Confirmaron la acusación contra los ocho policías que robaron cocaína en un operativo e irán a juicio

El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2025 en Colonia Benítez, durante un operativo de incineración de estupefacientes, en el que los imputados tenían a cargo el resguardo, custodia y traslado de los estupefacientes. La fiscalía sostuvo en la acusación que los policías planificaron la maniobra con el objetivo de comercializarla.

El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia formuló la acusación, a fin de promover la apertura del juicio oral contra ocho policías provinciales por el robo de casi 10 kilos de cocaína durante un operativo de incineración de estupefacientes realizado en el Polígono de Tiro de la Policía de la provincia del Chaco, en diciembre del 2025.

El fiscal federal Patricio Sabadini y la fiscal interina del área, Ruth Hilgenberg, estimaron que corresponderá la imposición de penas de entre 8 y 15 años de prisión para los imputados.

En su presentación, efectuada este martes, la fiscalía sostuvo que el robo fue planeado por el comisario y jefe del operativo, Rubén Héctor César Alegre (38), quien organizó e intervino funcionalmente en los hechos materialmente atribuidos a sus subordinados, todos integrantes de la División Operaciones Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos de la Policía de la Provincia del Chaco.

De esta manera, conforme la acusación presentada el pasado 1° de septiembre, durante el procedimiento de incineración, el cabo primero Gustavo Andrés Quizama (34), el subcomisario Franco Andrés Ramírez (33), el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez (33), el cabo Néstor Ariel Urne Canteros (31) y el sargento Gustavo Jesús Acosta (34) sustrajeron 9,490 kilos de cocaína del ámbito de custodia. En el escrito, el fiscal consideró que consumaron la tenencia con el fin posterior de comercializarla.

Por otra parte, los representantes del MPF indicaron que, si bien no estuvieron en el predio al momento del secuestro del material ilícito, los cabos Gastón Ezequiel Villalba (33) y Francisco Lucas Leonel García (32) también participaron en el hecho, en tanto, Villalba intervino activamente en el acondicionamiento de los “panes” de yeso que sustituirían a los de cocaína cuyo destino era la incineración, y García era el encargado de insertar el material en el mercado una vez sustraído.

Ambos fueron arrestados el 15 de abril de este año, luego de los peritajes telefónicos que dieron cuenta de su intervención en el hecho investigado. Los otros seis policías imputados están detenidos desde el día del hecho.

La presentación del escrito de acusación —tal como lo dispone el artículo 274 del Código Procesal Penal Federal (CPPF)— constituye el paso previo a la realización de la audiencia de control de la acusación en la que se establecen las bases para la realización del juicio oral.

Esta investigación fue la primera en la que tuvo que intervenir al Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia bajo el sistema acusatorio, que había entrado en vigor 17 días antes del hecho, el 1° de diciembre de 2025 en el distrito.

La maniobra

El 18 de diciembre del 2025 se llevó a cabo la quema, que estuvo a cargo de las autoridades de la Policía de la provincia del Chaco, con la presencia del titular del Juzgado Federal N°2 de Resistencia, el juez Ricardo Mianovich, y el secretario Martín Innocente.

En esa oportunidad, el secretario del juzgado federal advirtió movimientos irregulares por parte de dos efectivos policiales al momento de trasladar la sustancia desde un móvil policial que oficiaba como medio de transporte del estupefaciente secuestrado hacia la fosa de incineración. Allí detectó la sustracción de ocho paquetes de cocaína que se encontraban escondidos dentro de la cabina del vehículo, debajo de los asientos del conductor y del acompañante y otro más en la mochila del efectivo Núñez.

Advertida la maniobra, se produjo el secuestro del material estupefaciente y también de otros elementos personales de los integrantes de la patrulla. Además, dentro de la mochila de Urne Canteros, se halló un paquete que contenía un ladrillo de aparente yeso que simulaba ser cocaína, para disimular el reemplazo de la droga secuestrada, según detallaron los fiscales en la audiencia de formalización del caso realizada en diciembre del año pasado.

“Habían dispuesto sus mochilas y elementos personales en el vehículo oficial, con la clara intención de realizar el intercambio o sustitución de panes y repartirse, posteriormente, el botín ilícito”, explicó Sabadini.

Conversaciones telefónicas

En la acusación, la fiscalía indicó que el comisario Alegre tuvo bajo su órbita y decisión la selección del personal de su división que participó del procedimiento de quema de estupefacientes. En base a los peritajes telefónicos realizados durante la investigación, la fiscalía destacó que en una conversación con el subcomisario Ramírez, Alegre le pidió que quite a un agente y que involucre en el procedimiento al cabo Urne Canteros.

“Que haya seleccionado a Urne Canteros y no otro funcionario policial, ya sea para la quema o para otro operativo, resulta clarificador para la hipótesis organizacional presentada, en tanto que el nombrado fue quien intervino en la sustracción de los panes de cocaína de los secuestros que fueron quebrantados, y la planificación de la sustitución de éstos por ´panes´ de yeso”, indicó el MPF.

Además, el análisis de los dispositivos telefónicos reveló un grupo de WhatsApp llamado “Los laaaaaru laaaaaru”, integrado por Urne Canteros, Almirón Núñez y Villalba, en el que compartieron una foto tomada momentos previos al procedimiento de quema de estupefacientes, donde se lo ve a Almirón Núñez y Urne Canteros en pleno traslado de material estupefaciente hacia el predio de incineración. Minutos más tarde de aquel envío, Villalba reaccionó ante esa imagen (“Dale campeón”) e hizo referencia a que no se echen para atrás con la maniobra que iban a realizar.

A su vez, la fiscalía destacó una conversación entre Urne Canteros y Almirón Núñez donde se evidenció el plan de sustitución de las sustancias secuestradas por réplicas de yeso para encubrir los bultos y hacerlos pasar por originales.

“Esto es un dato insoslayable […] que demuestra que el intercambio no respondía a un criterio azaroso, sino que ellos tenían conocimiento de las características estéticas específicas de los panes que pretendían sustituir”, indicaron los fiscales al respecto.

De acuerdo con la acusación, el análisis de las comunicaciones permitió establecer la existencia de otro grupo de WhatsApp denominado «Div. Transporte», donde se dio el siguiente dialogo:

— García: “Vos estás en la quema del merengue? Rascale algo suazo”, “Pa zafa” (sic).
— “S. Encargado”: “Sí, por? querés un poco?”.
— García: “Te hablo al privado”. “Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas”. “Fijate que el coso sea blanco noma”. “Y que tenga el delfinsito (sic) arriba”.
Por otra parte, la fiscalía recalcó que de ninguna manera se puede considerar que la droga estaba destinada al consumo personal de los encartados e indicó que los imputados mantenían vínculos “con personas que se dedicarían al comercio de estupefacientes, con las cuales, en algunos casos, negociaban cierta ´inmunidad´”.

Sobre ello, mencionó un audio enviado por el cabo primero Quizama el día anterior a los hechos, donde mencionaba que la quema se iba llevar adelante y que estaba viendo “cuanto podía manotear”, mientras que le preguntaba el precio al que se vendían los estupefacientes.

Sobre ese mismo tema, la fiscalía señaló otra conversación, del 17 de diciembre de 2025, entre Almirón Núñez y García, en la que el primero le cuenta que al día siguiente se llevaría a cabo el procedimiento y le pregunta si contaba con algún contacto para vender rápidamente la droga que iban a sustraer. Ante ello, García respondió que podía concretar un “pasamano” de manera inmediata.

Las calificaciones legales y las penas

Por todo ello, la fiscalía estimó en 15 años de prisión la pena que se requerirá para el comisario Alegre, por considerarlo autor responsable del delito de organización de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por ser cometido por un funcionario público en concurso material con el delito de “peculado”.

Con respecto a los restantes acusados, estimó en 12 años de prisión la pena para Ramírez; en 11 años las que requerirá para Quizama, Almirón Núñez y el cabo Urne Canteros; y en 8 años de prisión la pena aplicable al sargento Acosta. A todos los señaló como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y la calidad de funcionario público y peculado.

Por último, en cuanto a los cabos Villalba y García, estimó que requerirá una pena de 8 años de prisión como coautores del delito tenencia con fines de comercialización, agravado por el número de partícipes y la calidad de funcionario público.

De esta manera, el fiscal requirió en la acusación la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena para todos los imputados.