Ser latino en EE.UU. no debería ser un delito
La ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal se ha convertido en una campaña de discriminación contra los latinos.
Tienen motivos para temer.
En la ofensiva antiinmigratoria del presidente Donald Trump, agentes federales han violado repetidamente las libertades civiles y humillado a personas.
Agentes enmascarados han roto ventanas de autos y sacado a conductores, dejando a niños sollozando en los asientos traseros.
En plena noche en Chicago, agentes con rifles irrumpieron en un edificio de departamentos, derribaron puertas y sacaron a la fuerza a personas de sus casas esposadas.
Decenas de los detenidos eran ciudadanos estadounidenses.
A nivel nacional, funcionarios de inmigración han detenido a más de 170 ciudadanos estadounidenses, incluyendo a 20 retenidos durante más de 24 horas sin poder hacer una llamada telefónica, informó ProPublica.
Cientos de personas han muerto en su intento de entrar en Estados Unidos tras la implementación de «Gatekeeper» .AFP PHOTO / HECTOR MATAEstas acciones están socavando la confianza pública, necesaria para la aplicación eficaz de las leyes de inmigración del país.
El comportamiento de los agentes federales está provocando una reacción violenta en muchas de las comunidades a las que Trump afirma estar intentando ayudar.
Si todo esto pretende transmitir una sensación de renovado orden público, no está funcionando.
Reacción
Como es habitual en Trump, identificó un problema real —la inmigración ilegal— pero respondió con una solución destructiva.
Durante décadas, Estados Unidos toleró un nivel de inmigración ilegal que fomentó una sensación de anarquía en la frontera y frustró a muchos estadounidenses, incluidos muchos latinos.
Las políticas porosas del gobierno de Biden empeoraron la situación, propiciando el mayor aumento migratorio en la historia de Estados Unidos, con la mayoría de los recién llegados sin permiso legal para entrar al país.
Trump prometió en su campaña revertir esas políticas, y tiene el mandato electoral para hacerlo.
En la frontera, ha logrado reducir las entradas ilegales a los niveles más bajos en décadas.
Sin embargo, no tiene el mandato de tratar a las personas con crueldad ni de infringir la ley él mismo.
Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueba su gestión del asunto.
El país no necesita elegir entre el caos del enfoque de Biden y el caos del enfoque de Trump.
La mejor solución sigue siendo una ley integral que asegure la frontera, disuada futuras entradas ilegales, amplíe la inmigración legal y proporcione una vía a la ciudadanía para los migrantes no autorizados que han forjado su vida en Estados Unidos y que, por lo demás, son miembros respetuosos de la ley.
A falta de eso —y el Congreso no muestra indicios de aprobar dicha ley—, Trump puede abordar la inmigración ilegal de maneras más humanas y eficaces.
Este país necesita hacer cumplir sus leyes sin aterrorizar a estadounidenses inocentes ni abandonar sus valores.
Problemas
De los muchos problemas con las políticas de inmigración de Trump, dos temas se destacan:
la brutalidad hacia los inmigrantes que están aquí ilegalmente y la injusticia hacia los ciudadanos y los inmigrantes legales.
Las personas que ingresaron ilegalmente a este país a menudo lo hicieron con gran riesgo, buscando una vida mejor en Estados Unidos.
Violaron la ley, sí, pero la respuesta debería ser proporcional a sus delitos.
Debería ser firme y humana.
En cambio, la administración Trump se ha deleitado con la dureza.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enmascarados y vestidos de civil, han derribado y atropellado a personas en las calles.
Las autoridades han realizado redadas en viviendas, destruyendo sus propiedades.
En un video, un agente federal le dijo a un grupo de latinos, incluyendo a un ciudadano estadounidense:
«No tienen ningún derecho aquí. Son un amigo, hermano».
Después de ese encuentro, un agente le dijo a otro, refiriéndose a los inmigrantes:
«Vamos a terminar disparándoles a algunos».
En otro video, un agente gritó «¡adiós!» a la preocupada esposa de un migrante detenido antes de empujarla contra una pared, haciéndola desplomarse.
Otros videos perturbadores han inundado las redes sociales.
Estas tácticas violan tanto la ley como la decencia humana.
Desde el punto de vista legal, recientes decisiones judiciales han enfatizado que las personas acusadas de estar aquí sin permiso tienen el derecho constitucional al debido proceso.
Este derecho nos beneficia a todos:
si el gobierno federal pudiera simplemente afirmar que alguien está en el país ilegalmente sin tener que demostrarlo, podría deportar a cualquiera con impunidad.
Desde el punto de vista humano, la gran mayoría de estos migrantes no han hecho nada peor que venir al país ilegalmente en busca de una vida mejor.
Los agentes federales deberían responder adecuadamente, no con la expectativa de que la violencia sea necesaria.
Enfoque
El segundo problema con el enfoque de Trump es que su alcance inevitablemente abarca a ciudadanos estadounidenses y otros residentes legales.
Las autoridades federales recurren a la discriminación racial en un país donde el 20% de la población es latina, la mayoría de los cuales son residentes legales o ciudadanos.
El gobierno puede hacerlo gracias a la aquiescencia del Congreso sobre el tema y a un fallo erróneo de la Corte Suprema emitido el mes pasado, que confirmó el uso de la discriminación racial en las redadas.
El uso de la discriminación racial en las fuerzas del orden debería ser una afrenta para todos los estadounidenses.
Los videos muestran que muchos agentes federales creen que la carga de la prueba recae en los latinos, quienes deben demostrar que están aquí legalmente, no en los funcionarios del gobierno que los acusan de un delito.
Durante una redada en California, los agentes sacaron a George Retes, ciudadano estadounidense que sirvió en Irak, de su automóvil y lo retuvieron durante tres días.
Retes afirmó tener una identificación oficial en su vehículo, pero los agentes no le permitieron mostrársela.
Un trato similar sufrió Javier Ramírez en California, Julio Noriega en Illinois y un veterano militar anónimo en Nueva Jersey, entre otros.
Los estadounidenses han respondido a estos problemas con protestas.
Como para demostrar el argumento de los manifestantes, los agentes federales han reaccionado con más abusos de poder, utilizando gas lacrimógeno y gas pimienta contra manifestantes pacíficos.
Incluso después de que un juez federal exigiera el fin de estas prácticas, estas han continuado.
Enmascarados
Las máscaras de los agentes federales agravan los problemas.
Los agentes con máscaras saben que, al ser anónimos, tienen más probabilidades de salirse con la suya en casos de violencia y abuso de poder.
Para la comunidad, las máscaras indican que al gobierno le importa más proteger la identidad de sus agentes que la rendición de cuentas democrática.
Crean la sensación de que el gobierno está enviando tropas de asalto sin rostro para aterrorizar a las familias.
A pesar de su agresividad, la represión ni siquiera ha sido eficaz para lidiar con los millones de personas que se encuentran en este país sin permiso legal.
El gobierno no está cumpliendo con sus propios estándares de deportación.
Va camino de deportar a menos personas que el gobierno de Obama en los últimos años.
El enfoque del gobierno de Obama era lógico.
Se centró en las personas recién llegadas y en quienes habían cometido delitos desde su llegada al país, y, por lo general, respetó el derecho de las personas al debido proceso.
No recurrió a agentes enmascarados ni a redadas violentas.
Lo que separa la democracia del autoritarismo, el estado de derecho de la anarquía y una sociedad decente de una indecente no es solo el objetivo, sino el proceso.
El gobierno puede, y debe, reducir la inmigración ilegal, pero debe hacerlo de una manera que defienda los ideales estadounidenses.
c.2025 The New York Times Company
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