La Defensoría del Pueblo de Formosa exigió a la Secretaría de Energía que garantice el suministro eléctrico ante un verano crítico
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, liderada por el Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que la infraestructura nacional no garantiza el suministro eléctrico necesario para la temporada de verano, cuando las temperaturas extremas incrementan la demanda energética. Según el Ombudsman, la falta de inversiones sostenidas tanto del Estado Nacional como de las empresas privadas representa el mayor obstáculo en este sector, afectando directamente a hogares, comercios, pymes e industrias.
En el centro del debate se encuentra la postergación de la línea de alta tensión AMBA I, una obra esencial para reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Este proyecto, diseñado para mejorar la infraestructura energética, fue suspendido debido a la intención de la Secretaría de Energía de financiarlo mediante un cargo fijo en las facturas de los usuarios. Este esquema, que implicaba aumentos de entre el 3% y el 10%, generó rechazo generalizado, especialmente en las provincias del Norte Grande, que cuestionaron el beneficio exclusivo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde Formosa, se propuso que el financiamiento de la obra se cubra mediante fondos del Estado Nacional o créditos a largo plazo. Según Gialluca, «es inaceptable que los usuarios deban asumir los costos de una obra que todavía no existe y cuya responsabilidad recae en el gobierno». Además, criticó el modelo de «estampillado a la demanda», que pretendía distribuir el costo de la inversión entre todos los usuarios del suministro eléctrico del país, acumulando los fondos en un fideicomiso.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, garantizar medidas urgentes para evitar cortes masivos en el suministro eléctrico este verano. «La generación energética es un servicio público esencial que no puede quedar desatendido», enfatizó Gialluca.
Ante un panorama que amenaza con afectar la calidad de vida de millones de argentinos y el desarrollo de actividades productivas por la falta de suministro eléctrico, se reclama una planificación energética inclusiva y equitativa que priorice las necesidades de todas las regiones del país.
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