Provinciales

Emilia Valle encabezó una reunión clave

La presidenta de Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA, y jueza del Superior Tribunal de Justicia, Emilia María Valle, encabezó una reunión de trabajo con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en el marco de una agenda institucional orientada al fortalecimiento del sistema judicial argentino.

Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete del Ministerio, Esteban Mahiques, además de Emiliano Méndez Ortiz y Martín Cardone, integrantes del equipo técnico y de colaboradores del organismo nacional.

La reunión se desarrolló con el objetivo de consolidar mecanismos de cooperación entre Nación y las provincias, en una etapa marcada por debates vinculados al acceso a justicia, la modernización judicial y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales en las distintas jurisdicciones del país.

La representación de JUFEJUS estuvo integrada además por el vicepresidente Fabián Vittar; los secretarios Adriana García Nieto y Santiago Otamendi; y los vicepresidentes regionales Germán Carlomagno y Eduardo Allende. También participaron las autoridades de los institutos especializados en capacitación y tecnología judicial, entre ellas María del Carmen Battaini, representante de REFLEJAR, y Mario Adaro, titular de IFITEJ.

Según se informó oficialmente, el encuentro fue calificado como “altamente productivo”, ya que permitió avanzar en una agenda de trabajo común entre el Ministerio de Justicia y las máximas autoridades judiciales provinciales. Durante la reunión se abordaron cuestiones estratégicas relacionadas con el acceso a justicia, los derechos humanos y la política criminal, ejes que actualmente concentran buena parte de las discusiones institucionales en el ámbito judicial argentino.

El intercambio también sirvió para ratificar la necesidad de profundizar instancias de articulación federal, en un contexto donde las provincias enfrentan desafíos estructurales que requieren respuestas coordinadas entre los distintos niveles del Estado.

ACUERDOS, DESAFÍOS Y COORDINACIÓN FEDERAL

Uno de los principales acuerdos alcanzados estuvo relacionado con el compromiso asumido por el Estado nacional para efectivizar la transferencia del porcentaje restante correspondiente al convenio del Bus Federal de Justicia, una herramienta considerada clave para la interoperabilidad entre los poderes judiciales del país.

Este sistema apunta a optimizar el intercambio de información y la coordinación operativa entre las distintas jurisdicciones, favoreciendo una gestión más ágil y eficiente de los procesos judiciales. Además, las partes coincidieron en la necesidad de reactivar el área de apoyo a las provincias, con el propósito de fortalecer las capacidades locales y mejorar la articulación federal en materia de administración de justicia.

Durante la reunión, las autoridades de JUFEJUS expusieron también las dificultades que enfrentan las jurisdicciones provinciales en la implementación del nuevo régimen penal juvenil, un proceso que demanda recursos técnicos, infraestructura y adecuaciones normativas específicas.

En paralelo, se analizaron las consecuencias derivadas de la desfederalización del narcomenudeo, problemática que ha incrementado la carga de trabajo de los sistemas judiciales provinciales y generado nuevos desafíos en términos de investigación, persecución penal y coordinación institucional.

Desde las provincias se advirtió que estas transformaciones requieren respuestas integrales y consensuadas entre Nación y los poderes judiciales locales para evitar desequilibrios en el funcionamiento del sistema.

El encuentro concluyó con una reafirmación del valor del diálogo institucional y de la cooperación federal como herramientas fundamentales para garantizar un servicio de justicia eficiente y respetuoso de los derechos de la ciudadanía.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de sostener una agenda de trabajo permanente que permita dar continuidad a los compromisos asumidos y atender las demandas emergentes de los distintos poderes judiciales provinciales.


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