La CGT advierte por la pérdida de empleo registrado y cuestiona la falta de controles

La desprotección laboral alcanza al 45,2% de los trabajadores, de acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que expuso el nivel de trabajadores que desarrollan sus actividades sin aportes jubilatorios y fuera de las condiciones propias del empleo registrado.
El dato encendió la preocupación del movimiento sindical y volvió a poner en discusión el avance de la informalidad laboral y sus consecuencias a largo plazo.
En ese contexto, el delegado regional de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Chaco, Isaías Alegre, consideró que se trata de una situación «muy preocupante» y sostuvo que el fenómeno se profundizó durante los últimos años.
«La verdad que es algo preocupante, que nos viene pasando hace unos años, pero ahora se profundizó peor», afirmó Alegre al analizar el informe.
El dirigente sindical sostuvo en diálogo con LA VOZ DEL CHACO que el porcentaje de trabajadores que no realizan aportes previsionales constituye un dato significativo y cuestionó el comportamiento de una parte del sector empresario.
«Son datos muy relevantes. Ahí te das cuenta de la clase empresarial que tenemos en la Argentina», manifestó. Y agregó: «Si del 100%, el 45% no está aportando, evidentemente es porque le gusta trabajar en negro o es lo que quiere este Gobierno».
Para Alegre, la problemática no puede analizarse únicamente desde la situación de los trabajadores, sino también desde la capacidad del Estado para fiscalizar las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

«Se profundizó el trabajo informal»
Consultado sobre si existe un crecimiento de la informalidad laboral durante los últimos años, Alegre respondió de manera afirmativa y señaló que la situación también puede observarse en sectores específicos de la economía chaqueña. «Sobre todo ahora, en estos últimos años se celebró más el trabajo informal», sostuvo.
Como ejemplo, mencionó la situación que, según explicó, observa el sindicato en el sector de camioneros. Allí, señaló que anteriormente los niveles de informalidad se ubicaban aproximadamente entre el 25% y el 30%, mientras que en los últimos años comenzaron a registrar porcentajes considerablemente superiores.
«Nosotros teníamos ahí en el Chaco, más o menos, en nuestro sector de camioneros, entre un 25 y un 30% el año anterior, y estos últimos años estamos viendo (…) un 40, un 40 o 50%», señaló.
A su entender, durante el último período el fenómeno se habría profundizado de manera significativa. «Este año se profundizó. Impresionante cómo se profundizó el trabajo informal», afirmó.

Falta de controles
Uno de los principales cuestionamientos de Alegre estuvo dirigido a los mecanismos de fiscalización laboral. En ese sentido, sostuvo que la reducción de los controles facilita el crecimiento del empleo no registrado.
«La falta de control en las empresas», respondió al ser consultado por las causas del crecimiento de la informalidad.
El dirigente recordó que anteriormente la Dirección de Trabajo de la provincia tenía una participación activa en las tareas de fiscalización y que, según relató, los inspectores acompañaban a los sindicatos en controles sobre empresas y rutas.
«Antes nosotros teníamos, por ejemplo, en el Chaco, una Dirección de Trabajo que era la que nos ayudaba a controlar las empresas, que salía con nosotros a la ruta, a las empresas, a controlar si había empleo registrado y era la que aplicaba multas», explicó.
Según Alegre, esa estructura perdió capacidad de fiscalización y modificó sus funciones. «Hoy esa Dirección de Trabajo pasó a ser un centro de capacitación», cuestionó.
También apuntó contra la estructura nacional de fiscalización laboral y señaló que los sindicatos no cuentan con las mismas facultades para sancionar incumplimientos.
«Si bien vamos nosotros como sindicatos, no tenemos el poder de policía que tiene la Dirección de Trabajo de Nación para poder aplicar multas», remarcó.
Para el dirigente, la falta de controles genera un escenario en el que los empleadores pueden incumplir las normas laborales sin enfrentar las mismas consecuencias que en períodos anteriores.

Críticas al Gobierno nacional y provincial
Consultado sobre la responsabilidad de los gobiernos frente al escenario de informalidad, Alegre fue contundente.
«El gobierno nacional tiene 100% de responsabilidad, igual que el gobierno provincial, al no brindar todas las herramientas a los sindicatos para poder llevar adelante estos controles», sostuvo.
El dirigente consideró que tanto el Estado nacional como el provincial deberían fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar que las empresas cumplan con las obligaciones laborales.
«El empresario argentino está totalmente sin control», afirmó y vinculó esa situación con la crisis económica que atraviesa el país: «Yo creo que 100% de responsabilidad del gobierno nacional y del provincial».
El futuro previsional
de las nuevas generaciones
Uno de los momentos más críticos de la entrevista se produjo cuando Alegre fue consultado por las consecuencias que tendrá para las nuevas generaciones la falta de aportes jubilatorios.
El dirigente expresó su preocupación por la posibilidad de que una parte importante de los trabajadores llegue a la edad jubilatoria sin contar con los años de aportes necesarios.
«La verdad que no me imagino. Se puede hacer, como digamos, un cementerio de ancianos el día de mañana, porque la verdad que no se van a poder jubilar», afirmó.
En esa línea, advirtió que la falta de aportes previsionales puede generar consecuencias sociales de largo plazo. «Van a terminar trabajando hasta los 90 años o se van a terminar muriendo sin poder comprar sus alimentos o las cosas que necesitan», sostuvo.
Más allá de la dureza de la expresión, Alegre buscó poner el foco en la relación entre el empleo registrado actual y la posibilidad de acceder a una jubilación en el futuro.

Críticas a la reforma laboral
El dirigente de la CGT también fue consultado sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y sobre la posibilidad de que los cambios profundicen la informalidad.
Su posición fue abiertamente crítica. «La reforma laboral es la peor ley que se ha dictado en la Argentina en los últimos 100 años», afirmó Alegre.
Según sostuvo, las modificaciones implican una pérdida de derechos para los trabajadores y pueden generar un mayor nivel de precarización.
«Le quita derechos a los trabajadores. Prácticamente quedó un trabajador esclavo», expresó.

Menos changas y más informalidad

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la situación de quienes sobreviven mediante trabajos ocasionales o «changas».
Alegre sostuvo que, lejos de representar una alternativa creciente para los trabajadores, este tipo de actividades también se habría reducido como consecuencia de la crisis económica. «La changa ha desaparecido totalmente. La changa, en un 90%, ha desaparecido», afirmó.
En ese sentido, describió un escenario en el que muchas personas buscan generar ingresos mediante actividades informales de subsistencia. «Sí hay más gente que empieza a vender en la calle tortas o alguna de esas cosas», señaló, aunque insistió en que incluso las actividades ocasionales se encuentran afectadas.
Según su análisis, también se produjo un desplazamiento de trabajadores que anteriormente contaban con empleo registrado hacia situaciones de informalidad. «Nosotros lo que vemos es que empleados que tenían trabajadores registrados y generalmente les sacaron de los convenios y les pusieron en negro», aseguró.
Asimismo, Alegre vinculó esta situación con las dificultades económicas que atraviesan las empresas y con el incremento de los costos que deben afrontar los empleadores. Sin embargo, consideró que las dificultades económicas no deberían traducirse en la pérdida de derechos laborales.