El Diputado nacional, entrevistado en La Otra Campana, analizó el proceso de reformas impulsado por el Gobierno nacional tras las elecciones de 2023. Destacó la aprobación de medidas como la reforma laboral, la boleta única de papel y la Ley Hojarasca, así como la reducción de subsidios energéticos en zonas frías y la compensación de deudas vinculadas a la energía en Corrientes. Defendió la política de ordenamiento fiscal, y ratificó el rumbo del Gobierno en materia de retenciones.
El diputado nacional Lisandro Almirón, entrevistado en «La Otra Campana», emitido por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, por Gustavo Ojeda y Facundo Sagardoy, remarcó que la Argentina atraviesa «un proceso de transformación en todo el país» iniciado tras las elecciones presidenciales de 2023, a partir de un paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional inspirado en «Alberdi, en la Ley de Bases y Puntos de Partida».
Almirón subrayó que el oficialismo avanzó desde entonces en un esquema de reconstrucción institucional y económica que buscó redefinir el rol del Estado, modernizar la legislación y establecer nuevas condiciones para el desarrollo productivo. En ese sentido, recordó que el proyecto original presentado por el presidente Javier Milei fue «ambicioso» y orientado a generar «la reconstrucción de la Argentina y el respeto a las instituciones».
En ese sentido, reconoció que, aunque muchos de los cambios promovidos por el oficialismo todavía no pueden percibirse plenamente en la vida cotidiana, el Congreso avanzó en la incorporación progresiva de distintas normativas contempladas originalmente en la Ley Bases. Entre ellas mencionó la reforma laboral, la implementación de la boleta única de papel y la denominada Ley Hojarasca, iniciativa que definió como una herramienta de «economía legislativa» destinada a eliminar leyes obsoletas o sin aplicación efectiva en la actualidad.
En relación con las últimas iniciativas parlamentaria, el Diputado destacó especialmente el tratamiento de la reducción de zona fría y las implicancias energéticas para Corrientes. Explicó que la medida representa «la valoración del Estado nacional de la zona cálida» y una compensación vinculada a la deuda histórica que mantenía la provincia con la empresa Cammesa.
El legislador remarcó que Corrientes nunca formó parte del esquema tradicional de zona fría y cuestionó el modo en que, según indicó, se aplicaron anteriormente ciertos subsidios energéticos. «Fue para nosotros una medida populista de un grupo de legisladores que en su momento acompañaron esto», expresó, al tiempo que defendió el nuevo criterio de segmentación impulsado por el Gobierno nacional. En ese contexto, sostuvo que el subsidio para sectores vulnerables continúa vigente y afirmó que «no es que se sacó», sino que se eliminó la discrecionalidad en la distribución de beneficios.
Al profundizar sobre el debate energético, Almirón cuestionó la existencia de subsidios generalizados que, según explicó, equiparaban situaciones socioeconómicas completamente distintas. «Entraban en una misma bolsa el tipo que tenía una losa radiante y vivía en un country y el tipo que vivía en condiciones donde las bajas temperaturas hacían que las tarifas sean realmente un problema», afirmó. En ese sentido, subrayó que el nuevo esquema procura focalizar la asistencia estatal en los sectores de mayor vulnerabilidad y corregir distorsiones acumuladas durante años.
Política exterior
El legislador nacional destacó la aprobación de más de trece acuerdos internacionales impulsados durante la actual gestión. Según explicó, muchos de esos tratados pasaron inadvertidos en el debate público pese a su relevancia institucional y jurídica. Entre ellos mencionó convenios firmados con países de Europa del Este, Arabia Saudita y Chile vinculados a políticas de cooperación dentro del derecho penal internacional.
Almirón sostuvo que esos acuerdos permiten avanzar en mecanismos de extradición y cooperación judicial que anteriormente no existían. En ese sentido, remarcó que la aprobación de esos convenios refleja un proceso de mayor «seriedad» institucional y diplomática por parte de la Argentina.
Orden y reformas
El legislador libertario defendió el rumbo económico adoptado por el Gobierno nacional y consideró que el país logró iniciar un fuerte proceso de ordenamiento luego de «más de un 200 por ciento inflacionario en 2023».
En ese sentido, indicó que la administración nacional trabaja sobre instituciones que anteriormente «prácticamente no representaban los intereses de los argentinos», mientras intenta consolidar reglas de juego estables para el funcionamiento de la economía y la inversión.
En la misma línea, sostuvo que la relación entre el Gobierno nacional y Corrientes «ha mejorado mucho» a partir del entendimiento de la importancia que poseen las provincias que acompañan el proceso de transformación impulsado por la administración libertaria. En ese marco, destacó especialmente la aprobación de la modernización laboral y afirmó que sin ese tipo de reformas «seguramente algunas de las empresas que se están instalando en el país no tendrían la seguridad jurídica» necesaria para invertir.
Almirón señaló además que las reformas económicas no pueden analizarse aisladamente, sino en conjunto con la construcción de nuevas condiciones institucionales. Mencionó particularmente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como Rigi, y sostuvo que el país atraviesa una etapa de adecuación normativa destinada a facilitar la radicación de capitales y la expansión productiva. Para el legislador, el objetivo central consiste en garantizar «reglas claras» y reducir los niveles de presión impositiva y burocrática.
En esa línea, el Diputado defendió la política oficial orientada a disminuir retenciones y estimular sectores exportadores. «La idea del presidente es llegar al momento en que las retenciones sean cero», afirmó al referirse a las medidas aplicadas sobre productos agrícolas e industriales. También mencionó beneficios vinculados a la industria automotriz y petroquímica, señalando que determinadas actividades podrán exportar sin cargas impositivas, lo que consideró un cambio de gran impacto para la economía nacional.
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