Santiago Pérez Pons advirtió sobre la incertidumbre salarial tras el conflicto en el Ministerio de Producción y sostuvo que la iniciativa busca garantizar previsibilidad para los trabajadores públicos
La polémica generada por la eliminación del fondo estímulo en Producción, que provocó una fuerte reducción salarial para cientos de trabajadores estatales, impulsó la presentación de un proyecto de ley destinado a «blindar» los ingresos de los empleados públicos chaqueños.
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien explicó que el objetivo es impedir recortes salariales unilaterales y evitar que los trabajadores deban recurrir a la Justicia para recuperar conceptos que ya forman parte de sus haberes.
En declaraciones a Radio Facundo Quiroga, el legislador sostuvo que existe una creciente «falta de previsibilidad» en los salarios públicos y remarcó que el proyecto no implica un costo fiscal adicional para el Estado provincial.
«Venimos hace dos años y medio con una falta de previsibilidad frente a los salarios públicos. El 90% de los trabajadores estatales son docentes, médicos, enfermeros o policías, además de quienes cumplen funciones en distintas áreas de la administración», expresó.
Pérez Pons tomó como ejemplo el conflicto ocurrido en el Ministerio de Producción, donde ,según explicó, los trabajadores percibían desde hacía años un fondo estímulo y otros conceptos salariales que fueron eliminados de manera repentina.
«Había trabajadores que cobraban un salario de $1.5 millones y, de un mes a otro, pasaron a percibir $300 mil o $400 mil porque el Gobierno decidió eliminar unilateralmente el fondo estímulo», afirmó.
El legislador señaló que esa situación derivó en una presentación judicial impulsada junto a trabajadores del sector. «Más de 100 empleados firmaron el amparo y logramos un fallo favorable. La Justicia ordenó reincorporar el fondo estímulo y recomponer los meses adeudados», indicó.
Según explicó, el conflicto generó preocupación en otras áreas del Estado provincial, donde también existen bonificaciones, adicionales y conceptos remunerativos que podrían verse afectados por decisiones administrativas.
«Esto trajo muchísima incertidumbre en distintas dependencias, como Infraestructura, Gobierno, ATP, Salud o el Registro de la Propiedad. Muchos trabajadores comenzaron a temer que sus bonificaciones también pudieran ser recortadas», sostuvo.
«Ningún gobierno podrá quitar ingresos de un día para otro»
Pérez Pons explicó que el proyecto busca establecer garantías para que los conceptos salariales que los trabajadores vienen percibiendo de manera habitual no puedan ser eliminados sin discusión previa.
«Lo que buscamos es blindar esas bonificaciones. Que ningún gobierno pueda recortar ingresos de un día para otro y que cualquier modificación tenga que discutirse con los trabajadores», remarcó.
Asimismo, aclaró que la propuesta no obliga al Ejecutivo a otorgar aumentos salariales, sino que apunta a preservar derechos adquiridos y brindar previsibilidad.
«Este proyecto no determina aumentos. Lo que intenta es proteger al trabajador y darle tranquilidad de que lo que hoy figura en su recibo de sueldo lo va a seguir cobrando», señaló.
El diputado también vinculó la iniciativa con el principio de progresividad salarial, al sostener que los derechos laborales no pueden retroceder.
«La Justicia ya lo dijo en el caso docente: las políticas salariales deben tener progresividad. Eso significa que no se puede volver hacia atrás en derechos ya adquiridos», manifestó.
«Los trabajadores no deberían judicializar sus salarios»
Otro de los puntos que destacó el legislador fue el impacto económico y emocional que generan los conflictos salariales cuando los empleados deben acudir a la Justicia para reclamar ingresos que ya formaban parte de sus haberes.
«Trabajamos durante tres meses con más de 600 trabajadores en el amparo del Ministerio de Producción. Fueron meses de muchísima angustia y endeudamiento para las familias, hasta que finalmente la Justicia reconoció que tenían razón», afirmó.
En ese contexto, sostuvo que el proyecto busca evitar futuras judicializaciones y reducir el desgaste que generan esos procesos.
«No solamente les quitaron el salario, sino que además tuvieron que afrontar un proceso judicial para recuperar algo que cobraban desde hacía más de diez años», cuestionó.
Críticas a la política salarial del Gobierno
Durante la entrevista, Pérez Pons también cuestionó la política salarial de la gestión encabezada por el gobernador Leandro Zdero y consideró que existe una decisión política de ajuste sobre los trabajadores estatales.
«Hace dos años y medio escuchamos hablar de la ‘sábana corta’, de que no hay recursos y de que se recibió una provincia desordenada. Pero mientras tanto cada vez se recorta más y los salarios alcanzan menos», sostuvo.
En esa línea, recordó que al inicio de la gestión provincial se otorgó un incremento salarial importante a los docentes. «A los 20 días de asumir, el gobernador pudo pagar un aumento del 55% correspondiente a la cláusula gatillo docente. Hoy, después de dos años y medio, apenas se otorga un 3%», señaló.
Además, vinculó la política salarial provincial con las medidas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.
«Acá hay una decisión de política económica. El Presidente dijo hace meses que los aumentos salariales no debían superar el 1% mensual y eso es exactamente lo que ocurrió con los incrementos otorgados este año», afirmó.
El proyecto ingresará a la Legislatura
Finalmente, Pérez Pons confirmó que la iniciativa tomará estado parlamentario la próxima semana y será girada a comisión para su tratamiento legislativo.
«El próximo miércoles el proyecto ingresará formalmente a la Cámara y seguramente será tratado en la Comisión de Hacienda. Vamos a intentar persuadir al oficialismo porque esta ley no tiene costo fiscal y solamente brinda previsibilidad a los trabajadores», explicó.
Pérdida del «sentido común» en la política
En otra parte del diálogo el diputado provincial realizó una fuerte reflexión sobre el rol de la política y sostuvo que «se perdió el sentido común» en las discusiones públicas.
Durante una entrevista, Pérez Pons explicó que el debate no solo pasa por el proyecto en sí, sino también por la necesidad de defender mediante leyes derechos que deberían estar garantizados de manera natural. «Uno entra a trabajar a las siete de la mañana, cumple su horario, hace su tarea todos los días y a fin de mes tiene que cobrar su sueldo.Son cuestiones obvias», expresó el diputado, al tiempo que cuestionó que sea necesario avanzar con herramientas legislativas para asegurar algo tan elemental como el pago de salarios en tiempo y forma.
En esa línea, señaló que la política atraviesa una desconexión con las preocupaciones reales de la sociedad.
«La política ha perdido el sentido común. Y no solamente en estos dos últimos años, sino desde hace bastante tiempo. Hay discusiones que la sociedad ya tiene saldadas, pero que la dirigencia sigue poniendo en debate», afirmó.
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