El presidente Javier Milei encabezó ayer una nueva reunión con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada, apenas dos semanas después del último encuentro de trabajo con su bloque parlamentario.
La convocatoria tuvo como eje central la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Poder Ejecutivo considera prioritaria dentro de la nueva etapa de su programa económico y que será remitida próximamente al Congreso para su tratamiento legislativo.
La exposición se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; además de las principales autoridades parlamentarias del oficialismo, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni; y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El encuentro estuvo orientado a unificar criterios políticos y técnicos antes del envío formal del proyecto al Poder Legislativo.
Durante más de dos horas y media, el mandatario desarrolló una extensa explicación sobre la evolución histórica del Banco Central y los fundamentos de la reforma impulsada por el Gobierno.
Al igual que en otras presentaciones públicas, Milei transformó su exposición en una clase de economía y utilizó un pizarrón para ilustrar distintos conceptos vinculados al funcionamiento de la autoridad monetaria. En ese contexto sostuvo que la iniciativa procura modificar un esquema institucional que, según expresó, «lleva 91 años de estafa a los argentinos».
La reunión tuvo además una instancia de intercambio entre el Presidente y los legisladores presentes. Varios asistentes formularon consultas sobre el contenido de la iniciativa y otros aspectos de la política económica, entre ellos la diputada nacional Juliana Santillán.
Al cierre del encuentro, Karina Milei tomó la palabra para agradecer el «compromiso» de los integrantes del bloque oficialista con las reformas impulsadas por el Gobierno, reforzando el respaldo político a una de las principales iniciativas legislativas previstas para los próximos meses.
Aunque el texto definitivo del proyecto aún no fue difundido oficialmente y tampoco se confirmó la fecha de su ingreso al Congreso, la elaboración se encuentra a cargo del propio presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Los cuatro funcionarios mantuvieron durante la semana pasada reuniones de trabajo en la residencia presidencial de Olivos para avanzar en la redacción de la propuesta.
Los cambios propuestos
La reforma constituye una redefinición del compromiso asumido por Milei durante la campaña presidencial, cuando propuso el cierre del Banco Central. Ante la imposibilidad de concretar esa medida, el Gobierno optó por impulsar una modificación profunda de la Carta Orgánica del organismo con el propósito de limitar sus funciones y fortalecer su independencia respecto del Poder Ejecutivo.
El eje principal consiste en impedir que el Banco Central financie de manera directa o indirecta el déficit fiscal mediante emisión monetaria, una práctica que el oficialismo identifica como uno de los factores centrales del proceso inflacionario argentino.
Dentro de ese objetivo, la iniciativa busca revertir la reforma aplicada en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.
El proyecto pretende restablecer como mandato exclusivo de la institución la preservación del valor de la moneda, reemplazando el esquema vigente que también incorpora objetivos vinculados con «la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social». Para el Gobierno, esa ampliación de funciones favoreció la utilización del Banco Central como herramienta para financiar el gasto público mediante emisión.
La posición oficial fue respaldada públicamente por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Bertie Benegas Lynch, quien defendió la necesidad de restringir las facultades de la autoridad monetaria.
En ese sentido afirmó: «Eso se ha planeado perversamente para llevar al Banco Central a la agenda del clientelismo político y la dependencia, para gastar lo que se les ocurra con emisión monetaria. Eso tiene que ser restrictivo y volver a la instancia de preservar al valor de la moneda».Además del cambio en la misión institucional del Banco Central, el proyecto incorpora otras modificaciones de carácter estructural. Entre ellas se encuentra la prohibición de emitir Letras Intransferibles del Tesoro, la limitación de la distribución de utilidades del Banco Central salvo en situaciones excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación, y la incorporación de sanciones para los funcionarios responsables de autorizar emisión monetaria sin respaldo.
También propone fortalecer la estabilidad institucional de las autoridades del organismo mediante mayores exigencias para la remoción del Presidente y del directorio.
Agenda económica para la segunda mitad del año
La reforma del Banco Central no constituye el único eje de la agenda económica prevista por el Gobierno para la segunda mitad del año. El presidente también impulsa la incorporación en la Argentina de un mecanismo similar al denominado shutdown vigente en Estados Unidos, mediante el cual, cuando no existe acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para aprobar el Presupuesto, quedan suspendidos temporalmente los servicios estatales no considerados esenciales, mientras se mantienen únicamente las prestaciones básicas vinculadas con salud, seguridad, control aéreo y otras funciones prioritarias.
El funcionamiento actual del sistema argentino difiere de ese esquema. La Ley de Administración Financiera establece que, cuando el Congreso no aprueba el Presupuesto, el Poder Ejecutivo debe prorrogar automáticamente el correspondiente al ejercicio anterior.
Esa fue la herramienta utilizada por Javier Milei al extender la vigencia del Presupuesto 2023 durante los ejercicios 2024 y 2025, primero como consecuencia del inicio de su gestión presidencial y luego por la falta de acuerdos políticos con la oposición y con los gobernadores para sancionar una nueva ley de gastos y recursos.
La continuidad del Presupuesto prorrogado permitió al Gobierno administrar con mayor discrecionalidad distintas partidas del gasto público, aunque también generó un progresivo atraso de las asignaciones presupuestarias frente al proceso inflacionario.
Esa situación derivó en la sanción, por parte del Congreso, de leyes específicas destinadas a garantizar recursos para las universidades nacionales y el sector de la discapacidad, conflictos que posteriormente dieron lugar a resoluciones judiciales desfavorables para el Poder Ejecutivo y profundizaron la discusión institucional sobre el manejo del presupuesto nacional.
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