el Congreso sigue siendo una piedra en el zapato de la democracia peruana

Lima. Enviado especial. El Poder Legislativo, que ahora tendrá dos cámaras, cuenta con una enorme tribu opaca de partidos que suelen coincidir para manejarse como un poder paralelo al Ejecutivo y, a veces, incluso por encima de este. Un real cogobierno. Estas maniobras aquí tienen un calificativo severo: se le conoce como “el pacto mafioso”. Ángel Páez, fundador y jefe de la prestigiosa Unidad de Investigación del diario La República, afirma que, durante el periodo de la derrocada presidenta Dina Boluarte, dirigieron directamente el país, pero no solo con esa administración. Advierte que seguirán en sus lugares en el próximo gobierno, aprovechando además la novedosa posibilidad de escalar al Senado.

Formalmente, esta coalición informal de partidos, que también ha demolido en gran medida las atribuciones del Poder Judicial, es una estructura de centro-derecha a extrema derecha que se autodenominó en su momento como el «Bloque Democrático». En realidad, las ideologías pesan, pero menos que el pragmatismo, en un estilo semejante pero más brutal incluso que el Centrão brasileño, que es la estructura parlamentaria que condiciona a los gobiernos de ese país a cambio de grandes cuotas de poder.

Varios politólogos coinciden con este diagnóstico. Los investigadores Alberto Vergara y Daniel Barrenechea califican este fenómeno como un “autoritarismo de coalición”, mientras que analistas constitucionales y jurídicos advierten que el país se encuentra sometido, de facto, a una “dictadura parlamentaria”, donde las leyes se instrumentalizan para blindar intereses particulares por encima del bien común.

Este entramado en el Perú ha sido protagonista de notorios escándalos, desplazando a la justicia para fulminar causas muy graves, como la primera de lavado de activos que afectaba a la líder de derecha Keiko Fujimori. Páez señala que en esos callejones quedó, también, sin investigación y abandonada, la causa por la muerte de al menos medio centenar de personas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, en Puno y Ayacucho, por la represión de las protestas en el gobierno de Boluarte. No hay un solo detenido y ya nadie hace preguntas.

El funcionamiento de este dispositivo es básico. Retienen la agenda política y el presupuesto del Estado a cambio de evitar una ofensiva para desplazar del poder al presidente de la República de turno. Sucedió con aquella mandataria, pero cuando ella cayó, continuó con su relevo, José Jerí. Son apenas ejemplos.

La dinámica la marca una estructura sumamente fragmentada pero con intereses compartidos. Son prebendarios del transfuguismo y de las divisiones internas de donde surge esta decena de minibancadas con asombrosas peculiaridades. Un participante importante es Fuerza Popular, del fujimorismo. También Perú Libre, el partido del expresidente golpista Pedro Castillo que orienta el controvertido Vladimir Cerrón, un autodefinido marxista de espalda tiesa y con educación en Cuba que, curiosamente, en el Congreso ha votado sistemáticamente alineado con el fujimorismo. En parte, esas dos fuerzas protagonizan el balotaje de este domingo entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, un hombre de Castillo, pero que denominó a su partido Juntos por el Perú para, según se afirma aquí, distanciarse de Cerrón.

Otro jugador importante de la organización parlamentaria es Alianza para el Progreso, que lidera César Acuña. Actual gobernador de La Libertad, está sospechado por el manejo dudoso de contratos millonarios de obras públicas o por el desvío de fondos destinados a la Universidad César Vallejo —de su propiedad—, los cuales acabaron beneficiándolo de forma personal o a su partido. Las otras fuerzas son los sellos de Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú y sectores de Acción Popular.

A todas estas bancadas se les cuestiona escudar o blindar a personajes investigados, cambiar leyes a favor de intereses particulares, como las contrarreformas en educación universitaria que beneficiaron a dueños de universidades (Acuña), o unirse para asegurar impunidad y cuotas de poder institucional. También han sido responsables del derribo de un presidente tras otro. Y aunque hay una violencia urbana creciente, con hampones que buscan cobrar “protección” a las empresas de transporte entre otras y ejecutan a directivos o choferes si no se les paga, este Congreso votó leyes que complican la persecución policial de esos delitos. Así son las cosas.

Respecto a la Justicia, este distópico grupo legislativo primero copó y luego se dedicó a elegir a magistrados afines en instituciones clave como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, e incluso a esmerilar la independencia de la Junta Nacional de Justicia. La modernidad de Perú dependerá de cómo se retrocede de ese marasmo institucional. Una gran incógnita.