Emergencia en discapacidad: el sistema colapsa y el Gobierno niega aumentos

Desde hace meses, las personas con discapacidad y quienes trabajan con ellas vienen advirtiendo que el sistema está al borde del colapso. La falta de actualización de los aranceles, los recortes en pensiones y una auditoría masiva que genera más incertidumbre que respuestas son parte de un panorama que preocupa cada vez más. Mientras tanto, en el Congreso se discutió una ley de emergencia en discapacidad que busca frenar el deterioro. Pero el Gobierno de Javier Milei ya advirtió que va a vetar cualquier ley que se apruebe.

Prestaciones sin actualización y servicios que no se sostienen

Uno de los principales reclamos del sector es la falta de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas. Estos son los valores que el Estado paga a los prestadores (terapeutas, transportistas, escuelas, centros de día, hogares, etc.) por los servicios que brindan a personas con discapacidad.

Según el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el atraso en los aranceles supera el 70%. “No hay aumentos desde diciembre. Es inviable sostener los servicios así”, explicó Pablo Molero, coordinador del Foro. “La diferencia entre lo que cuesta una prestación y lo que se paga es abismal. Y mientras tanto, seguimos esperando una respuesta del Estado”.

El sistema de prestaciones está pensado para garantizar derechos básicos como la educación, la rehabilitación, el transporte o el acceso a un hogar para quienes lo necesitan. Para acceder, se necesita tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Las obras sociales deben cubrir estos servicios, pero cuando no hay cobertura, el Estado debe garantizar que esas personas no queden afuera.

Sin embargo, con este nivel de atraso, muchos centros están al límite. Algunos ya cerraron o dejaron de tomar nuevos pacientes. Otros trabajan a pérdida. “Esto no es nuevo, pero desde que asumió este Gobierno, la situación se volvió insostenible”, dicen desde distintas organizaciones.

Pensiones recortadas y en la mira

Otro eje del conflicto son las pensiones por invalidez. Son pensiones no contributivas, es decir, que no se exigen años de aportes para cobrarlas. Están destinadas a personas con discapacidad que no pueden trabajar o que lo hacen en condiciones de mucha vulnerabilidad.

En este tema el problema es doble. Por un lado, el Gobierno redujo la cantidad de pensiones otorgadas. En diciembre de 2023 había 1.222.554 personas cobrando esta pensión. En marzo de 2025, la cifra cayó a 1.187.136. Una baja del 2,8%. Por el otro, el valor real de esas pensiones también se redujo. Con los últimos datos oficiales, la caída del poder de compra desde diciembre fue del 12,9%. Hoy, una pensión por invalidez equivale al 70% de una jubilación mínima. Eso son $213.000, más un bono de $70.000 que también reciben los jubilados. En total, $283.000. Y encima se suman las demoras en los pagos.

Como si eso fuera poco, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, inició una auditoría masiva de las pensiones. El objetivo, según el Gobierno, es “verificar que se cumplan los requisitos”. Pero las organizaciones denuncian que el proceso está mal hecho, genera confusión, y en muchos casos está sirviendo más para recortar que para transparentar.

“Las evaluaciones no solo se están desarrollando en base a una norma inconstitucional, sino que las condiciones en las que se realizan obstaculizan el cumplimiento de las citaciones, la presentación de documentos y la posibilidad de defensa”, señalaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que presentó una denuncia ante la ONU.

Los números de la propia ANDIS lo confirman: de 22.339 personas citadas, sólo 8.150 asistieron. De ellas, 3.489 recibieron una evaluación desfavorable. Otras 2.004 pensiones fueron suspendidas directamente, mientras que 239 personas renunciaron y 146 ya habían fallecido.

“Es una política de desmantelamiento”

Las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad ya no saben qué hacer. Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente, advirtió que “hay miles de personas con discapacidad que están viendo en riesgo sus derechos más básicos: la salud, la educación, la inclusión, la rehabilitación. Es una política de destrucción del sistema”.

Desde el Foro aseguran que el Gobierno nacional está incumpliendo con las normas que sostienen el sistema y que, si no se revierte esta situación urgente, “los servicios seguirán colapsando uno a uno, dejando a miles de personas sin atención”. Mientras tanto, la oposición impulsa en el Congreso una Ley de Emergencia en Discapacidad. El proyecto, que ya está en tratamiento, propone:

• Regularizar los pagos atrasados y actualizar los aranceles mensualmente.
• Reformar el sistema de pensiones no contributivas, garantizando el financiamiento adecuado.
• Fortalecer la base de datos de ANDIS y mejorar las auditorías, con criterios claros y sin vulnerar derechos.
• Exigir rendición de cuentas y transparencia sobre el uso del presupuesto.
• Otorgar compensaciones económicas de emergencia a talleres protegidos y prestadores.

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el impacto fiscal del proyecto rondaría el 0,22% del PBI. Un gasto menor si se lo compara con los recursos que el Estado destinó, por ejemplo, al pago de intereses de deuda o los millones que le dio a la SIDE.

Represión en la autopista y un Congreso vallado

Pero la frutilla del postre fue el uso de las fuerzas armadas contra niños discapacitados. La Gendarmería Nacional bloqueó el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires de varias combis que transportaban a niños con discapacidad, familias y acompañantes terapéuticos que iban rumbo al Congreso.

Una de las caravanas, organizada por una institución del partido bonaerense de Moreno, fue interceptada en plena autopista. “Nos pidieron los papeles del transporte, las hojas de ruta, y cuando dijimos que íbamos al Congreso nos dijeron que no podíamos pasar”, relató Silvia, acompañante terapéutica. “Nos escoltaron como si fuéramos delincuentes”, denunció. Los pasajeros fueron obligados a descender y los vehículos fueron escoltados de regreso a su punto de origen. La situación provocó angustia entre los chicos. “Nos decían que la policía era mala. Fue muy duro contenerlos después de eso”, contó Silvia.

Pero esto no fue un hecho aislado. Organizaciones de discapacidad denunciaron que hubo controles en distintos accesos a la Ciudad para impedir la llegada de colectivos, autos particulares y combis que se dirigían al Congreso. Todo esto mientras duraba la sesión en la que se debatió la Ley de Emergencia en Discapacidad, la moratoria previsional, el aumento a jubilados y otros proyectos sociales.

En paralelo, miles de personas lograron llegar a la Plaza de los Dos Congresos. La movilización fue masiva y transversal: estudiantes, docentes, investigadores, sindicatos, organizaciones de discapacidad, colectivos feministas y jubilados marcharon juntos en defensa de sus derechos. La jornada coincidió con el décimo aniversario del primer #NiUnaMenos.

“La represión a las combis con chicos discapacitados es una muestra más del desprecio con el que este Gobierno trata a los sectores más vulnerables”, dijo una manifestante. Mientras tanto, el Ejecutivo ya avisó que, si se aprueba la ley, la va a vetar.

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