La Asociación de Magistrados defendió su planteo contra la Ley de Honorarios

La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Bardiani, defendió la decisión de promover una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la nueva Ley de Honorarios Profesionales y aseguró que la iniciativa no persigue un enfrentamiento con los abogados sino la preservación de la independencia de los jueces.
En declaraciones a radio Natagalá, la titular de la entidad sostuvo que el debate público en torno a la norma perdió sentido desde el momento en que el conflicto quedó en manos de la Justicia y remarcó que el objetivo de la Asociación fue representar institucionalmente a los magistrados chaqueños, quienes son los encargados de aplicar la legislación cuestionada.
«Yo creo que el conflicto no es mediático, ya está judicializado y nosotros estamos con la firme convicción de lo que teníamos que hacer por representar a los jueces de la provincia, que son quienes aplican la ley de honorarios y están sometidos a sanciones disciplinarias», sostuvo Bardiani.
Las declaraciones de la magistrada se conocieron luego de las fuertes críticas expresadas en los últimos días por representantes de distintos colegios de abogados, quienes rechazaron la presentación judicial impulsada por la Asociación y defendieron la constitucionalidad de la nueva normativa.

Control
Uno de los principales cuestionamientos formulados desde los colegios profesionales apuntó a que el verdadero interés de los jueces sería evitar controles sobre su actuación antes que discutir el contenido de la ley.
Consultada sobre esa acusación, Bardiani rechazó de plano esa interpretación y afirmó que la preocupación institucional radica en las consecuencias disciplinarias previstas por la propia legislación.
«No, para nada», respondió al ser consultada sobre esa afirmación.
La dirigente explicó que, además de algunas deficiencias técnicas que —según consideró— deberían corregirse, la norma fija un piso obligatorio para la regulación de honorarios cuya inobservancia podría derivar en severas sanciones para los magistrados.
«La ley establece un piso que, si no es acatado por la judicatura, genera una causal disciplinaria expulsiva de jury. Además crea una especie de observatorio para controlar la labor de los jueces», explicó.
Según sostuvo, el problema aparece cuando el monto mínimo impuesto por la ley resulta desproporcionado respecto del capital efectivamente discutido en un expediente.»A veces el capital es mucho menor que la cuantificación de los honorarios y ahí se produce un desfasaje. Se obliga al juez a aplicar una ley que regula honorarios arbitrarios en comparación con el capital», afirmó.En ese sentido, consideró que la función judicial exige evaluar cada caso concreto y no aplicar automáticamente un criterio que pueda derivar en decisiones irrazonables.
«Para nosotros eso no es hacer justicia. No podemos estar atados de manos aplicando a rajatabla un mínimo cuando en determinadas circunstancias no corresponde. Allí debe existir la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad», expresó. Bardiani también procuró despegar el reclamo de cualquier discusión económica vinculada con la retribución de los abogados.»A nosotros no nos importa cuánto ganen los abogados. Nosotros nos conformamos con lo que ganamos», manifestó.
Sanciones disciplinarias
Durante la entrevista, Bardiani insistió en que el aspecto central del planteo judicial no pasa por el impacto económico que eventualmente pueda generar la ley, sino por las consecuencias institucionales que podría tener sobre la independencia de criterio de los jueces.
Si bien reconoció que el incremento de honorarios podría tener efectos presupuestarios para el Estado provincial, aclaró que ese argumento ocupa un lugar secundario dentro de la demanda presentada.
«El argumento principal es la sanción automática que establece la ley, no solamente de nulidad, sino también la posibilidad de denunciar a un magistrado por el contenido de una sentencia», explicó.
Para la presidenta de la Asociación, esa posibilidad resulta incompatible con el principio de independencia judicial. «Eso no es correspondiente. Lo único que quiero dejar sentado es que esto ya está judicializado. Nosotros tenemos una opinión, ellos tienen otra, y me parece que el debate público no suma», opinó.
En esa línea, remarcó que la función de los jueces consiste precisamente en resolver conflictos respetando la Constitución y las garantías fundamentales de los ciudadanos.»Los jueces estamos llamados a aplicar la ley, pero siempre que ello no atente contra la garantía de razonabilidad», sostuvo.

Actualización necesaria
Pese a las críticas formuladas contra determinados artículos, Bardiani aclaró que la Asociación nunca cuestionó la necesidad de actualizar el régimen de honorarios profesionales. Por el contrario, reconoció que la normativa anterior había quedado desactualizada y que era necesario mejorar la remuneración del ejercicio profesional de la abogacía. «Sí había que modificar la ley de honorarios porque era muy antigua y no retribuía adecuadamente la función de la abogacía», afirmó.
Sin embargo, consideró que la reforma finalmente sancionada incorporó mecanismos incompatibles con el funcionamiento del Poder Judicial.»Correcto, había que modificarla, pero no así», resumió.

impacto sobre las
finanzas públicas
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista estuvo relacionado con el eventual impacto económico que la nueva ley podría generar sobre las cuentas provinciales, especialmente en aquellos procesos donde el Estado resulta condenado al pago de honorarios.
Bardiani evitó profundizar sobre ese punto y señaló que será el propio Gobierno provincial quien deba evaluar las consecuencias presupuestarias.»El impacto presupuestario lo tendrá que analizar el Gobierno», sostuvo.
No obstante, volvió a vincular esa cuestión con la necesidad de preservar la posibilidad de que los jueces puedan apartarse excepcionalmente de los mínimos legales cuando la situación del expediente así lo justifique.»La garantía de independencia es para el ciudadano. Lo perjudicamos cuando tenemos que aplicar a rajatabla un mínimo y las circunstancias excepcionales ameritan apartarse de ese criterio», afirmó.
Según explicó, la preocupación institucional radica precisamente en que cualquier apartamiento pueda derivar automáticamente en una denuncia disciplinaria contra el magistrado que adopte esa decisión.
«No por eso un juez debe ser objeto de una denuncia. Simplemente es eso».

«No fuimos consultados durante el tratamiento de la ley»

Además de cuestionar el contenido de la nueva Ley de Honorarios, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco también manifestó su disconformidad con el proceso legislativo que derivó en la sanción de la norma. Según sostuvo, ni la entidad que representa a los magistrados ni el Superior Tribunal de Justicia fueron convocados para emitir opinión sobre un proyecto que afecta directamente el funcionamiento del Poder Judicial.
Bardiani afirmó que, habitualmente, la Legislatura provincial remite a la Asociación distintos proyectos vinculados con la administración de justicia para conocer su posición técnica antes del tratamiento parlamentario. Sin embargo, aseguró que en esta oportunidad eso no ocurrió. «Nosotros estamos acostumbrados porque la Legislatura nos envía proyectos de leyes para que opinemos. Esta se tejió en la mismísima oscuridad», dijo.
La magistrada precisó que la Asociación tomó conocimiento de la iniciativa cuando el proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y restaban pocos días para su promulgación. «No se nos corrió traslado ni a nosotros ni al Superior Tribunal de Justicia, específicamente de este proyecto. Cuando salió el proyecto ya estaba sancionado, faltaban días para su promulgación», sostuvo.
Consultada sobre las expectativas respecto del planteo de inconstitucionalidad presentado ante la Justicia, Bardiani aseguró que la Asociación aguardará la resolución con la misma confianza que cualquier ciudadano que considera lesionados sus derechos. «Cada vez que interponemos una demanda uno tiene la esperanza de que sea reconocido un derecho. Tenemos la misma esperanza que cualquier justiciable que se vea agraviado por algo y acude a la Justicia. Vamos a respetar la decisión en los tiempos de la Justicia», expresó.
Finalmente, insistió en que el debate debe trasladarse ahora al ámbito judicial y evitar la confrontación pública entre los distintos sectores involucrados. «No entiendo por qué tanto escándalo cuando uo se ve agraviado tiene que recurrir a la Justicia. Como cualquier ciudadano, en este caso yo represento a un colectivo», concluyó.