, aumentando la presión sobre el derrocado líder autoritario que ya enfrenta acusaciones por narcotráfico.
Maduro, quien previamente fue acusado de participar en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, ahora también enfrenta acusaciones de violaciones de derechos humanos durante su mandato como gobernante de la nación sudamericana rica en petróleo.
Maduro “autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos y supervisó un sistema diseñado para usar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medio de represión contra la oposición política”, dice la acusación formal revisada.
Maduro, añade la denuncia, trató de perpetuarse en el poder “aterrorizando a presuntos opositores mediante persecución y violencia”. Miles de venezolanos, agrega, fueron “acosados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados” por personas que actuaban por orden del gobierno que él controlaba.
Las torturas incluyeron descargas eléctricas, golpizas y asfixia. Maduro, según la denuncia, autorizó métodos de tortura y amenazó con matar al hijo de un preso “como una forma de tortura psicológica”.
La Fiscalía de Estados Unidos acusó a su vez a la esposa de Maduro, Cilia Flores, de conspiración para cometer narcoterrorismo, cargo que hasta ahora solo pesaba contra el depuesto líder venezolano.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen tras las rejas en Nueva York desde principios de enero, cuando las fuerzas de seguridad los detuvieron en su casa de Caracas durante una redada en plena noche.
Ambos se han declarado inocentes en la causa penal que se inició hace años contra ellos y numerosos presuntos co-conspiradores. Ya se enfrentaban a posibles penas de cadena perpetua en caso de ser declarados culpables.
Cilia Flores tenía previsto comparecer ante el tribunal el jueves, donde sus abogados instarán a un juez a que la libere de la cárcel y la ponga bajo arresto domiciliario debido a que padece problemas cardíacos.
Sus abogados han solicitado que se desestime el caso alegando que goza de inmunidad por ser la líder y la primera dama de un país extranjero.
Los abogados de Flores, de 69 años, también han argumentado que ella tiene problemas médicos que no pueden ser tratados eficazmente en la cárcel, y que en su lugar se le podría permitir vivir bajo vigilancia las 24 horas en una residencia en Nueva York.
También dijeron que sufrió cicatrices permanentes cuando fue «arrojada contra una pared o una cómoda» durante la operación militar estadounidense que condujo a su captura.
Sus abogados afirman que ha perdido 11 kilos durante su encarcelamiento en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y que le han dicho que podría necesitar una cirugía cardíaca. Añadieron que padece mareos, aturdimiento y dificultad para respirar persistentes, y que podría haber sufrido un infarto leve en julio.
La fiscalía se opuso a la solicitud de libertad bajo fianza. En un documento presentado ante el tribunal, argumentaron que Flores representaría un “riesgo extremo de fuga y un peligro para el público” si fuera puesta en libertad. También indicaron que, en ocasiones, la han trasladado de la cárcel a un hospital local para recibir tratamiento médico cuando lo ha necesitado.
La administración del presidente Donald Trump ha defendido la incursión para capturar a Maduro como una “operación policial quirúrgica”. Maduro se ha autodenominado prisionero de guerra y su captura un secuestro.
Flores está acusada de participar en una conspiración de importación de cocaína con su esposo, Maduro, quien se desempeñó como presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura por las fuerzas estadounidenses en enero.
Los abogados de Flores afirmaron que ella no representaba ninguna amenaza de fuga porque está «decidida a apoyar a su marido con su presencia constante».
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