Torturas y abusos a presas en Magdalena: detuvieron a 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense

Tras la denuncia por abusos sexuales y torturas físicas contra un grupo de presas en el Penal Nº51 de Magdalena, la Justicia ordenó la detención de quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el marco de la causa que investiga su accionar durante la noche del 3 de junio.

El juez Juan Pablo Masi, a cargo del Juzgado de Garantías N°4, determinó la aprehensión de los agentes para asegurar las pruebas en la investigación y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas.

La medida fue abordada luego del trabajo conjunto y las tareas coordinadas con la fiscalía actuante, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Los detenidos se encontrarán alojados en distintas dependencias carcelarias de la provincia de Buenos Aires.

Los episodios que originaron la causa habrían ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente. Según la denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N°11 de La Plata, el personal penitenciario irrumpió en uno de los pabellones tras una pelea menor entre dos internas, donde usaron gas pimienta en espacios cerrados y bloquearon las salidas.

Las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse frente a los efectivos masculinos y, ante la resistencia de las internas, los mencionados habrían implementado severas prácticas de tortura física.

Entre los ataques que se habrían cometido se encuentran haberles sumergido la cabeza en piletones con agua para cortarles la respiración, golpizas reiteradas y al menos dos de las reclusas fueron sometidas a abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal.

“El Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirman su compromiso con el total esclarecimiento de los hechos ocurridos, en función del estricto cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales y del prestigio institucional que es nuestro deber resguardar”, manifestaron.

Página/12