Es desconocer la realidad en el exterior

“Que el Tribunal Supremo suspenda el voto de quienes obtuvieron la ciudadanía española por la ley de nietos es eliminar un derecho fundamental y refleja un desconocimiento del efecto que tiene el voto en el exterior”, dice a Clarín Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

El alto tribunal dictó una medida cautelar para que el padrón electoral suspenda la inscripción de quienes hayan obtenido la ciudadanía por ser descendientes de españoles pero no puedan acreditar que son hijos o nietos de exiliados por el franquismo, una de las opciones que amplió la ley de memoria democrática, conocida como “ley de nietos”.

La decisión del Supremo deja en el aire la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de miles de personas cuyos ancestros españoles huyeron de su país por sufrir represión o persecución.

Porque, para el tribunal, existe “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia”.

Con la mira puesta en la próximas elecciones generales, previstas para el año que viene, el Supremo sostiene que “existe ese riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el censo de residentes en el exterior, que afecta también a su regularidad jurídica”.

“Decir eso es desconocer la realidad en el exterior”, reitera Alonso, que vive en Frankfurt y es la primera mujer en presidir el consejo de españoles en el exterior, al que define como “sin poder ejecutivo y sólo consultivo”.

“Es un órgano que asesora al gobierno o a otras instituciones españolas. Está adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, por un tema de gestión administrativa pero, desde luego, en las propuestas, en las resoluciones que tomamos o en los comunicados, no consultamos al gobierno a ver si les parece bien o no”, subraya su presidenta.

-El Supremo se preocupa porque el padrón de españoles en el exterior está “en constante aumento”. ¿Esto implica algún riesgo de manipulación?

-El censo se actualiza conforme a la legislación vigente. Y, obviamente, si hay personas que están adquiriendo la ciudadanía, igual que si hay personas que llegan a la mayoría de edad o hay personas que fallecen, ese censo se tiene que actualizar. El censo electoral dentro de la propia España, por haber tenido muchísima inmigración en los últimos años, también está creciendo de manera importante y nadie habla de que se esté manipulando. Si hay una ley que reconoce una ciudadanía, esa ciudadanía conlleva una actualización del censo, pero no una manipulación.

-¿Cuál es la composición actual de la ciudadanía española en el exterior?

-Hoy por hoy, está compuesta mayoritariamente por gente nacida fuera de España, alrededor de dos tercios, incluso algo más. Los que somos emigrantes, y eso que ha habido una ola reciente en los últimos 15 años bastante fuerte, somos una minoría. No todos tenemos el mismo tipo de vinculación con España, pero no por ello menos derechos. En mi caso, mi hija mayor nació en España y mi hijo menor nació ya fuera del país. Me preocupa, por ejemplo, que mis hijos tengan los mismos derechos, independientemente de que uno sea nativo y el otro no.

-¿De qué cantidad de españoles fuera de España estamos hablando?

-Los números van cambiando. Ya superamos los tres millones de ciudadanos españoles en el exterior. Cuando se termine de tramitar la ley de nietos, probablemente seamos cinco millones.

-¿Qué porcentaje corresponde a argentinos que solicitaron la nacionalidad?

-En Argentina (donde vive la mayor comunidad española fuera de España) se presentaron aproximadamente un millón de solicitudes. Sólo en Buenos Aires, unas 645.000.

-¿En qué instancia están?

-Están resueltas unas 30.000. A nivel global, por ejemplo, hablamos en total de dos millones y medio de solicitudes y no llegan todavía al medio millón las que están resueltas. Se prevé que se tarde todavía, por desgracia, bastante tiempo.

-¿Cómo interpreta entonces la medida cautelar del Tribunal Supremo?

-Es una medida que elimina, a una parte de la ciudadanía, un derecho fundamental, como es el derecho de sufragio activo y pasivo, y que, además, es un derecho que está recogido en el artículo 23 de la Constitución española. Tenemos que tener en cuenta que los afectados ni siquiera han podido estar personados en la causa. Hay una situación de absoluta indefensión. Es un derecho vulnerado con efecto inmediato y verificable. Y se toman unas medidas cautelares por una hipótesis futura, que puede pasar o no. Por otra parte, la gente que ha accedido a la ciudadanía española por la llamada ley de nietos sufre una discriminación en función de su lugar de residencia.

-¿Podría ampliar esta idea?

-Porque el que ha optado por la nacionalidad, por ejemplo, viviendo en España, entra en el padrón normal y no está sujeto a estas medidas cautelares. El que ha visto reconocida su nacionalidad, por ejemplo, viviendo en Argentina y decide emigrar a España o retornar a España, también sale del CERA y entonces, como acaba en el padrón normal, no está sujeto tampoco a las medidas cautelares, cuando el derecho al voto en la Constitución española está reconocido para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.

-¿Está justificada la preocupación por cómo puede impactar el voto en el exterior en los resultados electorales?

-La participación exterior, especialmente en los países de América, es muy baja. Es mínima. El impacto electoral real es muy bajo. A nosotros, desde el Consejo, nos gustaría que esa participación fuese mucho mayor, entre otras cosas, para defender los intereses del exterior. No por otra cosa, pero, por desgracia, es muy baja. Además, en todos los años que llevamos de democracia, el voto exterior sólo ha movido escaños en tres ocasiones: una vez fue del PNV (Partido Nacionalista Vasco) al PP (Partido Popular); otra vez, del PP al PSOE (Partido Socialista Obrero Español), y otra vez, del PSOE al PP.

-¿De dónde le parece que surge ese fantasma?

-Hay mucho desconocimiento del exterior, como lo es pensar que si aumenta el censo CERA, va a beneficiar a un partido concreto y no a otro. Es desconocer la realidad del exterior. En Argentina, por ejemplo, el voto CERA está muy repartido entre distintas tendencias y eso no va a cambiar porque más gente tenga la nacionalidad.

-Una vez que alguien presenta la solicitud y se le concede la ciudadanía, ¿La inscripción en el CERA es automática o la persona tiene que inscribirse?

-Tiene que inscribirse en el registro de matrícula consular. Menos de la mitad de las personas que están obteniendo la nacionalidad se inscribe. Por ejemplo, en Buenos Aires, un 40 por ciento de las nuevas ciudadanías se está inscribiendo en el registro. Si uno no se inscribe no va a aparecer en el CERA, en el censo de residencia. Hay gente que quiere tener la ciudadanía por si acaso, a veces por temas sentimentales, pero hay mucha gente que no va a ejercer derechos como es el del voto o no quiere de momento pedir un pasaporte, por eso no se inscribe.

-¿Hay modo de medir la relación entre nacionalizarse español y emigrar a España?

-Hay una carencia de datos estadísticos respecto al exterior enorme. En el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), sí se puede ver, más o menos, la cantidad de personas que llegan a España desde el exterior, pero lo que no es nada fácil de trazar es cuántas de esas personas llegan después de haber obtenido una nacionalidad. Hay una oficina también del retorno para la gente que quiere retornar. Se puede anotar en la oficina y le dan como un carné o un certificado de emigrante retornado que permite a veces acceder a ciertas ayudas.

-¿Se consideran “retornados” sólo los españoles que emigraron o también los que adquirieron la nacionalidad sin haber pisado España?

-Se entiende por retornados también a aquellos españoles descendientes de emigrantes, aunque no hayan vivido antes en España. En la Argentina, por ejemplo, tanto Galicia como Asturias tienen oficinas de retorno situadas en Buenos Aires. Desde el Consejo trabajamos para que haya también un nueva oficina de retorno estatal. Probablemente, el primer sitio donde se abriría sería Buenos Aires.