La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que obtuvo media sanción en el Senado, si bien terminó considerablemente reducida respecto de la iniciativa original, mantuvo modificaciones de peso.
El texto aprobado introduce procedimientos abreviados para desalojos, establece nuevas condiciones para las expropiaciones y sus indemnizaciones -incluido el reconocimiento del lucro cesante-, limita las ocupaciones temporáneas y avanza en la digitalización de los registros inmobiliarios y en cambios para la regularización dominial.
El Gobierno consiguió aprobar esa versión por 37 votos contra 33 después de más de once horas de debate y de una intensa negociación que lo obligó a desprenderse de dos de los capítulos que mayor resistencia habían provocado: la reforma de la Ley de Tierras Rurales, que buscaba flexibilizar las condiciones para la adquisición de campos por extranjeros, y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.
Ambos quedaron fuera y, por lo tanto, no forman parte del proyecto que ahora deberá discutir la Cámara de Diputados.
La media sanción representa así un resultado político de doble lectura para el oficialismo. La Libertad Avanza consiguió preservar una parte sustancial de su reforma sobre la propiedad privada y enviarla a Diputados, pero debió resignar justamente dos de los capítulos que habían convertido al proyecto en eje de una fuerte controversia pública.
La flexibilización de la compra de tierras rurales por extranjeros había provocado una campaña nacional de rechazo de organizaciones ambientales, campesinas, indígenas, gremiales y universitarias, mientras que las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego despertaron cuestionamientos por sus posibles efectos sobre superficies afectadas por incendios.
El debate también dejó una fotografía de las diferencias entre los representantes chaqueños. Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy votaron a favor y aportaron dos de los 37 respaldos que permitieron la media sanción, mientras Jorge Capitanich rechazó el proyecto.
Asimismo, Schneider defendió durante su intervención especialmente las reformas vinculadas con expropiaciones y desalojos; Capitanich cuestionó sus posibles consecuencias sociales y Godoy acompañó la iniciativa sin tomar la palabra durante la extensa discusión parlamentaria
LO QUE SE APROBÓ
Uno de los puntos centrales que permanece en el proyecto es la modificación de los procedimientos para recuperar inmuebles frente a ocupaciones consideradas ilegales y determinados incumplimientos contractuales.
La iniciativa incorpora procedimientos abreviados para casos de usurpación u ocupación sin derecho sobre un inmueble. Según el texto aprobado, el juez podrá disponer la restitución inmediata cuando considere verosímil el derecho invocado por el propietario y exista una caución juratoria.
También se establece la posibilidad de intimar la devolución del inmueble en un plazo de 72 horas cuando quien reclama pueda acreditar documentalmente su titularidad.
En los alquileres de viviendas, el procedimiento tiene otras condiciones. Frente a una falta de pago, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar una demanda mediante un procedimiento sumarísimo.
El proyecto establece además que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble, aunque conservará la posibilidad de reclamar posteriormente las deudas que considere pendientes.
Cuando el procedimiento involucre a niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, deberá darse intervención a los organismos estatales de protección correspondientes.
LOS CAMBIOS EN LAS EXPROPIACIONES
El segundo gran bloque que sobrevivió a las modificaciones realizadas en el Senado es el referido al régimen nacional de expropiaciones.
La iniciativa endurece las condiciones bajo las cuales el Estado puede declarar un bien de utilidad pública. La declaración deberá estar específicamente fundamentada y explicitar las razones que justifican la expropiación.
Uno de los cambios económicos relevantes aparece en el cálculo de las indemnizaciones. El texto incorpora la posibilidad de reconocer el lucro cesante -las ganancias que el propietario deja de percibir como consecuencia de la expropiación- con un límite de hasta el 30% del daño emergente.
También modifica las condiciones para el pago. Las indemnizaciones deberán actualizarse mediante el Índice de Precios al Consumidor y contemplar intereses en caso de demoras, mientras que la transferencia definitiva del dominio no podrá concretarse hasta que se haya abonado la totalidad de la compensación correspondiente.
En caso de desacuerdo respecto del valor del inmueble, el juez podrá solicitar la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
La reforma también introduce límites a la denominada ocupación temporánea, una herramienta mediante la cual el Estado puede disponer transitoriamente de determinados bienes frente a situaciones excepcionales. El proyecto establece un máximo de 90 días y concentra esa facultad en el Poder Ejecutivo nacional.
REGULARIZACIÓn DOMINIAL
El tercer eje que quedó en pie apunta a modificar el funcionamiento de los registros inmobiliarios y avanzar en su digitalización.
El proyecto habilita la presentación de documentación en formato digital ante los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país, una modalidad que algunas jurisdicciones ya utilizan y que el Gobierno presenta como parte de la modernización del sistema.
También incorpora modificaciones vinculadas con la regularización dominial de viviendas únicas. Entre ellas se amplía la posibilidad de acceder a una escritura para quienes puedan acreditar una posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante al menos diez años.
El texto contempla además un resguardo para ocupantes que acrediten una posesión pacífica, lícita e ininterrumpida durante ese período, una situación que deberá ser considerada frente a los nuevos procedimientos destinados a acelerar la restitución de inmuebles.
DE UNA LEY
AMPLIA A TRES EJES
Capitanich sintetizó el resultado de la negociación parlamentaria al señalar que, después de las modificaciones, «de todos los capítulos que tenía la ley se quedaron con tres»: expropiaciones, reforma del Código Procesal Civil y Comercial vinculada con los desalojos y modificaciones relacionadas con los registros de la propiedad.
Asimismo, el senador, que actuó como miembro informante por la minoría, cuestionó la heterogeneidad de la iniciativa y sostuvo que el Poder Ejecutivo volvió a utilizar una estructura similar a una ley ómnibus para reunir bajo un mismo proyecto reformas de diferente naturaleza.
También puso el foco en las consecuencias sociales de los procedimientos de desalojo en un contexto de creciente endeudamiento y dificultades para afrontar alquileres y servicios. Según datos mencionados por el legislador durante sus declaraciones posteriores a la sesión, un relevamiento de la Federación de Inquilinos indica que siete de cada diez inquilinos se encuentran en situación de mora.
En el caso particular del Chaco, Capitanich aclaró además que los alcances de algunas modificaciones procesales nacionales deben analizarse teniendo en cuenta las competencias provinciales. Señaló que la provincia posee su propio Código Procesal Civil y Comercial, por tratarse de una potestad no delegada al Estado nacional.
El Chaco con votación dividida
La votación también dejó expuestas las diferencias entre los tres representantes chaqueños en la Cámara alta. Jorge Capitanich rechazó el proyecto, mientras Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy acompañaron la iniciativa y aportaron dos de los 37 votos que permitieron al oficialismo alcanzar la media sanción.
Schneider había adelantado durante su intervención su «pleno acompañamiento» al proyecto y defendió particularmente los cambios relacionados con las expropiaciones y los procedimientos de desalojo.
La legisladora vinculó su posición con situaciones de ocupación de tierras ocurridas en Chaco y cuestionó a organizaciones piqueteras, al sostener que productores agropecuarios habían atravesado situaciones de inseguridad sobre sus propiedades durante administraciones anteriores.
Capitanich se ubicó en la posición contraria y sostuvo que la protección de la propiedad privada ya se encuentra contemplada por la Constitución Nacional. «El problema de la República Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada: es el acceso a la propiedad privada por parte de los pobres», afirmó durante su intervención.
Godoy, en tanto, acompañó al oficialismo con su voto afirmativo pero no intervino en el debate para fundamentar su posición.
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