La tragedia del femicidio de Romina Ibarra reveló la crueldad del perpetrador y también las fallas estructurales del sistema judicial que aún no logra responder eficientemente a la violencia de género. El propio padre de Romina fue quien señaló a la justicia como los grandes responsables, ya que el atacante tenía múltiples denuncias, medidas de restricción y amenazas previas. La tragedia podría haberse evitado.
El testimonio del papá de Romina Ibarra, Raúl Ibarra
En una entrevista desgarradora, el padre de Romina, Raúl Ibarra, contó las fallas que la justicia cometió en el caso de su hija. Según su papá, Romina había vivido bajo la amenaza constante de su ex-pareja. «Este asesino tenía denuncias, muchas causas acumuladas, amenazas de muerte, violación de domicilio. Y la justicia lo dejó pasar», explicó Ibarra, visiblemente afectado, pero firme en su denuncia.
El agresor de Romina estuvo preso por 3 años y fue liberado sin que se tomaran medidas para garantizar la seguridad de la víctima. “La justicia se olvidó de que existía”, lamentó Ibarra. “La justicia también tiene conocimiento de que a mí también me hirió con un arma blanca en el año 2016, casi me morí en esa oportunidad, y la justicia nuevamente hizo caso omiso a lo que nos pasó”, agregó.
Según Ibarra, todos los signos estaban dados y la justicia ignoró todas las señales y precauciones que debían tomar con el atacante. Sólo que esta vez, al contrario del 2016, el agresor pudo usar un arma blanca para los ataques contra la víctima. “Este hombre siempre fue agresivo, siempre amenazaba a todos los integrantes de mi familia, por eso es raro que la justicia no haya tomado cartas en el asunto”, recordó el papá de Romina.
La falta de acción ante los signos de violencia
Lastimosamente, el caso de Romina no es un hecho aislado. La violencia de género y la desprotección de las víctimas ante el incumplimiento de las medidas cautelares son problemas recurrentes en la justicia. Romina fue atacada múltiples veces de varias maneras, porque el hostigamiento también es un ataque y no pasó nada con que el atacante violara las restricciones impuestas por un tribunal.
Romina y su familia ya habían denunciado previamente ataques y el peligro que corría, pero el agresor no cumplió ninguna órden ni hubo muchas consecuencias para él. Según el padre de Romina, las amenazas eran constantes, pero las autoridades no tomaron cartas en el asunto con la urgencia que se requería. Las medidas, en lugar de ser un resguardo para la víctima, parecían no tener valor ante la gravedad de la situación.
Finalmente, el atacante pudo más que la justicia. La expareja de Romina irrumpió en su casa y la apuñaló en varias ocasiones. A pesar de los esfuerzos de su papá por salvarla, Romina fue trasladada al hospital en estado crítico, pero falleció poco después de la cirugía. El agresor, tras el ataque, huyó del lugar, pero fue capturado poco después por la policía.
El sistema judicial y las víctimas
Mucho se habla de las estadísticas de femicidios, que si bien son terribles, van de la mano de la gran cantidad de perimetrales y cautelares que piden las mujeres día a día. Según un informe de la Corte Suprema, en el 2023, la Justicia argentina registró un femicidio cada 35 horas, teniendo 272 víctimas letales en todo el país. De las mismas, al menos 55 víctimas habían denunciado al sujeto activo.
El caso de Romina resalta la necesidad urgente de reformar las leyes y los procedimientos judiciales relacionados con la violencia de género. Las medidas cautelares, como las restricciones perimetrales, no están cumpliendo su función de proteger a las víctimas, y esto se refleja en el creciente número de femicidios que ocurren a pesar de la existencia de órdenes de alejamiento.
Entre leyes y proyectos
En respuesta a la creciente preocupación por la ineficacia de las restricciones perimetrales, se ha comenzado a debatir en el Congreso de la Nación la necesidad de modificar la legislación para hacer más efectivas estas medidas.
El diputado nacional Leandro Santoro presentó un proyecto de ley que propone sanciones más graves para quienes incumplan las órdenes de restricción impuestas por los tribunales. La iniciativa busca imponer penas más severas para quienes violen las medidas cautelares, con el objetivo de garantizar que se respete la integridad física y emocional de las víctimas.
El proyecto de ley también aborda la necesidad de revisar el Código Penal para asegurarse de que las medidas de protección sean realmente efectivas. Santoro ha señalado que el actual sistema no está funcionando y que es imperativo crear nuevas alternativas que puedan prevenir tragedias como la vivida por Romina Ibarra. El objetivo es que se cumplan las órdenes judiciales a cabalidad y que se brinde la protección que necesitan las mujeres víctimas de violencia.
¿Por qué la justicia dejó sola a Romina Ibarra?
El femicidio de Romina Ibarra es un triste recordatorio de la fragilidad de la justicia cuando se trata de proteger a las víctimas de violencia de género. La inacción de las autoridades y la falta de seguimiento a las denuncias de la víctima permitieron que el agresor continuara su camino hacia la tragedia, mientras Romina, su familia y la comunidad educativa quedaban a merced de un sistema judicial que no supo brindar la protección necesaria.
Es urgente que se implementen reformas en el sistema judicial para garantizar que las víctimas de violencia de género no queden desprotegidas. El sistema, que parece no tener herramientas suficientes para protegerlas, ha ignorado a muchas mujeres en Argentina, como Romina Ibarra, a pesar de que ellas pidieron ayuda.
Es hora de que la justicia no se quede atrás, sino que actúe con rapidez y eficacia para evitar más tragedias como la de Romina. Solo así se podrá asegurar que las mujeres no sigan siendo víctimas de un sistema que no les da la protección que merecen.
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