Por Noel Eugenio Breard
El planteo de Claudi Pérez en su reciente libro Los bárbaros no es una metáfora histórica sobre el derrumbe de Roma ni una evocación literaria sobre la vieja tensión entre civilización y barbarie, sino una advertencia mucho más inquietante: los factores que erosionan el orden occidental no vienen de afuera, ya están adentro, instalados en el corazón mismo de las instituciones que alguna vez los contuvieron.
Durante ocho décadas, Occidente construyó un sistema basado en división de poderes, economía regulada, derechos humanos y cooperación internacional, un orden imperfecto pero capaz de producir estabilidad y previsibilidad, y ese edificio hoy muestra fisuras profundas porque el poder real se desplaza desde los Estados hacia actores privados con escala global, hacia plataformas tecnológicas que concentran más información que muchos gobiernos y hacia algoritmos opacos que administran emociones y conductas colectivas, de modo que la barbarie moderna ya no lleva espada sino código.
Frente a esto, Europa comprendió algo decisivo: no alcanza con regular la inteligencia artificial si su desarrollo, control y propiedad siguen siendo extranjeros, porque regular lo ajeno no es gobernarlo, y por eso el debate europeo ya no gira solamente en torno a cómo limitar riesgos o proteger datos sino en cómo construir soberanía tecnológica propia, desarrollando modelos e infraestructura propios que garanticen autonomía estratégica frente a la lógica estadounidense de innovación privada y frente al control centralizado del modelo chino.
América Latina observa desde la periferia, y allí aparece el gran dilema argentino, porque el riesgo para la Argentina no es quedar afuera de esta revolución sino ingresar mal, transformarse en territorio disponible para enclaves tecnológicos con privilegios fiscales y escasa responsabilidad, donde la innovación se privatiza y los costos sociales, ambientales y jurídicos se socializan, y ese riesgo se vuelve más concreto cuando se discute reconocer personalidad jurídica a estructuras autónomas gobernadas por algoritmos que blindan a sus controladores reales frente a toda responsabilidad civil, penal o ambiental, lo que no es una innovación institucional sino una arquitectura de impunidad, máxime cuando la inteligencia artificial demanda centros de datos, minerales estratégicos, agua y energía en volúmenes que pueden alterar ecosistemas enteros y tensionar severamente la matriz energética nacional.
Argentina tiene recursos decisivos y puede participar en esta revolución, pero la pregunta es bajo qué condiciones: como nación soberana que regula, exige transferencia de conocimiento y construye capacidades propias, o como enclave algorítmico donde otros deciden y nosotros pagamos los costos, porque las civilizaciones no caen sólo por invasiones externas sino cuando confunden modernización con subordinación, y los bárbaros de este tiempo ya no golpean las puertas sino que están sentados en la mesa de decisiones, y la pregunta ya no es cómo detenerlos sino si todavía estamos a tiempo de reconstruir soberanía antes de que la lógica del algoritmo reemplace definitivamente a la lógica de la ley.
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