Despidos en Ersa: la UTA advirtió que la crisis del transporte «se pudo evitar»

El secretario general de la UTA, Raúl Abraham, aseguró que la situación era previsible y sostuvo que desde hace casi un año el sindicato viene advirtiendo que el escenario podía desembocar en cesantías si no se adoptaban medidas para sostener la actividad.
«Me terminaron de informar que ya comenzaron a enviar los telegramas de despido. Lo primero que vamos a hacer es poner a trabajar a nuestros asesores legales para que realicen todos los rechazos correspondientes y defiendan a cada uno de los compañeros afectados», confirmó el dirigente en declaraciones a La Radio.
Aunque reconoció que el conflicto ingresó en una etapa crítica, Abraham aseguró que todavía existen herramientas para evitar un mayor deterioro del sistema. Sin embargo, advirtió que ello dependerá de la voluntad política y empresarial para abrir una instancia de diálogo.

Una crisis que, según la UTA, se veía venir
Para el titular del gremio, los despidos son el resultado de un proceso que comenzó mucho antes y que fue profundizándose a medida que la empresa avanzó con el Procedimiento Preventivo de Crisis y otras medidas destinadas a reducir costos.
«Esto es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Da mucha bronca porque desde septiembre del año pasado pedíamos que alguien convocara a una mesa de trabajo entre el Gobierno, los empresarios y el sindicato para encontrar una solución. Lamentablemente nadie escuchó esos planteos», afirmó.
Según Abraham, la preocupación del gremio surgió cuando comenzaron a observarse los primeros signos de retracción en la prestación del servicio. Recordó que Ersa inició la concesión con unas 106 unidades circulando y que, con el correr de los meses, ese número fue disminuyendo.
«Cada colectivo que dejaba de salir era una señal de que algo no estaba funcionando. Nosotros advertíamos que, si esa situación continuaba, tarde o temprano iba a repercutir en los trabajadores y también en los usuarios.»
El dirigente sostuvo que la reducción de la flota fue el primer síntoma visible de una crisis financiera que luego se profundizó con la caída de la recaudación, el incremento de los costos operativos y las dificultades para sostener la estructura de la empresa.

El intento por evitar las cesantías
Abraham recordó que, cuando comenzaron las dificultades económicas, la postura de la UTA fue intentar preservar cada puesto de trabajo.
«Nosotros dijimos desde el primer momento que no queríamos despidos ni suspensiones. Esa fue siempre nuestra prioridad», dijo.
Sin embargo, explicó que el Procedimiento Preventivo de Crisis habilitó un ámbito de negociación en el que el sindicato aceptó medidas excepcionales para impedir que la empresa avanzara con las cesantías.
«En aquel momento aceptamos resignar algunas condiciones porque entendíamos que era la única manera de ganar tiempo y evitar despidos. Fue un esfuerzo importante de los trabajadores», relató.
Según explicó, el objetivo era atravesar los meses de menor actividad, históricamente los más complicados para el transporte urbano.
Entre enero y marzo, señaló, la cantidad de pasajeros disminuye de manera considerable debido al receso escolar y al período de vacaciones, situación que impacta directamente en los ingresos de las empresas.
«Los subsidios también dependen de la cantidad de pasajeros transportados. Si baja la cantidad de usuarios, también caen los recursos que reciben las empresas. Eso terminó agravando una situación que ya era complicada», explicó Abraham.
A ese escenario se sumaron las dificultades financieras propias de la empresa, que derivaron en nuevas presentaciones judiciales y terminaron acelerando el deterioro económico.

El deterioro del servicio
Mientras se agravaba la situación financiera de la empresa, también comenzaron a sentirse las consecuencias en la calle.
La reducción de frecuencias, la eliminación de recorridos y la menor cantidad de colectivos en circulación modificaron la rutina diaria de miles de usuarios que dependen del transporte público para llegar a sus trabajos, establecimientos educativos y centros de salud.
«La empresa fue recortando servicios y eso perjudicó directamente a la gente. Hoy hay vecinos que deben esperar mucho más tiempo para viajar o caminar varias cuadras para encontrar otra línea», aseveró.
Para Abraham, el malestar de los pasajeros es comprensible: «La gente se enoja y tiene razón. Pero nosotros advertíamos desde hace meses que esto podía pasar si nadie intervenía para encontrar una solución».
El dirigente insistió en que la crisis del transporte ya dejó de ser un problema exclusivo de una empresa y comenzó a afectar a toda la comunidad.
«Cuando un colectivo deja de circular, no sólo pierde la empresa. También pierde el trabajador que llega tarde a su empleo, el estudiante que no puede asistir a clases y el jubilado que necesita trasladarse para realizar un trámite o atenderse en un hospital», relató.

La UTA reclama una salida integral
La situación de Ersa no solo genera preocupación por los puestos de trabajo afectados, sino también por el futuro del servicio de transporte urbano. Para el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Raúl Abraham, el conflicto requiere una respuesta amplia que involucre a todos los sectores vinculados al funcionamiento del sistema.
El dirigente cuestionó que, frente a la crisis, la discusión se centre únicamente en la situación económica de la empresa y pidió que se contemple el impacto que tiene la reducción del servicio sobre miles de usuarios.
«Acá no estamos hablando solamente de trabajadores. También estamos hablando de la gente que todos los días necesita un colectivo para ir a trabajar, estudiar o atenderse en un hospital», sostuvo.
Abraham afirmó que las decisiones que se tomen en los próximos días serán determinantes para evitar un deterioro mayor: «Necesitamos que todos entiendan la gravedad del momento. No podemos esperar a que el problema sea mucho más grande para recién buscar una solución».

La incertidumbre por una nueva licitación
Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es la posibilidad de que el corredor actualmente operado por Ersa sea llamado nuevamente a licitación.
Desde distintos sectores se planteó esa alternativa como una posible salida para garantizar la continuidad del servicio, pero Abraham expresó sus dudas sobre la llegada de nuevos operadores en el actual contexto económico.
«Se habla de una licitación, pero la pregunta que hacemos es quién va a venir a tomar un servicio en estas condiciones, con los costos actuales y con la realidad económica que atraviesa el país», dijo.
Para el dirigente, el transporte atraviesa una situación compleja que no puede resolverse únicamente cambiando una empresa por otra.
«El problema no es solamente quién presta el servicio. El problema es cómo se sostiene el sistema. Si no se discute eso, dentro de un tiempo podemos volver a estar hablando de la misma situación», agregó.
Según explicó, las empresas enfrentan aumentos permanentes de costos operativos, dificultades para mantener las unidades y una estructura de ingresos que, a su entender, no acompaña la realidad del sector.