Ledesma cuestionó la burocracia que frena inversiones inmobiliarias

Ariel Ledesma alertó sobre una nueva retracción en la actividad de la construcción de acuerdo al ultime índice dado a conocer por el Indec del 2,8% en abril y respecto del año pasado.
Señaló que la falta de continuidad en los pagos de certificados de obra, la burocracia administrativa y la ausencia de una mesa de diálogo entre el Gobierno, las empresas y los trabajadores están afectando al sector. Además, advirtió sobre el impacto que la pérdida de empleo formal tendrá en el sistema previsional en los próximos años.
La actividad de la construcción en el Chaco atraviesa un nuevo período de incertidumbre. Aunque durante los primeros meses del año se registró una leve recuperación en los indicadores laborales, desde abril el sector volvió a mostrar señales de estancamiento y caída, una situación que preocupa tanto a trabajadores como a empresarios.
Así lo expresó el secretario general de la Uocra Chaco, Ledesma, en diálogo con LA VOZ DEL CHACO, quien aseguró que el comportamiento de los últimos meses era previsible debido a la falta de continuidad en las obras públicas y a los problemas que persisten en materia administrativa y financiera.
«Nosotros estábamos viendo que iba a ocurrir esto porque tuvimos un levantamiento de trabajo de poco más del uno por ciento entre febrero y marzo. Generalmente esos son meses positivos porque las empresas retoman actividades y comienzan a generar empleo.
Sin embargo, vimos que el crecimiento era muy pequeño y sabíamos que, si no había continuidad en los pagos de certificados de obra, la situación iba a volver a deteriorarse», explicó.
Según indicó el dirigente sindical, ese escenario comenzó a materializarse a partir de abril y continúa durante mayo y junio.
«A partir de abril empezó a ocurrir eso y hoy seguimos en el mismo sentido. La construcción ya venía con una caída cercana al 2,8% y eso inevitablemente se refleja en los registros laborales», sostuvo.
El problema de los certificados de obra
Ledesma identificó como principal obstáculo la falta de pago en tiempo y forma de los certificados de obra pública.
«Hay un gran problema que el Gobierno no puede solucionar y es la continuidad de las obras. Cuando una empresa no cobra los certificados correspondientes, no puede sostener el ritmo de ejecución ni incorporar nuevos trabajadores», afirmó.
El dirigente explicó que una obra suele atravesar distintas etapas productivas. En el inicio puede demandar entre 20 y 30 obreros, mientras que en su etapa de mayor actividad llega a requerir entre 80 y 100 trabajadores. «Hoy ese punto intermedio no se alcanza prácticamente en ninguna obra.
En vez de incorporar más personal, las empresas reducen planteles porque no tienen garantías de continuidad en los pagos. Una obra que debería tener 100 trabajadores hoy funciona con apenas 50 o 60», remarcó.
Para Ledesma, esta situación impacta directamente en los niveles de empleo formal y limita cualquier posibilidad de crecimiento sostenido.
Las trabas que frenan la inversión privada
Más allá de las dificultades vinculadas a la obra pública, el dirigente también puso el foco en los problemas que afectan al desarrollo privado.
A su entender, la excesiva burocracia administrativa se ha convertido en un factor que desalienta inversiones en la provincia. «Los empresarios constructores y los desarrolladores inmobiliarios encuentran enormes dificultades para obtener la documentación necesaria para iniciar y finalizar obras. Son trámites que deberían ser ágiles, pero terminan demorando proyectos enteros», explicó.
Según sostuvo, esta situación genera que muchos inversores opten por llevar sus capitales a otras jurisdicciones.
«Eso espanta a los inversores privados. En lugar de invertir en Chaco, terminan haciéndolo en Corrientes o incluso en países vecinos. Es algo que nos atrasa muchísimo», aseguró.
Ledesma agregó que también existe una falta de coordinación entre distintas áreas del Estado vinculadas a los servicios públicos. «Muchas veces faltan obras complementarias de agua, electricidad, cloacas o pavimento. Son cuestiones básicas para acompañar emprendimientos privados y lamentablemente no existe una planificación conjunta», manifestó.
La necesidad
de una mesa tripartita
Uno de los reclamos centrales planteados por el titular de la Uocra es la conformación de una mesa de diálogo permanente integrada por el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.
«Todo esto ocurre porque no existe una mesa tripartita donde estén sentados los representantes de los trabajadores, las empresas y el Gobierno. Mientras eso no suceda, siempre vamos a tener obstáculos que nos impedirán crecer», afirmó.
Consultado sobre qué medidas considera prioritarias para revertir la situación, señaló tres ejes fundamentales. El primero consiste en abrir instancias de diálogo para identificar los problemas que están frenando la actividad.
«Si uno observa la cantidad de obras que existen en la provincia, se da cuenta de que deberían generar mucho más empleo del que generan actualmente. Hay que sentarse a discutir por qué eso no ocurre», expresó.
El segundo punto está relacionado con una mayor coordinación entre organismos públicos.
«Se necesita voluntad política para que organismos como Sameep, Secheep, Vialidad Provincial y los municipios trabajen en conjunto y garanticen la continuidad de las obras», indicó.
Finalmente, reclamó mayores controles sobre las empresas constructoras.
El empleo formal vuelve a caer
La preocupación del sector no se limita a la evolución de las obras. También existe alarma por la disminución del empleo registrado.
Ledesma aseguró que actualmente el sector se encuentra nuevamente por debajo de los cuatro mil trabajadores formales. «Estábamos superando los 4 mil trabajadores registrados y hoy volvimos a ubicarnos por debajo de esa cifra. Eso nos preocupa mucho porque venimos arrastrando dificultades desde principios de 2024», afirmó.
Recordó que durante los primeros meses del año pasado la actividad había descendido hasta unos 3.400 trabajadores registrados. «Estamos hablando de trabajadores formalizados, que aportan para la jubilación, tienen obra social y cuentan con cobertura legal. Eso es lo que está en riesgo», advirtió.
El impacto previsional a futuro
El dirigente también alertó sobre las consecuencias que esta situación podría generar en los próximos años.
Según explicó, la reducción del empleo formal implica miles de trabajadores que dejan de realizar aportes jubilatorios.
«Tenemos entre 6 mil y 7 mil trabajadores que podrían estar aportando al sistema y hoy no lo están haciendo. Eso va a generar problemas muy serios en el futuro», afirmó y agregó: «Los trabajadores de la construcción se jubilan a los 55 años. Si pasan largos períodos sin empleo registrado, muchos van a tener que seguir trabajando hasta los 57 o 58 años para completar los aportes necesarios».
Para Ledesma, esto terminará generando nuevas demandas sobre el Estado.
Chaco Construye y la informalidad
Consultado sobre el programa provincial Chaco Construye, consideró que tendrá impacto principalmente en el sector informal.
«Va a mover algo de actividad, pero fundamentalmente dentro de la informalidad. No va a generar el mismo efecto que tiene el empleo formal sobre las pequeñas y medianas empresas», afirmó.
Explicó que los trabajadores registrados poseen mayor capacidad de consumo y acceso a financiamiento.
Viviendas y edificios
En relación con la construcción de viviendas, indicó que actualmente predominan proyectos heredados de gestiones anteriores que están próximos a finalizar. «No hay grandes planes nuevos que generen el volumen de empleo necesario para cambiar la situación actual», señaló.
Respecto de los edificios en altura, destacó que existe un importante potencial de desarrollo en Resistencia.
«Tenemos muchos proyectos inmobiliarios que podrían avanzar. Pero para eso hace falta acompañamiento financiero, créditos blandos y mayor agilidad administrativa», expresó.
También propuso incorporar herramientas tecnológicas para acelerar procesos burocráticos.
«Hoy la Inteligencia Artificial podría ayudar muchísimo en trámites administrativos. Hay procesos que todavía obligan a recorrer varias oficinas cuando podrían resolverse digitalmente», indicó.
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