Milei le quita $226.000 por mes a cada jubilado para financiar el superávit fiscal
La Cámara de Diputados sancionó esta semana un proyecto de ley que busca mejorar los haberes jubilatorios, pero el presidente Javier Milei ya anunció que vetará la iniciativa si llega a su escritorio. Esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo se produce en un contexto donde los datos técnicos revelan una realidad contundente: las jubilaciones serían considerablemente más altas si se hubiera mantenido la fórmula de actualización establecida en 2021.
Historia de dos fórmulas
En abril de 2024, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, el Gobierno nacional modificó la fórmula de movilidad jubilatoria que había sido aprobada durante la gestión de Alberto Fernández. El sistema anterior disponía aumentos trimestrales basados en el incremento combinado de los salarios y de la recaudación previsional de la ANSES, mientras que el nuevo mecanismo actualiza los haberes mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.
El cambio de fórmula se produjo en un momento crítico. Durante el primer trimestre de 2024, los jubilados experimentaron una situación «extremadamente adversa» debido a la inflación creciente de 2023, profundizada por la megadevaluación, el aumento del impuesto PAÍS y la desregulación de sectores económicos tras la asunción de Milei.
Los datos históricos muestran cómo las sucesivas reformas fueron aproximando el haber jubilatorio mínimo al umbral de la pobreza. Durante el gobierno de Mauricio Macri, los haberes oscilaban alrededor de los $400.000 mientras se registraban picos que llegaron hasta $587.000. Con Alberto Fernández se trató de mantener el haber mínimo alrededor de los $500.000, con diferencias a favor de los haberes del orden del 25% respecto a la línea de pobreza.
La situación se complicó hacia fines de 2022 cuando, por el incesante aumento de la inflación, el haber mínimo se derrumbó por debajo de la línea de pobreza. Se llegó así al pico durante la transición entre gobiernos, cuando el shock devaluatorio hizo que el umbral de pobreza trepara a $500.000, mientras el haber mínimo con bono se hundía por debajo de ese nivel.
Al asumir el gobierno de Milei, se argumentó que el problema era la fórmula y no la inflación, estableciendo que a partir de julio de 2024 las jubilaciones se actualizarían mensualmente según el último dato de inflación disponible. Sin embargo, esta decisión se tomó justo antes de que se produjeran las mejoras que la fórmula anterior habría generado con la desaceleración inflacionaria.
Los números que revelan la diferencia en las jubilaciones
Los análisis técnicos disponibles demuestran que la fórmula anterior hubiera resultado en jubilaciones significativamente superiores. En marzo de 2025, la jubilación mínima sin bono alcanzaría aproximadamente $356.962 con la fórmula de 2021, un 27,9% más alta que los $279.122 proyectados con el sistema actual.
Las diferencias se vuelven aún más dramáticas cuando se analiza el comportamiento mes a mes. En septiembre de 2024, la fórmula anterior habría generado un aumento del 32%, mientras que la vigente otorgó apenas un 13,4%. Para diciembre de 2024 y marzo de 2025, los aumentos habrían sido del 22,9% y 16,8% respectivamente, muy superiores al 10,7% y 7,5% efectivamente aplicados.
Proyectando hacia junio de 2025, las diferencias se tornan aún más significativas. El haber mínimo con la fórmula de 2021 llegaría a $530.000, contra los $304.000 del sistema actual: una diferencia de $226.000 que representa un 74% superior. Incluso considerando el bono de $70.000 que se mantiene congelado, el haber mínimo total sería de $374.000, aún $156.000 por debajo de lo que hubiera correspondido con la fórmula anterior.
La trampa del bono congelado
Uno de los aspectos más críticos del sistema actual es el congelamiento del bono en $70.000. Este complemento, que inicialmente servía para amortiguar las pérdidas de poder adquisitivo, se ha convertido en una trampa. Al mantenerse fijo mientras el resto de los precios se ajustan mensualmente por inflación, su valor real se licúa progresivamente.
En términos de pesos constantes a junio de 2025, el haber mínimo con bono pasará de $389.000 en junio de 2024 a $374.000 en junio de 2025, acercándose peligrosamente a la línea de pobreza establecida por el INDEC. Esta situación coloca a los jubilados que perciben la mínima en una posición cada vez más vulnerable.
Jubilaciones bajas: Miseria planificada
Parece paradójico que el gobierno de Milei establezca una formula que ancló las jubilaciones a la inflación para después realizar medidas que reduzcan el aumento de la inflación. Pero esto no fue casual, sino que forma parte del plan del gobierno que depende de pisar las jubilaciones para mostrar una baja en el gasto público.
Al anclar las jubilaciones exclusivamente a la inflación, el Ejecutivo sabía que cualquier éxito en la reducción de la inflación se traduciría automáticamente en menores aumentos jubilatorios. Esta mecánica permitiría reducir significativamente la incidencia del gasto previsional en el presupuesto nacional, un objetivo clave para alcanzar el proclamado déficit cero.
La evidencia de esta estrategia se encuentra en el timing del DNU 274/2024, dictado precisamente después de los dos meses con la mayor inflación en décadas (diciembre del 23 y enero del 2024) y justo antes de que la misma comenzara a desacelerar.
De haberse mantenido la fórmula anterior, los jubilados habrían sido beneficiarios de esa mejora macroeconómica a través de aumentos superiores derivados del mecanismo de recuperación automática que incluía el sistema de 2021 en base a los salarios y la recaudación. En cambio, el gobierno permitió que las jubilaciones sean afectadas por la inflación que provocó su mega devaluación e inmediatamente cortó con el DNU 274/2024 las posibilidades de recuperación que habrían permitido la formula anterior.
El impacto fiscal de esta decisión es considerable. Según estimaciones técnicas, el cambio de movilidad generó un ahorro de $3 billones en 2024, cifra que se proyecta alcance los $7 billones en marzo de 2025 y $14,3 billones en junio de 2025. El ahorro presupuestario total se estima entre $25 y $30 billones anuales, recursos que resultan fundamentales para sostener la política de superávit fiscal. En esencia, el equilibrio de las cuentas públicas se construye sobre la base de mantener a los jubilados en un piso de subsistencia.
Con el sistema actual, los jubilados enfrentan la consolidación de su poder adquisitivo en un piso histórico del cual difícilmente puedan recuperarse. La variable de ajuste se centra en la licuación del bono para quienes perciben la mínima, mientras que la actualización mensual por inflación, aunque evita los rezagos trimestrales, impide las recuperaciones que se producían cuando la inflación descendía.
La decisión de mantener o modificar el sistema vigente no es solo una cuestión técnica, sino una definición política sobre el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. Los números están sobre la mesa: las jubilaciones podrían ser significativamente más altas, y cada mes que pasa, esa brecha se amplía.
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